17 feb, CI.- El Movimiento Ríos Vivos rechazó el informe de la empresa Pöyry, ordenado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, tras la inundación provocada por la represa Hidroituango en 2018, en el cañón del río Cauca, en Antioquia, Colombia.

El dictamen de la mencionada empresa es considerado como parte de una estrategia para la continuidad del negocio. “Pöyry es reconocida internacionalmente por su participación e inversiones en numerosos proyectos madereros y energéticos”, señaló la organización defensora del ambiente. Ríos Vivos también advirtió que el informe de Pöyry no responde a las obligaciones impuestas por la ANLA en la Resolución 820.

Resolución 820 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Este movimiento, que ha representado a las personas afectadas por el desastre de Hidroituango, considera que el citado informe “se nutre de una sola fuente de información que además es incompleta y parcial”, y reitera que “se sustenta exclusivamente en información de EPM [Empresas Públicas de Medellín], sus aliados y en visitas insuficientes”.

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Asimismo, Ríos Vivos resaltó que el documento de la empresa Pöyry “contiene vacíos técnicos inadmisibles para la evaluación de riesgos reales aguas arriba y aguas debajo de una ‘gran presa’, subestimando el peligro comunitario y ambiental que representa la continuidad del proyecto”.

El informe en cuestión carece de un enfoque integral pues centra su análisis en una disciplina ingenieril, desconociendo otras de la ciencia moderna, así como también desconociendo los saberes comunitarios sobre el territorio. Al mismo tiempo que olvida la necesaria transdisciplinariedad de la cuestión y diálogo de saberes.

Extraído del informe presentado por la empresa Pöyry

El Movimiento Rios Vivos (que articula 17 organizaciones de pescadores, barequeros y barequeras, agricultores, mujeres, campesinos y jóvenes de los municipios de la zona de influencia del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango) rechaza la utilización de este informe como base para el levantamiento de las medidas de suspensión preventiva de la construcción y puesta en operación de esa represa, y exige:

  • “A la ANLA la contratación de un dictamen técnico/científico independiente, objetivo e imparcial que incluya con rigurosidad científica y el necesario diálogo de saberes la opción – escenario de suspensión y desmonte del proyecto. Tal contratación ha de estar precedida de la selección transparente de un equipo interdisciplinario verdaderamente objetivo e independiente y que cuente con la participación de las comunidades aguas arriba y aguas debajo de la presa.
  • “A quienes sean convocados para avalar las conclusiones del informe de la empresa Pöyry, asumir ética y responsablemente su posición. Generar la tragedia y beneficiarse de ella es corrupción. Avalarla aún más.
  • Al Estado colombiano en cabeza de su presidente y de las de las entidades nacionales, departamentales y municipales concernidas, asumir sus responsabilidades y atender la situación de riesgo de la población de manera urgente, integral, adecuada y con participación de las comunidades.
  • “A los entes de control y prevención de la corrupción estar atentos y actuar oportunamente frente a posible malversación y detrimento del patrimonio público involucrado en la construcción y el interés de poner en marcha el proyecto Hidroituango.
  • “A todas las entidades no jugar con la vida de las comunidades como lo están haciendo en este momento. Convocar de manera urgente a un panel público en el que la empresa Pöyry debata abiertamente sus argumentos expuestos en el informe con las comunidades”.

Por último, las personas que hacen parte de Ríos Vivos piden a la sociedad que no les dejen solas en la difícil situación en la que se encuentran.

CI AR/PC/17/02/2022/18:00

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