Laboral

Ventas Informales, entre la persecución laboral y el sustento cotidiano

12 mar. CI.-Vendedores informales en Bogotá son afectados diariamente por la persecución y la estigmatización en contra de la informalidad laboral. La malinterpretación del código de policía y las políticas distritales sobre el espacio público son las causas más frecuentes.

Desde el año pasado el centro de Bogotá ha sido escenario de operativos diarios por parte de la Policía y funcionarios de instituciones distritales para la “Recuperación del Espacio Público” en el marco de planes como “Candelaria Turística mejor para todos”. Los vendedores de esta zona de Bogotá se desplazan constantemente de sus lugares de trabajo por miedo a las represalias de las autoridades. La presencia policial que regula la venta informal callejera y persigue a los vendedores informales se volvió común ante los ojos de quienes transitan por la Carrera séptima o San Victorino.

Los operativos están acompañados de medidas ilegales que afectan y generan zozobra entre quienes trabajan informalmente en diversas zonas de Bogotá. Las denuncias más frecuentes hechas por vendedores son el pago de sobornos a la policía a cambio de no aplicar sanciones, lesionando gravemente el derecho al trabajo.

Los operativos -desde los más polémicos hasta los más cotidianos- hacen parte de una política distrital que impone los intereses privados sobre el uso del espacio público. Carmen Uribe, vendedora informal de Comidas Rápidas de la Localidad de los Mártires afirmó que los comparendos y el decomiso de los elementos de trabajo son los sucesos más frecuentes en los operativos.

Las sanciones previstas ante la regulación en la ocupación del espacio público establecidas en el numeral 6 del Artículo 140 del Nuevo Código de Policía prohíbe promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente, afectando directamente a quienes desempeñan su labor en negocios callejeros o de venta informal.

En la ciudad de Bogotá, los vendedores entienden que las políticas de control y manejo del espacio público por parte del Gobierno distrital de Enrique Peñalosa son similares a las manejadas en su periodo anterior como alcalde. Según Luz Mery Leal en sus 20 años de experiencia en ventas informales callejeras este tipo de acciones por parte de la policía reducen la confianza de los vendedores hasta el punto de verlos como sus adversarios directos; aunque muy bien saben que parte de la problemática ha sido responsabilidad de la alcaldía de Enrique Peñalosa.

La mal llamada “Recuperación del Espacio Público” busca crear una idea estética de limpieza del espacio a costa del atropello a los vendedores, desconociendo una Bogotá con 42% de informalidad laboral, ubicada entre las ciudades más desiguales del país.

El Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público -DADEP- y el Instituto Para La Economía Social -IPES-, dos de las instituciones distritales que suponen fomentar la formalización laboral y el emprendimiento, han creado condiciones indignas de trabajo para quienes llevan más de la mitad de su vida en la venta informal callejera. Este último instituto es el encargado de la creación de Quioscos -puestos de venta adecuados en espacios públicos- que deberían tener como función iniciar la formalización laboral o la adecuación de los vendedores en espacios dignos. Por el contrario, fomenta la competencia por medio del sorteo y las políticas de exclusión laboral.

La alternativa que la alcaldía de Bogotá brinda -por medio del IPES- no es suficiente porque uno de sus métodos de formalización laboral ofrecido a los vendedores, entre ellos los más jóvenes, es el trabajo en sector privado: como las empresas de vigilancia y seguridad.

Según los vendedores que trabajan sobre la carrera séptima lo que fomenta la informalidad laboral es: el desempleo, la edad y los bajos salarios. Estas causas son el motor de la alta cantidad de ventas callejeras que brindan el sustento de familias enteras. Además, la formalización del trabajo para muchos no es la solución porque aumenta gastos y reduce ganancias.

La formalidad no es garantía de trabajo digno. Según la reglamentación en los módulos de venta (quioscos) dispuestos por el IPES estos también están sujetos al código de polícia. Don Nectali es uno de los vendedores de centro histórico de Bogotá y no cree que la formalización sea una opción pues se considera trabajador independiente al ser quien paga su salud, la educación de sus hijos y se sustenta en las ventas diarias de algodón de azúcar para tener una estabilidad económica.

Desde la posesión de Enrique Peñalosa en el 2016, el desplazamiento del espacio de trabajo de los vendedores informales aumentaron notablemente. En enero del 2016 se dio el primer desplazamiento de los vendedores de la calle 72. Posteriormente se realizaron operativos en la Localidad de Suba y El cerro de Monserrate, además de arremetidas en el sector de Corabastos y en las últimas semanas en el sector de Dindalito en la Localidad de Kennedy. La inseguridad y la invasión fueron las excusas de la Alcaldía de Enrique Peñalosa para destruir las casetas ubicadas a un costado de la Avenida Ciudad de Cali.

CI CP/SL/12/03/18/

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