Al anunciarse el inicio de los diálogos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, desde distintos ángulos e intereses se empezó a hablar nuevamente de la paz y los caminos para lograrla, constituyéndose en el tema principal de las agendas sociales, políticas y de los medios. Los debates no se hicieron esperar, saliendo a la luz pública contradicciones en el seno de la alianza de gobierno, especialmente en el partido de la U y al interior de sectores considerados de izquierda, como el Polo Democrático Alternativo, por mencionar solo algunos.

La agenda de la Habana

Desde la instalación oficial de los diálogos en Oslo, Noruega, la puja por la ampliación de la agenda ha sido evidente. Iván Márquez, negociador de las Farc, manifestó en su discurso que “la titulación de tierras, tal como la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa”, arremetiendo públicamente  contra el primer punto de la agenda,  lo que algunos analistas calificaron como una “salida del libreto” o  un  “saldo negativo para el país” como lo editorializó el periódico El Mundo el 20 de octubre; pero Márquez fue, en cuanto al primer punto de la agenda, más allá, denunciando la política gubernamental de las locomotoras y a las empresas transnacionales como contrarias a la paz.

Estos temas no están explícitamente en la agenda acordada para iniciar los diálogos, lo que hizo que la agenda se calentara desde antes del primer encuentro público en la Habana, poniendo en duda la consistencia de los acuerdos de meses de negociaciones secretas, a las que hizo alusión el presidente Santos en su alocución del 4 de septiembre, donde manifestó que  «Hemos trabajado con seriedad y las Farc también. Todo lo que hemos acordado se ha respetado”

Ante las críticas surgidas de gremios y columnistas de opinión, las Farc manifestaron a través de  internet: “¿Por qué el discurso de Iván Marquez en Oslo, debía ser diferente al discurso de Manuel Marulanda, hace cuarenta y cinco años en Marquetalia, cuando funda las Farc- Ep? Las causas de la guerra continúan siendo las mismas, con Ospina Pérez o con Juan Manuel Santos”.

Otro aspecto que ha surgido por fuera de la agenda acordada ha sido el de la participación directa de la sociedad en estos diálogos. Si bien el documento denominado “Acuerdo general para la terminación  del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” recoge la agenda y mecanismos acordados entre el gobierno y las Farc, éste es general, y dice que “Para garantizar la más amplia participación posible, se establecerá un mecanismo de recepción de propuestas sobre los puntos de la agenda de ciudadanos y organizaciones, por medios físicos o electrónicos. De común acuerdo y en un tiempo determinado, la Mesa podrá hacer consultas directas y recibir propuestas sobre dichos puntos, o delegar en un tercero la organización de espacios de participación”.

Consultados algunos activistas del tema de paz sobre este cambio en la postura de la organización insurgente consideran que “las Farc se han visto presionadas por el movimiento social, el cual está exigiendo participación”.  En efecto, en un documento titulado “ Reflexiones sobre la agenda de La Habana IV”  y firmado por la Delegación de Paz de las Farc-Ep el 5 de noviembre, solicitan “al gobierno se sirva explicar sin más demora los procedimientos, mecanismos, metodologías, dinámicas que posibilitará que las expresiones diversas de la sociedad puedan desenvolver el proceso de dialogo por la paz en Colombia, con todos los recursos y garantías que ello requiera, lo mismo que se sirva dejar en claro y de manera pública, pues ya no estamos en momento secreto de exploración, los mismos elementos y sobre todo las garantías de amplitud, respeto, financiación y seguridad para los contingentes de la paz que han de llegar hasta la Habana a traer sus aportes en favor del proceso.” Este tema obligó a un nuevo aplazamiento de las negociaciones las cuales estaban para el 15 de noviembre y que a día de hoy tienen fecha 19 de este mes.

La agenda del Eln

Tanto organizaciones y movimientos sociales, como el mismo Eln han manifestado la necesidad de dar apertura a un diálogo con esta organización insurgente. El 20 de septiembre pasado y en un tono de confianza, Nicolás Rodríguez, comandante general del Eln manifestó al diario argentino Marcha que “El Eln ha planteado la salida política al conflicto desde hace más de 20 años. Los cinco gobiernos anteriores asumieron esta propuesta como debilidad y trataron de aprovecharla como ventaja militar. En esta ocasión, pareciera que la clase en el poder asume con más realismo la responsabilidad con la construcción de la paz, como lo reclaman las mayorías nacionales”

Para el Eln una agenda social parece ser lo prioritario. Para el profesor universitario Carlos Medina, a esta organización insurgente le interesan tres temas fundamentales: la política minero-energética, la participación social y los problemas territoriales.

En varios comunicados y declaraciones, el Eln insiste en una paz con justicia social, lo cual le pone a la agenda un tono más elevado y complicado, ya que eso implica discutir temas de la agenda nacional y del modelo de desarrollo; cosa a la cual el presidente Santos no parece estar dispuesto. 

En los últimos días y a través de un nuevo comunicado, el Eln filtró a la opinión pública que estaba en contacto con el gobierno anunciando “ al país y a la comunidad internacional que La Delegación del ELN para el Diálogo exploratorio con el Gobierno está conformada y lista para cumplirle a Colombia”  De inmediato Juan Manuel Santos respondió que “cualquier acercamiento con cualquiera de los grupos tiene que estar regido por una serie de principios; uno de ellos es la discreción” Confirmado así la existencia de mecanismos de acercamiento con esta agrupación insurgente.

La agenda social

Con la marcha realizada el 8 de octubre, distintas organizaciones entre las cuales se encuentran el Movimiento de Víctimas, la Ruta Pacífica de Mujeres, la Marcha Patriótica, la Comosoc y el Congreso de los Pueblos, hicieron visible la propuesta del espacio de coordinación denominado Ruta Social Común para la Paz, el cual, según sus voceros, recoge las iniciativas de varios encuentros y asambleas sociales que proponen la participación del movimiento social, lo cual, dicen, implica que haya: “garantías del gobierno para que el movimiento social y popular pueda expresarse libremente, la vinculación de todas las insurgencias al proceso de diálogos, un cese de los fuegos y de las hostilidades militares, acuerdos humanitarios y cese de la imposición de políticas neoliberales, en lo económico y en lo social, que cercenan los derechos del pueblo y desmejoran la calidad de vida” Una agenda más compleja aún que las anteriores, que involucra la política de estado, en materia de derechos civiles, políticos y económicos.

Sin que estén claros los mecanismos y procedimientos mediante los cuales estas organizaciones van a participar en los procesos de paz, lo cierto es que este aspecto ha ganado importancia y se ha convertido en un elemento de debate y desacuerdos, ya que mientras para el gobierno se trata de generar mecanismos de recepción de propuestas, para la Ruta, se trata de participar de forma directa y decisiva.    

De igual manera, sectores de la academia desde las distintas universidades han iniciado una serie de espacios y eventos para debatir el tema de la paz, pero sobre todo la manera en que puedan vincularse al proceso, retomando también la necesidad de participación amplia de los distintos sectores sociales, incluyendo en este caso la universidad y los intelectuales.

De otro lado, al interior de los partidos políticos, el debate está aún más caldeado.  El ex-presidente Álvaro Uribe ha criticado la iniciativa de paz calificándola de concesión al “ protagonismo mediático a la Farc” al tiempo que tildó de “impunidad” cualquier tipo de acuerdo que se logre.

Al interior del Polo las cosas tampoco han sido sencillas ya que el tema de paz genera prevenciones y resquemores. Sin embargo, el congreso de este partido realizado el  pasado 9 y 10 de noviembre parece haber despejado un poco este panorama. En palabras de su presidenta Clara López  “ pensamos  desde luego que el silencio de los fusiles es estratégico y esencial, pero que la paz no se va a construir con el acuerdo, ese no es el final del proceso sino el inicio. La verdadera política de paz son los profundos cambios sociales que lleven a la justicia social en nuestro país” coincidiendo así con movimientos sociales y políticos, que han insistido en esa vía.