28 mar CI.- Trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores, Enfermos y Discapacitados del Sector Minero -Sintradem- denunció esta semana que en medio de la crisis internacional por la pandemia Covid-19, la multinacional Drummond está obligando a los trabajadores a acudir a sus puestos de trabajo, exponiéndolos a riesgos innecesarios y eventualmente mortales.

La crisis mundial Covid-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud -OMS- ya suma 468.334 personas infectadas en 191 países, y 29.879 muertes -según Ministerio de Salud de Colombia-. En Colombia hasta el momento hay 539 casos confirmados y 6 muertes, según el último reporte publicado este 28 de marzo.

La multinacional Drummond, ha sido demandada en varias ocasiones por recibir apoyo de grupos paramilitares, y en el año 2013 se conocieron unas fotografías en las cuales la empresa había realizado el vertimiento de cientos de toneladas de carbón al mar de Santa Marta.

El día 22 de marzo trabajadores de la Drummond denunciaron desde el municipio de Becerril, (Cesar), que la empresa no ha tomado las medidas necesarias para asegurar la salud de sus trabajadores, por el contrario los han obligado a ir a sus puestos de trabajo.
“En esta pandemia a nivel mundial las y los trabajadores deben estar en casa, ésta situación no es culpa de la clase trabajadora y en la empresa no estamos preparados” aseguró José Cabrera, trabajador de la multinacional que se dedica a la extracción de carbón en Colombia.

José Miguel Linares, presidente de Drummond Colombia, manifestó vía Twitter que “En el caso del carbón, es nuestra responsabilidad garantizar que este producto esté disponible para la generación de energía eléctrica en más de 24 países”.

Por esta razón, el Senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo -PDA- manifestó su preocupación e invitó al Gobierno Nacional a que “priorice el bienestar de la gente por encima de las finanzas privadas y utilidades de grandes empresas”.

El Senador manifestó que se deben “tomar decisiones que brinden tranquilidad a las millones de familias de trabajadoras y trabajadores formales e informales, presionando a las empresas a que se respeten los derechos laborales y se asegure su bienestar para evitar la propagación del virus entre las comunidades”.

Respuesta del Gobierno

El Presidente Iván Duque declaró desde el Puesto de Mando Unificado, el pasado 12 de marzo, la emergencia Sanitaria que impulsa restricciones a la movilidad, concentración de personas y por ende la cancelación de importantes eventos en el país. Así, el Gobierno nacional, para afrontar la crisis sanitaria, ha emitido una serie de decretos que le permiten tomar de decisiones para contener el avance del Covid-19.

Uno de éstos fue el decreto 457, el cual sancionó la cuarentena total en todo el país, que durará hasta el 13 de abril de este año. Adicional a esto, en la noche del 22 de marzo se expidió el decreto 444 con el fin de crear el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME-, que ya desató polémica debido a que dicho decreto, en el numeral 3 contempla: “efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a través de transferencia temporal de valores, depósitos a plazo, entre otras”.

El Ministerio del Trabajo, por su parte, emitió la resolución 803 mediante la cual otorga “poder preferente” -que las decisiones sobre situaciones laborales serán tomadas desde el nivel central y no desde los inspectores regionales- generando alerta en el conjunto de trabajadoras y trabajadores del país por abrirse la puerta para medidas en materia laboral que atentarían contra la estabilidad de millones de familias.

Ante la inminente propagación masiva en nuestro país, con un sistema de salud precario, es necesario el llamado a respetar la cuarentena por parte de la población y las empresas, buscar alternativas para asegurar el bienestar de las y los trabajadores, velando por el bienestar de sus familias.

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