De callada manera, casi imperceptible para la “opinión pública”, San Alberto (Cesar) se convirtió en un lugar determinante. El municipio fue mencionado en varias ocasiones por María Fernanda Cabal en un debate en el Congreso de la República sobre la política de restitución de tierras, y fue allí donde varios hombres marcharon el pasado 2 de abril con camisetas que lanzaban mensajes contra la devolución de predios despojados. Fue precisamente San Alberto el lugar elegido por el Procurador Alejandro Órdoñez y José Félíx Lafaurie para realizar su frenético acto contra la política de restitución.

Por Alejandro Mantilla Q.* En los años noventa el Instituto Colombiano de Reforma Agraria -Incora- desarrolló un proceso de titulación a pequeños parceleros que habían ocupado tierras buscando espacios para cultivar, años más tarde los paramilitares le arrebataron con violencia los predios a esos campesinos. En parcelaciones como Siete de Agosto, Los Cedros, La Carolina y Tokio, se repitió el mismo patrón: recuperación de tierras, titulación del Incora y posterior masacre acompañada de desplazamiento forzado. Aunque la ley de víctimas abrió la posibilidad de avanzar hacia la restitución y el retorno, los desplazados han denunciado falta de garantías para volver a sus fincas. “Por ahora nadie se atreve a volver” le dijo un campesino al portal Verdad Abierta, en octubre de 2014.

Y nadie se atreve a volver porque el clima del municipio revela abierta tensión. Los finqueros que compraron las tierras despojadas se agruparon en la Asociación Colombiana de Víctimas de Restitución de Tierras -Asocolvirt-. “Una cosa es desplazamiento, otra es despojo y otra es vender voluntariamente. Hay muchas personas que vendieron voluntariamente, se parrandearon el dinero y hoy en día se les está adjudicando la tierra por el hecho victimizante”, declaró a Verdad Abierta un dirigente de Asocolvirt. Sin embargo, olvidó mencionar que en San Alberto, Sabana de Torres, Gamarra o Aguachica, dichas ventas que él llama “voluntarias” se dieron en un contexto de violencia y despojo sistemático contra centenares de campesinos. En un país donde es habitual que los perseguidores se declaren perseguidos, los finqueros que se beneficiaron del desplazamiento forzado y el robo de tierras a gran escala optaron por declararse víctimas, aunque no han sufrido ningún hecho victimizante.

La relevancia de San Alberto rebasa las fronteras del municipio y va más allá de los debates sobre la restitución. El acto de San Alberto parece ser un acto de campaña del Procurador Alejandro Órdoñez, quien no ha ocultado sus intenciones de sentarse en el Solio de Bolívar. No es casual que hace unos días abriera su cuenta personal de Twitter donde sin rubor exhibe sus opiniones contra los diálogos de paz, o sobre los derechos de las mujeres y de los homosexuales. Tampoco es casual que la semana anterior declarara su apoyo a la acción popular contra el fallo que prohíbe la minería en páramos.

Órdoñez parece estar en campaña y en abierta búsqueda de apoyos. Tal vez encuentre algunos sectores afines que puedan configurar una triple alianza compuesta por los ultraconservadores que se oponen a la despenalización del aborto y a los derechos de las parejas del mismo sexo, a los enemigos de la restitución de tierras, y a los adversarios del proceso de paz con las insurgencias. En un contexto donde la Corte falla a favor del matrimonio igualitario, donde una empresa como Argos es señalada por los tribunales de beneficiarse del despojo, mientras en la subgerencia del Incoder se obstaculiza la restitución en casos emblemáticos como Las Pavas y Bellacruz, y al avanzar la posibilidad de una solución negociada al conflicto, parece que el Procurador tiene un clima favorable para agrupar un bloque de aliados que se unan a su cruzada restauradora en pro de la tradición, la familia, la propiedad… y la guerra.

CI AM/MP/12/04/16/08:00