03 feb CI.- Después del asesinato de Cesar Darío Herrera, integrante de las FARC y habitante del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Santa Lucía en Ituango, Antioquia, los 110 habitantes de la ETCR tomaron la decisión de desplazarse de la zona por amenazas en su vida. El gobierno desmiente que haya desplazamiento violento y especula con 7 meses para reubicarlos. 

Cesar Darío Herrera Gómez fue asesinado el pasado 28 de enero cuando se dirigía a la ETCR de Santa Lucia en Ituango, Antioquia. A pesar que fue encontrado herido, falleció cuando era trasladado, los demás habitantes de la zona denuncian que hubo negligencia de las autoridades al momento de auxiliarlo. 

Después de esta situación de seguridad, los 110 integrantes del ETCR decidieron abandonar la región para ser trasladados al temer por su seguridad. Al respecto, el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila (exempleado de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y primo del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa), reconoció que en la región el Estado no tiene control de los grupos paramilitares que hostigan y amenazan a los excombatientes que apuestan por la paz; además, negó que se trate de un desplazamiento, aduciendo argumentos de logística y organización. 

Cesar Darío Herrera, excombatiente FARC-EP asesinadoen Santa Lucía

Le puede interesar: Dos líderes sociales asesinados en menos de una semana en Antioquia

Aceptar el nulo control de las acciones violentas de grupos armados ilegales da muestras de la poca preocupación del gobierno por garantizar el monopolio legítimo de la fuerza y de proteger a personas en proceso de reincorporación, esto es permitir y favorecer que grupos armados atenten y amenacen la vida de quienes están haciendo proyectos productivos para la construcción de paz. Además de esta manera, permite que estos grupos armados sigan haciendo uso del desplazamiento como estrategia militar y como herramienta política de control territorial y social.

Archila refuerza así la postura del gobierno que se ha negado constantemente a emprender investigaciones o presentar resultados contra los grupos ilegales, y además continúa con la tendencia de negar tanto la poca voluntad del gobierno de Duque en la implementación de los acuerdos de paz, como la ausencia de medidas reales para proteger la vida de los excombatientes desmovilizados. Además, Archila anunició que la reublicación demorará entre 3 y 7 meses, lo que significa que los reincorporados tendrán que continuar en la región amenazados por grupos ilegales mientras se desarrolla la gestión predial para el nuevo ETCR.

Lea aquí: «Marzo será un mes de confrontación»: Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales

Además del último asesinato, en el ETCR ya van 12 víctimas que han sido atacadas al momento de salir o ingresar a la zona, denuncua el Partido FARC en un comunicado publicado el 2 de febrero de este año y firmado por Rodrígo Londoño. En este comunicado también denuncian el asesinato de 186 reincorporados durante el 2019 en todo el país (el año con el número más alto desde la firma de los acuerdos), y hacen un llamado a el gobierno para tomar medidas concretas de protección y seguridad para las personas que le han apostado a la paz, y a no continuar la historia actitud pasiva y permisiva con grupos paramilitares. 

También puede leer: Continúa el asesinato sistemático de líderes sociales en Antioquia

CI YA/AO/03/02/2019/20:00

Related Posts: