Desde la época de la colonia en América Latina los indígenas han sido desplazados. Dicha situación los obligó a huir a las altas montañas, pues las tierras que habitaban fueron vistas por los colonizadores como las más aptas para vivir, cultivar, criar animales y saquear sus riquezas naturales. Un informe internacional advierte que los pueblos indígenas en Colombia estarían expuestos al exterminio por la imposición de megaproyectos y la firma de tratados de libre comercio –TLC-.
Durante los últimos años la situación de desplazamiento y violencia contra poblaciones indígenas se ha agudizado. Amnistía Internacional realizó un estudio en 2013 y denuncio la violación de derechos humanos contra estas comunidades en Colombia. El informe advertía que más de una tercera parte de los pueblos indígenas son amenazados con el exterminio por la imposición de megaproyectos y la firma de TLC.
En ese mismo sentido el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, recomendo a todos los Gobiernos respetar los tratatos, arreglos y otros acuerdos con los pueblos indígenas sin importar cuando se hayan firmado a fin de no vulnerar sus derechos y mantener la cultura y la identidad de los pueblos. Ban Ki-moon, además notifico a los gobiernos para que en los programas de 2015 incorporen “los derechos, las opiniones y las necesidades de los pueblos indígenas”.
A pesar de los pronunciamientos, llamados internacionales y las denuncias que hacen las comunidades indígenas, el Estado colombiano sigue permitiendo que el territorio indígena sea manejado como una mercancía que se feria al mejor postor. Los megaproyectos se extienden hasta los territorios ancestrales donde los primeros colonizadores obligaron a huir a los pueblos indígenas. Los mismos territorios que un día fueron vistos por los primeros colonizadores como estériles e improductivos y que los indígenas y campesinos han cuidado durante miles de años.
Una mirada desde la colonización a la resistencia
Durante la colonia, buena parte de las comunidades indígenas que huyeron hacia las altas montañas se adaptaron a los climas catalogados por los colonizadores como fríos, hostiles e improductivos. Con el tiempo, muchas de ellas se cansaron de ser objeto de estudio y se revelaron ante los colonizadores liderando luchas que la historia pocas veces cuenta. Exigían respeto y autonomía a su cultura, sus costumbres y sus territorios. Además de sentirse capacitados de propiciar su propio bienestar.
Bolívar, en su lucha por la independencia dio una interpretación al término indígena en la Carta de Jamaica 1815:“no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles”. Para Bolívar, los indígenas tendrían que restablecer los derechos de recuperar las tierras usurpadas por los españoles, de lo contrario, simplemente se cambiaría de amo, y permanecería la invasión y el saqueo de los territorios.
Efectivamente, después de la muerte de Bolívar, las elites colombianas, la iglesia y el Estado controlaron totalmente el poder. Los indígenas y los negros que fueron traídos de África durante la colonia, fueron vistos como personas de segunda clase, sometidos a la servidumbre y a la esclavitud. Lo mismo sucedió con los recursos de la naturaleza.
Bajo la doctrina de la iglesia se legitimó el “derecho a la conquista”. Así los invasores vieron que negros e indios eran un obstáculo para el desarrollo. Les negaron su propia identidad con el lema de “libertad e igualdad de derechos para los hombres”. La cultura originaria fue mutilada desde el ámbito económico y convertida en mercancía. A pesar de ello los pueblos indígenas han resistido y conservado su cultura e identidad. Durante toda la época de resistencia la situación ha sido violenta contra estas comunidades.
De la resistencia a la descolonización de la cultura en América Latina
Los cambios económicos y la alteración en las relaciones con la tierra destruyeron la cultura de los pueblos ancestrales. Razón por la cual las comunidades originarias de América Latina mantienen la resistencia y la lucha por sus territorios desde la época de la colonia hasta la actualidad.
En Bolivia y Ecuador han reglamentado su normatividad que excluía a las comunidades indígenas de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. En Venezuela, el ex presidente Hugo Rafael Chávez Frías, incluyo en la constitución los derechos de las comunidades indígenas y tituló millones de hectáreas que les habían sido arrebatadas. En México los movimientos indígenas han logrado rescatar los derechos a través de las movilizaciones y luchas.
La resistencia en Colombia
En Colombia, durante el siglo XX, el movimiento indígena Nasa encabezado por Manuel Quintín Lame, dirigió grandes movilizaciones y levantamientos por la restitución de resguardos en los departamentos del Cauca, Tolima y Huila. Esta resistencia obligó al Estado al cumplimiento de las justas leyes. El propósito fue el de mantener los resguardos indígenas con su propia autonomía territorial y cultural.
Ya en los años 70, el movimiento indígena aprovechó la nueva reforma agraria para revivir la institución del resguardo indígena desplazando a líderes patrocinados por terratenientes, bajo el lema “autonomía, tierra y cultura”.
Cuando se adoptó la Constitución del 1991, se reivindicó los derechos de los pueblos indígenas. La propiedad colectiva y autonomía de los pueblos frenó un poco la extensión y explotación de los bienes de la tierra. Estos logros fueron producto de las luchas y movilizaciones, además de la presión de la comunidad internacional que había recibido denuncias por parte de grupos anticolonialistas.
Con todo y leyes, la diferencia entre lo que dice el papel y lo que realmente sucede es abismal. Así lo reflejan los estudios realizados por Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas –ONU- que se han manifestado durante la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Además, los pueblos indígenas han denunciado los constantes atropellos y violación de derechos humanos.
Al mismo tiempo, existen reformas institucionales amañadas con debilidades institucionales y corrupción al interior del mismo Gobierno. Todo esto acompañado de la falta de voluntad política del Gobierno del presidente Santos para hacer valer los derechos de estas comunidades.
