Laboral

A sus 40 años, el Hospital Federico Lleras de Ibagué se resiste a morir

El pasado lunes, las directivas del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué despidieron masivamente a 990 empleados temporales quienes representan el 85% de los trabajadores, así mismo desde el 15 de agosto se dio cierre al servicio de urgencias y también la sala de partos. La situación es tan grave que por primera vez desde que entró en vigencia la Ley 100 el Ministerio de Salud decidió intervenir y hacerse cargo de las riendas de un hospital, éste proceso inició el jueves 4 de septiembre por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

La crisis llegó al Hospital Federico Lleras Acosta, el más grande del departamento del Tolima, único centro de salud de la región que presta servicios de tercer y cuarto nivel. “Cuenta con dos sedes, La Francia y El Limonar, así como la infraestructura y el equipamiento necesario para atender la población tolimense y de departamentos vecinos. La corrupción, el clientelismo y las malas administraciones han llevado al borde de la liquidación al Federico Lleras, siendo intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud luego de que la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social y Servicios Complementarios de Colombia (Anthoc) seccional Tolima denunciara las irregularidades cometidas por la administración de Raúl Reyes”, afirmó Nelcy Gómez presidenta de Anthoc. 

Esta situación de crisis afecta sobre todo a los sectores populares quienes tienen que recurrir a este centro clínico, también ha obligado el traslado de muchos pacientes a diferentes centros de salud ubicados en otros departamentos del país porque ninguna institución privada en el Tolima tiene el número de camas que maneja este hospital, indicó Gómez.

Según el señor Osorio Jiménez, el colapso se debe a “la profunda crisis financiera generada por las cuantiosas deudas de las distintas EPS, tanto del régimen subsidiado como contributivo, que tienen al borde del cierre definitivo a la principal institución hospitalaria del Tolima, ya que no hay especialistas, insumos, ni medicamentos para atender de manera integral a los usuarios y pacientes, mientras el Gobierno Departamental y Nacional solo se dedican a dar paliativos, antes que brindar soluciones estructurales a la crisis hospitalaria.”

La presidenta de Anthoc aseguró que “a esto se le suma las deudas pendientes por las EPS a las que se les ha prestado servicios, que ascienden a $96.000 millones de pesos, de esta cifra, ya $44.000 millones han sido conciliados y los restantes $52.000 millones están en verificación o disputa. Además el hospital se ha convertido en un botín politiquero, lo que genera más perdidas económicas que alimentan la cuota burocrática. Las áreas de mantenimiento, farmacia y almacén también generan un desgaste económico, por lo que el sindicato de Anthoc solicitó a los administrativos la revisión a estos manejos, pero ellos se negaron a dicha solicitud.”

Durante los últimos 5 años Anthoc ha denunciado estas anomalías a los diferentes órganos de control, así como entidades departamentales y nacionales. Nelcy Gómez expresó “en desarrollo de las acciones de defensa de las entidades, los recursos públicos, la función administrativa, y la moralidad pública, los trabajadores de la salud del Hospital Federico Lleras Acosta vienen adelantando un cese de actividades para impedir la liquidación del más importante centro hospitalario del Tolima.” A pesar del paro, los trabajadores reactivaron y siguen prestando los servicios de urgencias, hospitalización, cirugías de urgencias y sala de partos.

Laura Fonseca, integrante de la Red Proyecto Sur manifestó que “gracias a la lucha del sindicato y del pueblo tolimense el Gobierno Nacional, finalmente decidió intervenir administrativamente el Hospital Federico Lleras, retirando al gerente José Raúl Reyes, quien a pesar de las irregularidades en la hoja de vida que presentó para asumir el cargo, se mantenía a la cabeza del hospital. Esta medida de la Superintendencia Nacional de Salud le quita la autonomía al gerente y al gobierno departamental sobre el manejo del hospital y sus recursos, retirando a todos los administrativos y reemplazándolos por personas escogidas por la Superintendencia.”

“Ahora la lucha continua más que nunca, pues históricamente cuando la Superintendencia Nacional interviene una entidad es para su liquidación, esperamos que en este caso se cumpla lo que dice los parámetros de la resolución que busca es salvaguardarlo y no liquidarlo” afirmó Nelcy Gómez.

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