1 jun. CI.- Tras un primer informe presentado en el mes de marzo el Comité Local de la Sociedad Civil del municipio de Tierralta , que acompaña al Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación -MMV- en la implementación de los Acuerdos entre las FARC y el Gobierno en el Punto Transitorio de Normalización -PTN- de Gallo, destacó en el segundo informe el proceso de dejación de armas de las FARC como irreversible, pero reclamó la respuesta eficaz del Gobierno ante la presencia paramilitar en la región evidenciada en los desplazamientos forzados y las amenazas a la población civil.
La llegada de los contenedores de la ONU el pasado 28 de abril significó para la sociedad civil de la región que las FARC no tienen dudas para desarmarse. Sin embargo a los habitantes de la región les preocupa que en la infraestructura del PTN de Gallo, donde 110 mujeres y hombres transitan a la vida civil, “aún está pendiente: Zona de esparcimiento, cocinas, comedor, área de administración; área de recepción; infraestructura y dotación para enfermería; áreas deportivas”. El suministro de agua, incluso, aún no está resuelto para necesidades básicas de la insurgencia.
Continúan las irregularidades
Según el Comité Local, las personas encargadas de las obras del PTN de Gallo insisten en desconocer la participación y la autoridad de la comunidad representada en la Junta de Acción Comunal -JAC-, y esto significa situaciones que “consienten y benefician las contrataciones particulares”. Cooperativas comunitarias han expresado su deseo de trabajar en el manejo y transporte de basuras en el PTN, así como en la alimentación de la sede del MMV, pero entre los responsables logísticos y la comunidad no existe la confianza necesaria para generar el tejido comunitario suficiente para la implementación de estos acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno.
Abuso de autoridad
Son varios los impactos negativos que los militares del Ejército protagonizan. En el informe el uso del agua, como bien común, se ha visto afectado desde el mes de marzo ya que “unos 30 militares se asentaron junto a la futura sede del MMV, a unos 300 metros del PTN, e instalaron una manguera de tres pulgadas que provocó la falta del suministro a por lo menos tres familias y a la escuela”. Ahora que escasean las lluvias la preocupación de la comunidad es mayor. Este conflicto con los militares todavía no se ha resuelto pues el Ejército le pidió a la JAC construir una bocatoma.
Paramilitarismo
La presencia de las instituciones del Estado está enfocada en la vereda Gallo, pero los territorios aledaños están abandonados y viven bajo el control del paramilitarismo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-. Así pues, el Comité Local solicita por parte del Estado Colombiano “contrarrestar este flagelo que sin duda alguna pone en riesgo la implementación de los acuerdos en su integralidad”. El reclamo se acompañó de la denuncia que narra cómo dos familias habitantes del corregimiento de Saiza arribaron a la vereda Gallo el 22 de abril, desplazadas por presión y amenazas de paramilitares.
Este Comité Local ubicado en el departamento de Córdoba, que garantiza la veeduría ciudadana al cese al fuego y de hostilidades bilateral, el proceso de dejación de armas y la implementación del Acuerdo Final entre Gobierno y FARC, acompaña con dificultades a mujeres y hombres integrantes del Frente 58 de las FARC, a miembros de instituciones del Gobierno como militares, y a los delegados de la ONU que se encuentran en la vereda de Gallo. Leer sus denuncias y recomendaciones es fundamental ya que representa la garantía de cómo la sociedad civil, víctima del conflicto armado, está dispuesta para construir la paz.
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