Salud

Universidades privadas atentan contra mejoras en las Residencias Médicas

10 ago. CI.- El Proyecto de Ley 272 del 2017, por medio del cual se reglamentan las residencias médicas, fue aprobado en Segundo Debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 15 de junio. Sin embargo, las agremiaciones médicas denuncian el intento de hundir su siguiente discusión mediante un lobby de las universidades privadas.

Este Proyecto de Ley superó el primer ciclo en la Cámara de Representantes pero la composición de la Comisión Séptima del Senado podría ser un escollo para la aprobación de la ley en el escenario de campaña y alianzas políticas por las venideras elecciones presidenciales.

La Comisión Séptima está integrada por: dos miembros del Partido de la U; dos del Partido Conservador; tres del Liberal; un solo representante de Opción Ciudadana, Alianza Verde, MAIS y el Polo Democrático; y por el Centro Democrático que presenta tres honorables entre los que destaca el expresidente Álvaro Uribe Vélez (promotor de la Ley 100 de 1993 que es una de las causas de la actual crisis sanitaria y de los problemas de la formación de los residentes).

Según denuncia la Asociación Nacional de Internos y Residentes -ANIR-, es en esa Comisión donde se presentaría el primer tropiezo pues las universidades privadas han pedido declarar no viable el Proyecto de Ley. Dichas instituciones argumentan que “sin los dineros de las matrículas ellos no pueden sostener los programas de posgrados”. Los colegios de medicina no solicitaron más recursos para los hospitales ni para la educación, sino que -haciendo uso de la autonomía universitaria- trasladaron el déficit presupuestal a los residentes mediante el trabajo impago y el endeudamiento de las familias.

Es por esto que los planteamientos de la iniciativa 272 llegan a ser álgidos para las universidades, las Instituciones Prestadoras de Salud -IPS- y las Entidades Promotoras de Salud -EPS-. Con ellos se establecen condiciones diferentes en la vinculación laboral de los residentes médicos en Colombia.

En teoría, a través del Proyecto (si se convierte en Ley) se deberían garantizar derechos que han sido desconocidos como la remuneración y beneficios de prestaciones de salud de los especialistas en formación; así como cubrir el riesgo profesional, sistema pensional y las vacaciones. Además, se regularía la jornada laboral en la que el horario no podrá superar las 12 horas por turno y se eliminaría el cobro de las matrículas de las especializaciones clínicas.

Dentro de la llamada figura democrática que posibilita la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso de la República se encuentran varios obstáculos que tiene que superar la norma que pretende crear el Fondo Nacional de Residencias Médicas y reglamentar el Sistema de Residencias Médicas.

Primeramente, esta debe ser debe ser presentada y radicada en las corporaciones Senado de la República y Cámara de Representantes. Luego debe ser discutida en una de las dos instancias para realizar los ajustes que considere la Comisión Constitucional encargada con un ponente para su posterior aprobación en un segundo debate en plenaria. El texto resultante debe ser trasladado a la otra corporación, donde se repite el proceso de doble debate y evaluación de su viabilidad.

Solo después es que se obtiene un documento final que debe ser conciliado con el resultante de la primera plenaria por una Comisión Accidental. Todo el proceso culmina con la sanción presidencial que evalúa la constitucionalidad y la conveniencia de la propuesta para el país.

Pero el Proyecto de Ley 272 parece que tendrá más escollos en su camino: según el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el presupuesto de la nación para 2018 presenta una disminución. En cambio, es destacable el aumento en el presupuesto general de la nación para la defensa y policía que supera a otros sectores como la educación, ciencia y tecnología, deporte y cultura.

La inversión en salud y protección social bajó de 524 a 521 mil millones y la educación de 3300 a 2362 mil millones. Hacienda destacó que “el gasto público deberá potenciarse con la participación del sector privado en la provisión de bienes y servicios públicos que, como en años anteriores, será el responsable de jalonar la actividad económica del país”. Lo anterior, se traduce en menos posibilidad de recursos para salud y educación médica así como en el fortalecimiento de la posición de las universidades privadas frente al Proyecto de Ley.

CI JV/PC/10/08/17/18:24

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