Argentina y Benetton: ¿quién usurpa a quién?

12 feb. CI.- El 7 de febrero 2019, inició el juicio que involucra a la multinacional italiana Benetton y el Pu Lof en Resistencia Cushamen, comunidad de Facundo Jones Huala, quien fue condenado a 9 años de cárcel en Chile bajo los cargos de ataque incendiario y porte ilegal de armas de fuego. Dicha condena tendría varias irregularidades, por lo cual la abogada defensora Karina Riquelme, busca que sea anulada.

Por Elena Rusca*. En el día de ayer y hoy se viene realizando el juicio que adelanta la jueza, Estefanía Carolina, quien resolverá los planteamientos de nulidad presentados por la defensa pública liderada por la abogada Sonia Ivanoff.

Durante esta primera audiencia, la fiscalía pidió un receso de tiempo con el fin de incorporar otras pruebas. Este pedido fue rechazado por la defensa.

¿Porque incorporar otras pruebas?

Según la defensa, la acusación de “usurpación, abigeato y tenencia de arma compartida” contra varios integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen carece de pruebas. Sin embargo, la empresa Benetton se obstina en seguir con dichas acusaciones, respaldadas por la provincia del Chubut y su procurador general, Jorge Luis Miquelarena, quien reimpulsó la denuncia a pesar que los fiscales Oscar Oro y Díaz Mayer retiraron los cargos, justamente, por falta de pruebas.

Comunidad Mapuche perseguida por el gigante italiano Benetton
Después del asesinato ocurrido en circunstancias extrañas de Santiago Maldonado y de la condena sin fundamentos concretos de Facundo Jones Huala, en Chile una vez más, la multinacional quiere mostrar su fuerza, que supera la de la justicia, llevando a cabo un juicio aunque no hay pruebas suficientes.

Durante este proceso, el defensor de la comunidad, Fernando Radziwilowski denunció ante la justicia federal unos informes de inteligencia que descubrió, los cuales fueron utilizados por un grupo de fiscales del Chubut para perseguir a Jones Huala.

Como si eso no fuera suficiente, fue descubierta la intención de extorsionar usando falsos testimonios contra Gonzalo Cabrera, quien habría estado amenazado a cambio de dar un falso testimonio en el cual acusara a Facundo Jones Huala. La misma Fiscal Federal, Silvina Ávila sería responsable de la tentativa de extorsión usando falsas declaraciones. Ella es considerada por las organizaciones mapuches como una de las principales cómplices del encubrimiento en el asesinato de Santiago Maldonado, el 1 de agosto de 2017.

 

De hecho, la misma comunidad denunció que este juicio comenzó mal desde el principio:

“el pasado miércoles 19 de diciembre del 2018, en la oficina judicial se realizó una audiencia ilegal, ya que no se notificó debidamente a la totalidad de nuestros abogados ni a ninguno de los imputados. Allí, se decidió la fecha y la jueza que llevará a cabo el juicio por “usurpación, abigeato agravado y tenencia compartida de arma de fuego”. El Estado de Chubut en conjunto con la compañía “tierras del sud”, propiedad del multimillonario magnate y mercenario Benetton quieren realizar un juicio contra de 7 comuneros Mapuche, incluido el Lonko Weichafe, Facundo Jones Huala, desde 7 al 28 de febrero con la Jueza Carina Paola Estefanía, sin ningún tipo de garantías procesales, ni siquiera de una defensa justa ya que nuestros abogados se dieron por enterados a último momento de esta situación imposibilitando así un trabajo en conjunto para abordar la defensa”.

Mientras se decide la suerte del Pu Lof Cushamen, Argentina exige la extradición de Huala para juzgarlo por este hecho, después de haberlo entregado al Estado chileno, a pesar las recomendaciones de la ONU de no hacerlo.

Por su parte, Facundo Jones Huala, empezó una huelga de hambre, hace ya más de una semana. Exige juicios justos, protocolos carcelarios de manera permanente, justicia para Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Camilo Catrillanca y la devolución del territorio ancestral Mapuche.

*Elena Rusca es periodista y fotógrafa. Corresponsal de Colombia Informa

CI ER/FC/12/02/2019/10:00