6 jul CI.- El inédito grado de 81 personas privadas de la libertad en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional La Picota en Bogotá, ocurrió el mes pasado y fue la clausura del diplomado «Cátedra de Derechos Humanos y Sistema Carcelario», adelantado por la Universidad Pedagógica Nacional -UPN-.

El viernes 23 de junio, la UPN entregó el grado a los presos que participaron del diplomado, luego de 84 horas de capacitación en las que presos políticos, presos comunes, exmiembros de grupos paramilitares, personas pertenecientes a grupos insurgentes y dos personas transgénero aprendieron acerca de derechos humanos y mecanismos para su defensa.

Patricia Brión, docente de la UPN explicó que son «interesantes las reflexiones realizadas sobre derechos humanos y sobre educación. Creo que se dio un debate con altura”. Resaltó también que se logró el reconocimiento de las subjetividades, el diálogo: “Las personas detenidas cuestionaban cómo este modelo carcelario, además de ser injusto, homogeniza y los despoja de su ser”.

Carolina Torres, también de la UPN, señaló que el propósito de este tipo de diplomados con la población carcelaria obedece a un convenio que tienen con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- y en el cual se buscó la participación de personas recluidas que obedecían a diferentes perfiles.

Para la profesora Patricia Brión, “la población carcelaria, además de las condiciones que significa estar privado de la libertad, es una población que, por ejemplo, no ha sido tenida en cuenta en las negociaciones de los procesos de paz. Esta es una propuesta de lo que significa el posacuerdo en los diálogos con las FARC y las posibles negociaciones con el ELN”.

Nicolás Jiménez, defensor de derechos humanos y presos políticos del Congreso de los Pueblos, señaló que existen más de 120 mil personas privadas de la libertad en condiciones bastante difíciles que sufren violación de los derechos humanos: “Queremos llevar herramientas políticas y jurídicas que permitan a estas personas empoderarse al interior de las cárceles, fortalecer los procesos que adelantan y promover la construcción de una política penitenciaria distinta, enmarcada en los derechos humanos”.

Jiménez resaltó que las personas detenidas promueven la necesidad de su participación en la construcción de una política penitenciaria y carcelaria en Colombia para la paz. De igual forma, explicó que pretenden continuar estos procesos formativos el próximo semestre con el apoyo de otras universidades, centrados en los derechos humanos.

Inpec no reconoce a mujeres trans

Laura Katalina Zamora y Ana María Medina, denunciaron que el Inpec no tuvo en cuenta que las mujeres trans tienen nombres femeninos y las obligó a consignar su nombre masculino en las constancias de grado, sin tener en cuenta sus derechos. No obstante, la Universidad aclaró que cambiará los nombres, reconociendo su elección de género.

También comentaron que el proceso hormonal de las mujeres trans, que implica un tratamiento médico especial con unos medicamentos específicos, es vulnerado por la institución. Esta situación las obliga a ingresar clandestinamente los medicamentos.

Tanto Ana María como Laura Katalina, resaltaron la importancia del diplomado y señalaron que con el espacio propició el encuentro con otras personas al interior de La Picota, como los detenidos o profesores: “Este fue un espacio importante que nos permite visibilizarnos como mujeres trans”, sentenciaron.

Negligencia 

Según denunció el Movimiento Nacional Carcelario, el 22 de junio murió el interno José Ancesar Trujillo Albadan, debido a un infarto. Trujillo participaba del diplomado de Derechos Humanos. Los presos que lograron su grado, denunciaron que la muerte del interno se debió a la falta de atención preventiva y a la ausencia de un médico, «terminó siendo atendido por un enfermero y un grupo de auxiliares», declararon.

Las personas detenidas, organizadas en el Movimiento Nacional Carcelario, señalaron que en la cárcel no cuentan con medicamentos adecuados ni suficientes. Tampoco tienen suficiente atención de médicos (un médico para 10 personas) ni aparatos, algunos de los cuales son obsoletos o están averiados. Tampoco tienen acceso a fisioterapeuta, laboratorios ni servicios odontológicos.

Los presos políticos

Deiler Enrique Santiago, preso político del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, señaló que este diplomado es importante porque les brindó herramientas para defender los derechos constitucionales. Resaltó que este mecanismo pedagógico permite desdoblar conocimientos con otras personas presas.

 

CI FC/MP/06/07/16/12:00