Conflicto y Paz

Sobre la tragedia de Magüí Payán

12 dic. CI.- Una tragedia. Así deben nombrarse los sucesos ocurridos en la tarde del 27 de noviembre pasado en el Andén del Pacífico. Más específicamente en el territorio colectivo étnico que comprende las veredas Pueblo Nuevo y Juanchito, del Municipio Magüí Payán, Departamento Nariño. La cuenta oficial suma 13 muertos, varios heridos y muchísimas personas desplazadas y confinadas. Pero las versiones de los hechos aún no narran un cuento claro.

Colombia Informa pudo llegar hasta Magüí Payán, la cabecera municipal, acompañando a una Misión de Verificación organizada por la Red de Veeduría Social al Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno.

Esta Misión, por cuestiones de seguridad, fue muy corta. Solo pudimos conversar por breves momentos con algunas de las víctimas presenciales de lo ocurrido y no llegar ni hasta el lugar del hecho ni hasta las otras veredas, donde también se encuentran víctimas en situación de desplazamiento y confinamiento.

No podemos tener conclusiones ni sentencias sobre lo ocurrido. Podemos contar las diferentes versiones que se manejan sobre el caso y reafirmar que sea cual haya sido la situación, su resultado son personas muertas (entre las que se encuentra población civil), heridas (entre las que se encuentran menores de edad) y muchísimas desplazadas.

Según el reporte oficial de la Personería Municipal, se tiene un censo de 18 familias (78 personas) desplazadas forzadamente. Además, hay 39 familias (169 personas) confinadas en la vereda Ricaurte, 2 (5 personas) en la vereda El Playón, 32 (88 personas) en la vereda Juanchito. Y a esto se le suma que 63 familias (189 personas) provenientes de Pueblo Nuevo, Ricaurte, El Playón y Juanchito están en confinamiento y riesgo de desplazamiento forzado.

Se necesita ayuda humanitaria de emergencia para estas personas así como que puedan tener las garantías de vida para retornar a sus hogares. Después del 27 de noviembre, nadie ha podido volver a trabajar. Trabajar, para ellos, significa sembrar coca por un promedio de 800.000 pesos mensuales.

Versión 1: las víctimas sobrevivientes

Ernesto Samuel y Robinson Alirio Cuero Obando eran dos hermanos que nacieron en la Vereda Pueblo Nuevo. Ambos habían abandonado hacía ocho meses la entonces Zona Veredal Veredal Transitoria de Normalización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, ubicada hacia el este de Magüí, en el municipio nariñense Policarpa.

Según su papá, se fueron porque “los tenían pasando hambre”, porque “allí los trataban mal”. Y regresaron a su casa de nacimiento para trabajar juiciosamente. Es decir, la coca.

Resulta que el día 27 de noviembre, Ernesto Samuel cumplía 23 años. Para celebrarlo había invitado a pobladores de varias veredas en el margen del Patía. La idea era hacer un campeonato de fútbol (que convocaba a los mejores jugadores conocidos) en la vereda Juanchito que queda a tres minutos cruzando el río y de ahí regresar a Pueblo Nuevo para la fiesta.

Cuando terminaron el partido, comenzaron a llegar unos hombres armados. Algunos vestidos de negro, otros de camuflaje. No hay precisión en eso. Pero sí vieron que llevaban brazaletes del Ejército de Liberación Nacional -ELN- y que se ubicaron algunos detrás de las casas, otros en la vegetación mientras unos iban a hablar con Ernesto y Robinson Alirio.

Según afirman algunos de los asistentes al cumpleaños de ese día, nadie sabe de qué hablaron ni por qué empezó la discusión. Solo dicen que de un momento a otro comenzó una balacera. Algunos fueron alcanzados por las balas en el mismo sitio donde estaban, otros corrieron y fueron perseguidos por los disparos, los que más suerte corrieron son aquellos que se tiraron al piso. Según afirman esos mismos asistentes, nadie allí de los que no llegó con el ELN estaba armado.

Los que quedaron con vida en el suelo fueron amarrados con las manos en sus espaldas mientras los que habían disparado izaban una bandera negra, roja y blanca en la casa de Ernesto Samuel y se llevaban en una lancha a Wilman Haney Ortiz Bolaños, hermano de uno de los líderes del Consejo Comunitario de Pueblo Nuevo, Manos Amigas, y a otro que no identificaron.

Lo siguiente para quienes quedaron vivos fue montarse en unas dos lanchas y salir rumbo a Magüí Payán para buscar refugio y la ayuda del Gobierno Local para los entierros.

Según la lista oficial, el 27 de noviembre fueron asesinadas las siguientes personas:

1- Yenson Bernardo Quiñonez Hurtado (25 años)

2- Milton Mauricio Quiñonez Viveros

3- Yensi Carolina Orobio Arboleda (22 años, embarazada de 3 meses, madre de un niño de 3 años)

4- Leider Duvan Marquinez Ordoñez (18 años)

5- Héctor Segundo Borja Estupiñán

6- Robinson Alirio Cuero Obando (24 años)

7- Ernesto Samuel Cuero Obando (23 años)

8- Uriel

9- Jesús Orfilio Landazuri Rodríguez

10- Jorge Leonardo Pastrana Palacios

11- Hugo Angulo o Hugo Alfredo Preciado

12- Edison Marcial Ortiz Bolaños

Esta lista tiene 12 nombres. Sin embargo, las autoridades locales y las víctimas han insistido en que son 13 quienes murieron ese día. Lo cierto es que la lista entregada por el Gobierno Local tiene un nombre que se repite dos veces: el de Héctor Segundo Borja Estupiñán, enterrado en Pueblo Nuevo y quien, afirman, tenía una discapacidad mental.

Las víctimas fueron el martes 28 en la tarde a hablar con el ELN. Durante la fuga del sitio se habían perdido cuatro menores de edad: una bebé de tres meses y su mamá de 17 años, una niña de 10 años y otro muchacho también de 17.

Querían saber si la guerrilla los tenía, los había visto y, si no, si los podía ayudar a buscarlos. Efectivamente, el ELN proporcionó dinero para pagar la gasolina de las lanchas de búsqueda así como para la comida de quienes buscaran. En esa reunión también mandó a decir que con ellos se encontraba Wilman y que le dijeran a su familia que él estaba bien y nada le pasaría.

Los cuatro menores de edad fueron encontrados el jueves (62 horas después) con una severa deshidratación y con heridas en los pies por caminar descalzos por el monte.

Las comunidades que viven en la orilla del Río Patía dicen haber visto otros dos cuerpos más flotando pero aún no se han recogido. Las mismas víctimas dicen que ellos no saben cuál sea el número exacto de las personas que pudieron morir porque a la fiesta había llegado mucha gente, tanta que no se distinguían entre sí.

Toda la población manifestó sentir temor ante posibles nuevos enfrentamientos y estar preocupada por las restricciones de su movilidad, lo que se constituye en confinamiento.

Versión 2: el Gobierno Local

El 2 de diciembre la Alcaldía Municipal de Magüí Payán publicó un Comunicado a la Opinión Pública donde contó los resultados de su investigación sobre el suceso. Esta fue la primera versión clara que se tuvo del hecho. También fue la primera vez que se señalaba lo sucedido no como un combate. Igualmente, se señaló que de los fallecidos cinco son civiles y ocho habían sido militantes de las FARC.

El Alcalde de Magüí recibió el 27 de noviembre en la noche una llamada de la que no pudo entender bien qué pasaba pero por los gritos que escuchó detrás y lo alterado de la voz supo que algo había ocurrido en Pueblo Nuevo. Enseguida llamó a la Gobernación de Nariño para reportar el hecho.

Algunas personas sobrevivientes le pidieron al Gobierno Local, el martes 29 por la mañana, 10 ataúdes. Porque ellos habían dejado 9 cadáveres allá en el suelo y habían visto que Edison Marcial Ortiz Bolaños, Representante Legal de Manos Amigas y hermano de Wilman Haney, había sido alcanzado por las balas cuando corría al río y allí había sido rematado. Ellos estaban seguros de que estaba muerto.

El Gobierno Local siguió insistiendo a las autoridades departamentales para que los ayudara a entrar a la zona. El miércoles 29, aproximadamente entre las 10 y las 11 de la mañana, llegaron el Ejército, la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en helicóptero a las veredas Pueblo Nuevo y Juanchito. Ya habían pasado 40 horas de lo sucedido.

Versión 3: el Ejército y el Gobierno Nacional

El jueves 30 de noviembre el Ejército informó que en las veredas Juanchito y Pueblo Nuevo había ocurrido un enfrentamiento entre el grupo armado autodenominado Resistencia Campesina y el ELN.

Encontró cinco víctimas mortales: cuatro que habían quedado en la vereda y un cuerpo que había llegado al municipio Barbacoas.

¡Claro! El miércoles por la mañana, cuando llegaron sus tropas al sitio, ya solo quedaban los cuerpos de quienes tenían a sus familiares desplazados en Magüí: en la vereda Pueblo Nuevo fueron hallados cuatro cadáveres, dos de ellos oriundos de dicha vereda e integrantes de Resistencia Campesina, los hermanos Ernesto Samuel y Robinson Alirio, el cuerpo de un presunto alias Uriel (proveniente de una vereda del río Tapaje en el municipio del Charco), y Héctor Segundo Borja Estupiñán.

Los otros cinco cuerpos de los que habló la comunidad al Gobierno Local habían sido recogidos por sus familias y velados y enterrados en las diferentes comunidades en las que vivían.

El martes 29 dos personas fueron sepultadas en la vereda Ricaurte, dentro de las que estaba una mujer de 22 años de edad, madre de un niño de 3 años y embarazada de tres meses; dos personas sepultadas en la vereda El Playón; una en la vereda Punta de Barco; dos en la vereda Panga del Municipio Roberto Payán; y una en la vereda Las Cruces del Municipio Barbacoas.

Sin embargo, el Ejército a través de su Brigadier General Sergio Alberto Tafur, comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso en Nariño, mantiene hasta hoy que los muertos en la tragedia de Magüí Payán son solamente seis.

El martes 5 de diciembre el Vicepresidente de la República, General (R) Óscar Naranjo, anunció desde Tumaco que “se está adelantando una recopilación de los hechos, donde todo apunta a que se trató de un enfrentamiento entre miembros de las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN que dejan hasta el momento un saldo de 6 personas muertas y una herida en el municipio de Magüi Payán”.

Versión 4: la Defensoría del Pueblo

“Lo que ha encontrado la Defensoría es que la comunidad está confinada. No ha podido salir a trabajar, a cultivar y los niños no han podido ir a sus escuelas. Hago un llamado para que el Estado proteja a la población civil que sufre esta situación”, declaró el Defensor Carlos Alfonso Negret Mosquera, en un informe publicado el 5 de diciembre donde verificaron la muerte de 13 personas en Magüí Payán y exigieron al Estado garantías de seguridad para pobladores del Andén Pacífico.

Según información obtenida por la Defensoría con personas que presenciaron directamente los hechos, el día 27 de noviembre en las veredas Juanchito y Pueblo Nuevo, ubicadas al margen del Rio Patía, sobre las 5 de la tarde, integrantes del ELN llegaron a las dos poblaciones con el fin de someter al grupo armado denominado “Resistencia Campesina”.

Los hermanos Ernesto Samuel y Robinson Alirio, integrantes de la línea de mando de este grupo, se negaron a someterse. La comunidad le manifestó a la Defensoría que Alirio empezó a disparar y que los integrantes del ELN respondieron contra todas las personas, sin importar que había población civil.

La comunidad también reportó a la Comisión de la Defensoría que Wilman Haney, retenido por el ELN, hacía parte de las disidencias y es conocido con el Alias de Gavilán.

“Por lo anterior, el Defensor Negret Mosquera anunció que elevará ante las autoridades competentes las denuncias sobre la violación al cese fuego y hostilidades que representa esta acción por parte de miembros de esa guerrilla”, afirmó el comunicado.

“La Entidad hace un llamado para que se protejan las autoridades civiles y líderes sociales de la zona quienes han manifestado estar amenazados por tratar de proteger la población y denunciar hechos violentos”, señaló Negret Mosquera.

La Defensoría también insistió en la necesidad que el Estado llegue con oferta institucional a todo el Andén Pacífico en donde se evidencia el confinamiento que sufren los campesinos. “Necesitamos al gobierno dando asistencia a todas la veredas más recónditas”, puntualizó.

Versión 5: el ELN

El sábado 9 de diciembre, la Dirección del Frente de Guerra Suroccidental Carlos Alberto Troches Zuleta, del Ejército de Liberación Nacional, publicó un comunicado en el que ponía su versión de los hechos.

El ELN informó que en la zona de los ríos Timbiquí, Guapi, López, Patía, Mira y Tapaje (del pacífico caucano y nariñense) operan desde hace más de un año las Guerrillas Unidas del Pacífico -GUP.

Según el Ejército de Liberación Nacional, estas Guerrillas Unidas operan de conjunto con el narcotráfico y la Fuerza Pública. Entre junio y octubre de este año asesinaron a nueve pobladores de la región. El ELN explicó que, por este motivo:

“(…) unidades del Frente de Guerra Suroccidental del Ejército de Liberación Nacional, el día 27 de noviembre, llegaron a la vereda Pueblo Nuevo, del municipio Magüí Payán, departamento de Nariño, sobre el río Patía, para entablar conversaciones con las GUP, y aclarar el comportamiento agresivo que tienen contra las comunidades; pero, ante nuestro requerimiento, la reacción de ellos fue la de abrir fuego contra nuestras unidades guerrilleras, obligándolas a responder.

“En este enfrentamiento armado, dimos de baja a 10 integrantes de las GUP, entre ellos se encuentran sus jefes: Álvaro, Samuel, Marcos y Tigre. También detuvimos otros 6, quienes luego de ser desarmados, quedaron en libertad, por ser gente de la comunidad, puesta al servicio de la banda por un sueldo.

“En medio de la confrontación, los integrantes de las GUP, atacaron de forma intencional y alevosa a la población civil del caserío, dando muerte a dos personas y causando heridas a otras tres, entre ellas a dos menores de edad”.

Y terminan detallando el arsenal que poseía Resistencia Campesina en ese momento: una ametralladora calibre 7,62 tipo comando; 2 fusiles R-15 calibre 5,56; 1 fusil Galil calibre 2,23; 1 fusil AK-47 calibre 7,26; 6 pistolas 9 mm; 2 revólveres calibre 38; 2 escopetas de repetición; 2 granadas M-26; 4 miras telescópicas; 1 lente visor nocturno; 1 casco blindado.

Versión 6: los Medios Hegemónicos

La prensa solo publicó rumores, teorías y posibilidades durante semana de los hechos ocurridos en Magüí Payán. La difícil accesibilidad a la zona, tanto por geografía como por seguridad, hizo que solo dos medios llegaran únicamente hasta la cabecera municipal y no hasta el lugar de los hechos: Colombia Informa y la Revista Semana.

Sin embargo, con o sin versiones oficiales, no les quedaba duda de gritar una denuncia al aire: “¡Ahora SÍ se violó el Cese al Fuego! !Deben terminar con el intento de negociaciones!”.

¿Antes el Gobierno no lo había violado sistemáticamente ya? ¿Ellos nos veían los distintos traspiés que el mismo Estado ponía constantemente? ¿Y los asesinatos de los líderes y lideresas, la persecución a la protesta social, y la Masacre del 5 de octubre en el Tandil, Tumaco?

¿Magüí Payán pone a tambalear la Mesa de Quito?

El pasado 1 de diciembre terminó el Cuarto Ciclo de Negociaciones entre el ELN y el Gobierno Nacional. El próximo ciclo comenzará el 8 de enero del año próximo. Las negociaciones entre las partes transitan por un momento de tensión.

Desde el 1 de Octubre se mantiene un Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral con carácter Temporal y Nacional. Su duración aproximada es de 3 meses (hasta el mismo 8 de enero, cuando empieza el siguiente ciclo).

Durante este período finalizado se logró un importante avance: la realización de 10 audiencias preparatorias donde diferentes sectores, organizaciones sociales, instituciones y entidades del Estado expresaron sus aportes para la construcción de la Metodología de Participación de la sociedad en los Diálogos. Este es el eje central de las actuales negociaciones.

Ambas partes del conflicto, al evaluar lo trabajado, dan apreciaciones diferentes: el Gobierno da un parte positivo de su labor exaltando, el cumplimiento de sus responsabilidades y recriminando al ELN por violar el Cese en el Chocó; mientras, la organización insurgente da un parte en donde se reconocen los históricos avances pero hace un fuerte llamado al Gobierno para que cumpla con lo pactado y promueva verdaderos alivios humanitarios a la población que incluyan la protección de la vida de los líderes y lideresas sociales, acciones humanitarias en las cárceles y la garantía de la protesta social.

En medio de esta disputa y la ya normal tensión de la Mesa, el Jefe Negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, renunció a su cargo aludiendo motivos personales. Esto abre la posibilidad para que el Gobierno renueve su Equipo Negociador y abra las puertas a una oxigenación de los diálogos que permita cumplir los acuerdos alcanzados y seguir la agenda establecida.

La Mesa, la Paz y las negociaciones tiene ante así una petición unánime: prolongar el Cese al Fuego y avanzar en la Participación de la sociedad con miras a generar transformaciones para superar el conflicto armado y político colombiano.

También se enfrentan al reto de estar próximamente atravesadas por la carrera electoral hacia la Presidencia ante la turbulenta implementación de los Acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El primer semestre del 2018 será crucial para los caminos de la Paz.

La Tragedia

¿Qué pasó realmente en esas veredas de lo alto del Triángulo Telembí? Todos y todas hablamos hoy de Magüí Payán creyendo tener la verdad sobre la tragedia que allí sucedió la tarde del 27 de noviembre pasado. Sin embargo, Magüí Payán vive una tragedia sistemática desde hace mucho más tiempo: el olvido del Estado.

Para llegar allá no hay vías seguras, la única fuente de empleo formal es la Alcaldía, la minería ilegal es la principal fuente de ingresos del pueblo así como su principal contaminación, solo cuentan con un centro de atención primaria en salud a pesar de ser un municipio de 23.000 personas.

Está tan lejos de la mano de Dios que aunque se reporte una confrontación armada, el Ejército tarda 40 horas en llegar a la zona. Y eso que en Tumaco (a 7 u 8 horas por trocha) hay una base antinarcóticos con todos los implementos que se pueden esperar de una base con apoyo de los Estados Unidos y su “lucha contra las drogas”.

Nacer allí hace que tengas pocas opciones: o trabajas con la minería ilegal o trabajas con el narcotráfico. Si se va una guerrilla, entra otra. Y por allí ronda el Cartel de Sinaloa organizando su “comercio”. La Ley que rige no es la de Gobierno sino la del que más poder sepa demostrar. Magüí Payán necesita otro tipo de posibilidades y no las tiene. Esa es su tragedia.

CI PC y DO/MP/12/12/17/15:00

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