30 nov, CI.- Luego de dos proyectos hundidos en el Congreso de la República durante este año, el debate sobre la reglamentación constitucional del uso del cannabis recreativo en adultos vuelve a tomar pulso tras aprobarse el primer debate en la Comisión Primera del Senado.

El pasado 25 de noviembre, con 10 votos a favor y 3 en contra, Colombia retomó la disputa legislativa por aprobar la regularización del consumo de marihuana en un proyecto que espera convertirse ley y el cual establece “un marco de regulación y control del cannabis uso adulto, con el fin de proteger a la población colombiana de los riesgos de salud pública y de seguridad”.

Los promotores de este debate son los Senadores Gustavo Bolívar y Luis Fernando Velasco. Ambos sostienen que con este proyecto no solamente habría un control estatal sobre los cultivos, distribución y almacenamiento de la sustancia; sino que ayudaría a contrarrestar la financiación de grupos al margen de la ley, que se basan en este tipo de economía ilícita. Además, la prohibición vigente genera diferentes problemáticas estructurales como las violencias por narcotráfico urbanas y rurales que han contribuido a la profundización del conflicto armado colombiano.

“Si el Gobierno, si la bancada de Gobierno permitiera la regulación de la marihuana, yo les aseguro que en cinco años estaríamos regulando la cocaína y estaríamos acabando de tajo con el negocio que ha sido transversal a todas nuestras violencias de los últimos 30 o 40 años. La cocaína y la marihuana sirvieron para financiar grupos guerrilleros, paramilitares, para financiar las Bacrim que están azotando los territorios en Colombia”, señaló Gustavo Bolívar.

El uso recreativo de cannabis y su criminalización

El Estado colombiano, adoptando el paradigma de un modelo penal de prohibición de las drogas contrario al de una regulación, ha generado constantemente políticas que permiten a las autoridades criminalizar y perseguir a consumidores. Así como también faculta a esas mismas instituciones para destruir drogas, incautarlas, imponer multas a los consumidores y una normatividad que incluso ha chocado constitucionalmente.

En junio de 2019 la Corte Constitucional tumbó un artículo del Código de Policía que prohibía consumir alcohol y drogas en espacios públicos, por considerar que violaba el derecho libre al desarrollo de personalidad.

Para María Angélica Jiménez, Representante Legal de la Corporación Temeride (una organización que le apuesta a trabajar interdisciplinariamente el tema del consumo de drogas, asistencia y consultoría para la atención de situaciones relevantes a la salud mental de poblaciones vulnerables), este primer debate aprobado es un gran paso hacia la regularización de otras sustancias legales y, por lo tanto, causaría un impacto positivo en la calidad de lo que se distribuye y en la salud pública.

“La posición (del Gobierno de Duque) debería ser basada en la realidad y entender que las personas consumen marihuana y entender cómo hacer que su consumo sea más responsable para su salud, para que haya más disponibilidad de información y poder debatir la calidad de lo que se consume. Es un tema para que se ponga sobre la mesa y la gente incluso pueda negociar. De hecho en algunos sectores, en barrios la gente logra eso y tiene lugares para el consumo que no son los que están normativizados pero llegan a acuerdos”, concluye Jiménez.

CI AO/PC/30/11/2020/08:00