Conflicto y Paz

Retos de la sustitución cocalera

9 mar CI.- La manera de intervención del Estado en los cultivos de uso ilícito ha genrado un problema en Colombia. Recientemente el sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos -Simci- de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- informó que en 2015 el cultivo de hoja de coca en Colombia se estableció en 96 mil hectáreas, 30 mil más que en el año anterior. Una de las causas de mayor impacto para este aumento es la vulnerabilidad estructural que afecta las zonas rurales Colombianas y el tratamiento criminal al cultivo y consumo de sustancias psicoactivas.

Analistas han argumentado que los beneficios a los pequeños cultivadores que trae el acuerdo de paz, el aumento del precio de dólar, el cese de la aspersión con glifosato, o la afectación de actividades lícitas como en el caso de la crisis petrolera; son causas para este aumento en los cultivos.

La Agencia para la sustitución de cultivos de uso ilícito, cuyo director es Eduardo Díaz, tiene como misión interrumpir la cadena de producción de cocaína. Así pues ha generado un conjunto de medidas como la erradicación forzada y/o voluntaria y el desarrollo alternativo de los cultivos ilícitos. Acciones insuficientes para la población ya que aun cuando existen casos exitosos, en municipios como Briceño y Anori, resaltan otros lugares del país como Tumaco y Puerto Asís, donde el cultivo de coca es una constante desde hace más de 10 años para la supervivencia de la gente.

Acuerdo con las FARC

En meses anteriores el Gobierno ha propiciado acercamientos con las comunidades, que en su mayoría están organizadas en la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola -Coccam-. Esta coordinadora surgió con el fin de ser un puente entre el Gobierno y las poblaciones para la implementación participativa del acuerdo en materia de Cultivo de uso Ilícito. La meta anual de erradicación y sustitución del Gobierno Nacional para el 2017 es de 50 mil hectáreas y, por esta razón, se han generado acercamientos con comunidades como las del sur de Bolívar, Tumaco, Guaviare y Meta.

La coyuntura es muy importante ya que plantea el reto de materializar el punto 4.1 del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno que, unido a la Reforma Rural Integral, busca la sustitución de los cultivos ilícitos de manera concertada con los campesinos; mediada por un conjunto de apoyos económicos, de infraestructura y mecanismos participativos, que propicien el desarrollo estable y la vida digna en las zonas donde se ha cultivado coca, marihuana y amapola como medios de generación de ingreso.

Incumplimiento del Gobierno

Sin embargo el panorama es complicado. Son altos los costos económicos y políticos que plantea la implementación del acuerdo en materia de cultivos de uso ilícito, especialmente porque está en el marco del final del gobierno de Juan Manuel Santos, pero también porque los subsidios parecen ser una solución transitoria y difícilmente pueden ser la única, especialmente para las regiones donde el Estado colombiano históricamente ha brillado por su ausencia; aunado a la oferta económica del mercado de la cocaína que ofrece ganancias a corto plazo y una oportunidad de vida para los campesinos. Otro elemento que dificulta este proceso es la intención del Gobierno Nacional de erradicar forzadamente y sin diálogos con las comunidades, tal y como sucedió el pasado 25 de Febrero en Tumaco, Nariño.

Sin embargo el Gobernador de Nariño Camilo Romero afirmó que el Gobierno Nacional está llevando a cabo en la región dos estrategias, fuerza y concertación. Las poblaciones cultivadoras, entonces, antes de acceder a las prerrogativas del acuerdo se enfrentan a la fuerza estatal. El gobernador ha puesto en consideración que son familias las que las que subsisten de los cultivos de coca y, que de no tratarse de manera adecuada, la situación se convertirá en un conflicto social entre la población y la fuerza pública.

La confrontación con los cultivadores ha sido una estrategia de intervención que no ha generado buenos réditos, como se evidenció en las marchas cocaleras de 1996. La persecución de los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico ha propiciado efectos colaterales indeseados como la masiva criminalización y penalización de campesinos, así como la vulneración de su subsistencia. Además, el desmedido gasto mediático y económico en el tema de interdicción de cultivos, mientras el control de insumos químicos y la persecución al lavado de activo pasa a un segundo plano; donde se mueve el grueso de los recursos de las organizaciones criminales.

Un componente importante de la consolidación del punto 4.1 y que es mencionado en la Reforma Rural Integral es la generación bienes públicos rurales como carreteras, servicios públicos básicos y centros de salud y educación. Estas acciones que serán un elemento fundamental para los derechos de la población de las zonas rurales más apartadas a los centros urbanos y garantiza la movilidad social de los campesinos. De lo contrario se podría continuar con el patrón de dispersión y desplazamiento de los cultivos a otras zonas -efecto globo-.

Garantías de cultivo y consumo

Por último, la regulación de la coca y de otras plantas como la marihuana y la amapola, hacia un mercado regulado de sustancias psicoactivas, ha sido una herramienta importante en la lucha contra el narcotráfico en países como Portugal o Uruguay. En el caso de Colombia, guardando las proporciones y teniendo en cuenta los contextos, puede ser una herramienta que acompañada de una ardua labor pedagógica, médica e informativa, posibilitará un conjunto de soluciones para un país que tiene toda la autoridad moral para exigir un cambio de enfoque en el abordaje de la política de droga.

Organizaciones sociales, corporaciones y grupos de trabajo como el Colectivo Hoffman y Acción Técnica Social, buscan la promoción de una Política de Drogas en consonancia con los DDHH y los retos para la Paz. Espacios donde el dialogo informado y abierto sobre sustancias psicoactivas -SPA- promueven la garantía de los derechos de usuarios y no usuarios de estas sustancias.

CI AC/JA/09/03/17/15:30

 

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