01 feb. CI.- Tras conocer en carne propia los métodos de limpieza y orden que utilizará Peñalosa en Bogotá, más de 100 vendedores ambulantes realizaron este lunes una movilización desde la Calle 72 hasta la Plaza de Bolívar, frente a la Alcaldía, para rechazar la violación de su derecho al trabajo.

La semana anterior se realizaron numerosos operativos policiales, encabezados por el nuevo Grupo Especial de Espacio Público de la Policía Metropolitana, creado para «supervisar la limpieza de paredes, postes y calles», cuerpo que desalojará a cientos de personas vendedoras ambulantes ubicadas a lo largo de la Carrera Séptima, la Carrera 15 y la Calle 72 en Bogotá. Así, el reclamo de los bogotanos de “recuperar el espacio público” encuentra la respuesta, desde la Alcaldía, con el garrote policial en contra de la población más vulnerable.

Informalidad laboral

En Colombia, según el último informe de “Medición del empleo informal y seguridad social” realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el trimestre final de 2015, se determinó la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en un 47,7%. En 23 ciudades y áreas metropolitanas, el índice fue de 48,8%.

En Bogotá, según el DANE, existen 1846 personas ocupadas informalmente. El conjunto de responsabilidades institucionales, plasmadas en el decreto 098 de 2004, establece un «ordenamiento territorial del espacio público» y señala que el Estado debe responder a la necesidad de encontrar trabajos alternativos a la informalidad de las personas vendedoras ambulantes en la capital colombiana. Sin embargo, dichos programas no se han llevado a cabo por lo que estas personas continúan en la calle.

Los reclamos

Félix Palacios, representante de los vendedores ambulantes explicó: “Nosotros pedimos que nos dejen trabajar, que le den cumplimiento a los fallos de las altas Cortes, a las Sentencias de la Corte Constitucional donde ordenan que antes de desalojar vendedores ambulantes debe haber soluciones”.

Añadió que “El Instituto Para la Economía Social -IPES- está presentando más de 250 ofertas laborales que no son convenientes. Ofrecen unos locales en las plazas de mercado, históricamente desocupados porque quienes inicialmente los ocuparon no lograron una calidad de vida que les permitiera no regresar a la calle. Nos ofrecen Módulos y Quioscos que no superan los 15 puestos y serán adjudicados por sorteo para responder a más de tres mil vendedores ambulantes inscritos”.

Palacios comentó también que la semana pasada se instaló una Mesa de Concertación en la Alcaldía Local de Chapinero, a la que los vendedores asistieron pero, al día de hoy, no han ubicado a ninguno en los puntos de trabajo ofrecidos. Los operativos de desalojo continúan y se estima que más de 250 familias padecen esta situación, solamente en la Calle 72.

Sin negar las dinámicas mafiosas que existen entre la informalidad laboral, actualmente el trabajo ambulante garantiza la generación de ingresos para miles de personas que se encuentran desempleadas en Bogotá y en Colombia. El trabajo digno para la población colombiana hace parte de sus derechos fundamentales y responde al reclamo de un mínimo vital, de esta manera pasa no sólo como un derecho consagrado en la Constitución Política sino como una necesidad real que Enrique Peñalosa parece ignorar.

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