Campesinos

Qué del afán no quede sino el cansancio: el PNIS y los campesinos en el suroriente colombiano

12 oct. CI.- Hace aproximadamente un mes Donald Trump amenazó al Gobierno colombiano con “desertificar” el país si este no logra disminuir el número de cultivos de coca de uso ilícitos en el país. Este anuncio viene a darse en el marco de los Acuerdos de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- que se han venido realizando con los campesinos de las zonas cocaleras.

Tras las diferentes dificultades que se han venido teniendo (pues el Acuerdo no se construyó con la mayor parte de las personas que participan en la cadena productiva del cultivo de hoja de coca con fines ilícitos) se ha avanzado y se han realizado unos acuerdos que aún necesitan ser reforzados. Sin embargo, este documento no cuenta con resoluciones frente al tema étnico, ni el de mujeres quienes también se verían afectadas tras la erradicación de la planta.

En medio de todas esas incertidumbres, el Gobierno Nacional en cabeza de la dirigencia del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS- ya realizó en el Guaviare los primeros pagos a los cultivadores en las zonas piloto, es decir, las veredas aledañas a Charras y Colinas respectivamente.

Ahora, el Gobierno Nacional (con el afán de resolverse tras la amenaza del Gobierno Norteamericano) ordena la erradicación forzada de los cultivos mayores a 3,8 hectáreas. Como resultado, que observamos con profunda indignación en San Andrés de Tumaco el asesinato por parte de la fuerza pública de 8 campesinos que realizaban un cerco humanitario para exigir espacios de participación reales en el marco del PNIS.

En medio de estas tensiones políticas se realizan reuniones con los campesinos del Suroccidente del Vichada, Sur del Meta y Guaviare, para realizar de manera acelerada la verificación de los cultivos no como se había planteado inicialmente (de finca en finca), sino que se realizarán reuniones con los núcleos veredales levantando la cartografía en las asambleas.

Algunos campesinos temen que la cartografía que puedan hacer por GPS no permita establecer el diámetro de sus cultivos. Por otro lado, de acuerdo a estas mediciones se contratarán los raspachines que harán las labores de erradicación voluntaria, pudiéndose disminuir el número de trabajadores que podrían estar acogidos en el marco de este proceso. Posterior a este primer pago, a los 60 días, los campesinos deberán tener sus fincas libres del cultivo y, en ese momento, la fuerza pública entrará a realizar la erradicación forzada.

Todo esto sin los espacios de participación adecuados y con las discusiones aún sin culminarse, lo cual dificulta toda la labor que los campesinos y campesinas están realizando para transformar los cultivos. Estos últimos han sido muy claros en informarle al país que no son defensores de la coca con fines ilícitos pero en medio de la marginación en la que se encuentran sus familias y sus territorios, las respuestas deben ser integrales.

Ellas y ellos, por ejemplo, proponen la capacitación técnica para la elaboración de proyectos productivos viables, la comercialización y la producción de productos acordes a las posibilidades del contexto y que le permitan al campesino la supervivencia y la garantía de derechos.

En medio del desorden y la baja asistencia, en la reunión realizada en el Guaviare, se resolvió que se elaboraría un cronograma para las visitas a los núcleos veredales, cuestión en la que los campesinos no quedaron muy de acuerdo.

No obstante, las y los campesinos persisten en que la esperanza que han signado en la paz pervive y esperan que sea cumplida por el Gobierno e insisten en que es necesario que el Estado colombiano reconozca al campesino como un sujeto político y que por ello se acoja a los tiempos y acuerdos que están pactos con ellos y no con los Estados Unidos.

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