Derechos Humanos

¿Por qué un mecanismo de prevención contra la tortura?

11 ene. CI.- Durante el Examen Periódico Universal – EPU – de Chile, que se realizará el 22 de enero de 2019 en la sede de la ONU de Ginebra en Suiza, la Comisión Ética Contra la Tortura – CECT – presentará un informe, dentro del cual uno de los puntos más importantes será el tema de la tortura.

Por Elena Rusca*. Isabel Mayorga Muñoz de la Comisión Ética Contra la Tortura –CECT- de Valdivia recordó como todas las manifestaciones en Chile, tanto las del pueblo Mapuche como las de todas las organizaciones de la sociedad civil (estudiantes, agrupaciones familiares y presos políticos, ambientalistas, entre otras), son violentamente reprimidas.

“En ese sentido”, explicó Mayorga, “un Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura –MNPT- ayudaría a garantizar los derechos del pueblo chileno. Ya que por ahora, solamente se habla de sanción de la tortura y eso significa que no se previene dicho comportamiento, lo que es gravísimo porque al final cuando hace falta un mecanismo de prevención, y que ciertas formas siguen por tanto tiempo, al final la tortura se legitima, se “culturaliza” en Chile”.

Esa manera de actuar es una clara voluntad política del gobierno para integrar una cierta manera de ver la sociedad y de vivir en este sistema. Esa voluntad política es la misma que se opone a un cambio de la ley antiterrorista, ley que ya fue juzgada por Ben Emerson, relator especial de Naciones Unidas, como no respetuosa de los Derechos Humanos. Pero, ¿hasta qué punto la política de prevención del estado chileno va a justificar vulneraciones de derechos?

“El MNPT”, continúa Mayorga, “podría ser un instrumento para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, aunque el proyecto de ese mismo mecanismo hasta ahora propuesto es insuficiente, porque no incorpora a la sociedad civil, ni tampoco a los mapuche”.

El Proyecto de ley sobre el MNPT se había presentado en 2017, y designaba solo al Instituto Nacional de Derechos Humanos -INDH- como mecanismo de prevención. Aunque eso sea un avance, efectivamente, el hecho que sea solamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos -INDH- el que se ocupe de esos asuntos significa que será el mismo Estado quien se controle a sí mismo, sin intervenciones de la sociedad civil.

Ese mismo proyecto acaba de ser ratificado (el 8 de enero 2019) por la Cámara de Chile. La totalidad de las modificaciones generales efectuadas por el Senado fueron aprobadas por 123 votos favorables, 3 en contra y 12 abstenciones. Las normas de quórum especial se validaron por 128 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones.

Como lo estipula la Cámara de Diputados de Chile, “Para el cumplimiento de su mandato, se prevé que el Instituto actúe exclusivamente a través del Comité de Prevención contra la Tortura, el que dará aplicación a lo dispuesto en la citada Convención (impulsada por las Naciones Unidas), así como por su Protocolo Facultativo, los tratados internacionales en la materia ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, la Constitución Política de la República y las demás normativas vigentes”.

En referencia a los Informes alternativos para el 3er Ciclo del Examen Periódico Universal del Estado de Chile – Enero 2019, pág. 79, “El propio Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) en su visita a Chile en el 2016 declaró que con el fin de garantizar la autonomía funcional del MNPT, el SPT recomienda que el MNPT no esté sujeto a ninguna forma de subordinación con el INDH […] Esto implica que el MNPT debe actuar de forma independiente, no solo del Estado, sino también del INDH”.

Otro tema preocupante en referencia al tema, que se espera sea tratado durante el EPU es la excepción de la denuncia sólo a casos que constituyan tortura. “Esta excepcionalidad”, nos advierte el informe, “puede acentuar la perpetuación de la impunidad que por regla general revisten los hechos de violencia institucional, advirtiendo la posibilidad concreta de que estos mermen en la medida en que sean debidamente investigados y sancionados. Según el Boletín estadístico de la Fiscalía Nacional, entre noviembre de 2016 y noviembre de 2017 ingresó 2.042 denuncias por el delito de apremios ilegítimos y torturas, de estos, 1.940 han sido llevados a término. Del total, solo 24 han tenido una sentencia condenatoria, mientras que las restantes tuvieron otros términos, destacando el archivo provisional (1.328) y la decisión de no perseverar (111). Los datos hablan de una impunidad manifiesta y una escasa o nula investigación en este tipo de ilícitos”.

*Elena Rusca es periodista y fotógrafa. Corresponsal de Colombia Informa en Ginebra, Suiza.

CI ER/FC/11/01/2019/07:30

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