23 jul CI.- El pasado 11 de julio un Tribunal de Sentencia en Paraguay condenó entre cuatro y treinta años a once campesinos y campesinas, prisioneras desde el año 2012, acusadas de homicidio doloso agravado, asociación criminal e invasión de inmueble, por su participación en la ocupación del predio conocido como Marina Kue que desembocó en la ‘Masacre de Curuguaty’ el 15 de junio de 2012. *Por Juliana Guerra, Foto:Cigarrapy

Tanto el proceso judicial como la sentencia han sido enérgicamente rechazados por la sociedad que, durante más de cuatro años, ha acompañado a la población campesina sobreviviente y a las familias de las personas detenidas. Exigen poner en claro los hechos que sucedieron en junio de 2012 y justicia para todas las víctimas, por ejemplo, bajo las consignas #AbsolucionYa, y luego #NulidadYa.

Igualdad ante la justicia

El pueblo paraguayo reclama que el juicio sea anulado para que se ordene la libertad e inocencia del campesinado, debido al conjunto de irregularidades del proceso jurídico que no permiten establecer la relación de causalidad entre las muertes y los presuntos culpables. Relaciones personales y de interés entre fiscales, terratenientes y Gobierno; procedimientos para ocultar pruebas (videos oficiales) y falta de investigaciones, hacen parte de los impedimentos.

Aunque el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- se ha manifestado respecto a todas las irregularidades en el proceso, la sentencia dictó condenas entre 4 y 30 años para los acusados. Una muestra que, según el pueblo paraguayo, evidencia la inexistencia de un sistema de justicia sólido y eficaz. Así pues, no es extraño que todo el proceso se ha concentrado sobre la muerte de seis policías que participaron del operativo de desalojo y nada acerca de la muerte de once campesinos, siete de los cuales, al parecer, asesinados extrajudicialmente.

Días después de los hechos fueron detenidas once personas que hasta el día de hoy se encuentran privadas de la libertad, sin ninguna prueba contundente en su contra. Además, el 1 de diciembre del mismo año, Vidal Vega, dirigente campesino y presidente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la masacre de Curuguaty, y uno de los principales testigos a favor de los campesinos de Marina Kue, fue asesinado por sicarios en la entrada de su casa. Su muerte no ha sido investigada.

Marina Kue para quien la cuida

El predio conocido como Marina Kue, distrito de Curuguaty, Paraguay, desde el año 1967 fue propiedad del Estado y cerca de treinta años se utilizó por la Armada Nacional. En el marco legal y social de una reforma agraria, el predio se encontraba abandonado desde 1999 así que en el año 2004 el campesinado radicó la primera demanda para ser reconocidos y poseer el predio.

La empresa Campos Morombí, propiedad del cuestionado empresario Blas M. Riquelme, reaccionó y demandó su derecho como propietario de Marina Kue por haberla explotado durante 34 años ya que junto al predio tiene un terreno que ha venido encordando durante años.

Desde 2004 se adelanta un proceso judicial que niega el derecho de propiedad de Marina Kue a la empresa Campos Morombí, por tratarse de predios estatales y, necesariamente, destinados para dar tierra al campesinado; pero no ha existido una respuesta contundentes desde el Estado y tampoco se ha adelantado el proceso de legalización de la propiedad en favor de los campesinos, quienes en repetidas ocasiones debieron utilizar las vías de hecho para hacer valer sus derechos.

La corriente masacre campesina

El 15 de junio de 2012, luego de varias semanas de ocupación de un grupo de sesenta personas campesinas sin tierra, hombres, mujeres y niños, la Policía inició un operativo de desalojo bajo la figura legal de allanamiento; murieron seis policías y once campesinos. Este hecho fue uno de los motivos que impulsó el golpe parlamentario y la posterior destitución del entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo.

En el operativo participaron más de trescientos policías armados, quienes se enfrentaron contra cerca de sesenta campesinos y campesinas, en un caso de represión y desalojo de tierras que poco o mucho tendría de extraordinario. En palabras de Juan Ernesto Villamayor, uno de los abogados defensores, “lo lamentable de este caso no es lo que está ocurriendo en este caso particular, lo lamentable es lo que ocurre en los otros casos que no han merecido nunca que venga un camarógrafo a preguntar de qué se trata; y son el 99%, que son exactamente iguales”.

El proceso desde las cárceles

La violencia estatal contra los campesinos sin tierra es una constante en la historia de Paraguay, pero esta vez la muerte de algunos miembros de la policía motivó un juicio político al entonces presidente Fernando Lugo y la reafirmación de que la justicia no es para el pueblo.

A comienzos de 2013 los presos políticos Néstor Castro y Rubén Villalba realizaron una huelga de hambre durante 58 días, para exigir entre otros puntos: la prisión domiciliaria para Dolores López y Fanny Olmedo, también acusadas en el Caso Curuguaty, quienes se encontraban en estado de embarazo.

A partir del 14 de febrero de 2014, Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana y Néstor Castro, comenzaron otra huelga de hambre para exigir su prisión domiciliaria; ésta fue otorgada, luego de la apelación por parte de la defensa a mediados de abril del mismo año, cuando los detenidos se encontraban en el Hospital Militar debido a su delicado estado de salud.

La lucha por la vida, la justicia y la tierra en Paraguay sigue.

El 18 de julio se dio lectura a la sentencia completa emitida ocho días antes por la Fiscalía. Los once presos políticos por el Caso Curuguaty fueron declarados culpables: Alcides Ramírez, Juan Tilleria, Adalberto Castro y Felipe Benítez fueron condenadas a cuatro años de prisión, los cuales ya se habían cumplido al momento de la sentencia; Dolores López, Fany Olmedo y Lucía Agüero fueron condenadas a seis años de prisión y terminarán la sentencia en prisión domiciliaria; Arnaldo Quintana y Néstor Castro fueron condenados a dieciocho años de prisión, Luis Olmedo a veinte años y Rubén Villalba a treinta años, más cinco años de medidas de seguridad.

A ninguno de los condenados se les comprobó participación alguna en la muerte de los seis policías. En contraste, las pruebas centrales en la investigación son los testimonios de otros miembros del cuerpo policial.

Por otra parte, la justicia no ha declarado el carácter público del terreno de Marina Kue. Esto determinaría la ilegalidad o no del desalojo adelantado en 2012, el cual se realizó por demanda de la empresa Campos Morombí, alegando que había invasión a un inmueble de su propiedad.

Mientras tanto, los movimientos sociales en Paraguay han declarado que seguirán luchando por la libertad de todos los presos políticos en este caso, por el esclarecimiento de los hechos y por su justo acceso a la tierra. En palabras de un miembro de la Articulación por Curuguaty: “En un sistema de injusticia como el que opera en Paraguay, el hecho de que siete de los once procesados esté hoy en su casa es producto de la presión social por parte de los movimientos sociales, una lucha que seguirá hacia delante”.

Conozca el informe de derechos humanos sobre el Caso Curuguaty

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*Juliana Guerra es colaboradora de Colombia Informa en Bogotá

CI JG/JA/23/07/16/15:00

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