20 abr. CI.- Este lunes el Ejército de Liberación Nacional -ELN- reiteró la continuidad de las retenciones como actividad para su financiamiento. El Gobierno, por su parte, a través de Juan Camilo Restrepo manifestó días antes que para avanzar en la Mesa el cese de los ‘secuestros’ será primordial. El Derecho Internacional Humanitario y el derecho a la Rebelión son el marco legal de esta discusión que lleva más de 50 años. Mientras, la sociedad y el cese del fuego bilateral esperan su turno en la Mesa para llegar a un acuerdo.


En Colombia, como en cualquier estado social de derecho, el Estado tiene la responsabilidad para garantizar la participación democrática de la sociedad en el gobierno. Sin embargo, en un contexto de implementación de los acuerdos logrados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y de negociación con el ELN, la sociedad ha necesitado exigir mecanismos de participación en la solución política del conflicto con las insurgencias, y la protección ante la violencia paramilitar que pretende evitar su participación alrededor de todo el país.

La participación en la negociación con el ELN

La Agenda para el diálogo fue clara en cuanto a su ejecución pronta y rigurosa desde que inició en marzo de 2016 públicamente la negociación entre las Delegaciones (Gobierno y ELN) en Venezuela. Un año después, la sociedad no sabe cómo va a participar ni las condiciones para que sus reclamos sean escuchados y eficazmente resueltos, a pesar de que la “Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz” es el primer punto que las delegaciones comprometieron acordar.

Juan Camilo Restrepo, jefe de la delegación del Gobierno, insiste en que este incumplimiento es porque los ‘secuestros’ realizados por el ELN no terminan. Pablo Beltrán, jefe de la delegación del grupo insurgente, aclaró que ese debate hace parte del quinto punto de la Agenda: “Fin del Conflicto Armado”. Todo indica que una de las partes pretende adelantar la Agenda y saltar cuatro de sus cincos puntos.

Ambiente de desconfianza

El cese del fuego bilateral es una apuesta que las delegaciones hicieron desde que se inició la negociación para la paz. No obstante, la militarización de los territorios aumenta y el paramilitarismo crece, tal y como lo expresó Human Right Watch en su informe al inicio de este 2017.

Los atentados a líderes sociales y defensores de derechos humanos así como a líderes de fuerzas políticas alternativas, son el claro ejemplo de esta situación problemática que impide la participación de la gente en el proceso de paz. Avanzar en el primer punto de la Agenda implica que la Delegación del Gobierno asuma que el paramilitarismo es el verdadero obstáculo, tal y como lo hizo la Delegación del ELN.

Las retenciones realizadas por la insurgencia efectivamente están condenadas por el Derecho Internacional Humanitario pero también están en el marco de actividades que el ELN realiza en su ejercicio al derecho a la rebelión. Insistir en este aspecto ahora, como lo hace Juan Camilo Restrepo, condenará la Mesa de negociación para la paz entre el ELN y el Gobierno.

CI JA/PC/20/04/17/12:15