Foto de Amnesty InternationalLos hechos involucran a varios agentes de la estación de policía del barrio Villatina, en la comuna 8 de Medellín. Según las denunciantes el pasado 20 de enero de 2013 varias mujeres menores de 18 años y un hombre de 16 años fueron violentados y una de ellas agredida sexualmente dentro de la estación; los hechos se desarrollaron después de la intervención de las autoridades en un incidente de riña.

Amaranta -nombre ficticio- es una joven de la comuna 8, que participa junto a su familia, de los procesos de formación que realiza la Red Juvenil de Medellín, organización Antimilitarista y Feminista.

Amaranta se encontraba el pasado 20 de enero de 2013 cerca a su residencia cuando tuvo un altercado con una vecina del sector, quien la agredió físicamente, luego de que Amaranta le reclamara por varías injurias de las que era víctima. Mientras se desenvolvía la discusión llegaron al lugar policías pertenecientes a la estación de Villatina con el objetivo de separar a las implicadas en el pleito. Amaranta al ser separada de su agresora, convidó a la policía para denunciar a dicha mujer, mayor de edad, por las agresiones de las que fue víctima, siendo ella menor de edad. La respuesta de los oficiales fue «vallase para la casa deje de joder».

La menor reiteró su disposición de entablar la demanda, la respuesta de los policías fue empezar a estrujarla y a golpearla, en ese momento llegaron sus dos hermanas, ambas menores de edad igualmente, quienes trataron de defenderla pero también resultaron agredidas por los uniformados. En cuestión de minutos llego una patrulla al lugar con la intención de llevarse a Amaranta, la madre, quien acababa de llegar, se negó a la detención argumentando que era una menor de edad. En ese instante un policía se bajó de la patrulla y cogió fuertemente por el cuello a la madre de Amaranta, quien al estar asfixiada se desmayo y perdió el conocimiento.

Al ser reiterados los golpes por parte de los policías hacia Amaranta y sus hermanas, un joven de 16 años se interpuso, increpando a los agentes para que no las golpearan más, estos se fueron encima de él golpeándolo fuertemente.

Amaranta narra los hechos que sucedieron a la agresión de los policías, «nos montaron a mí y al otro joven a la patrulla y nos llevaron a la Estación de Policía de Villatina en el barrio Caicedo, cuando nos sacaron de la patrulla nos echaron espray en los ojos, a mi amigo lo separaron de mi y lo dejaron a fuera de los baños y lo pusieron a llenar unos baldes mientras lo golpearon fuertemente, con puños y pata, a mí cuando me bajaron de la patrulla y después de echarme un espray picante en la cara me dejaron en una mesa, y allí empezaron a pegarme, bajándome los pantalones y me pegaron en las nalgas, yo gritaba y lloraba, y ellos me decían que era una perra, que me callara, que si mi mama no me reprendía ellos si lo harían, y que yo como perra debía estar en el centro putiando, y me hicieron arañazos por los lados de la nuca, como yo no me dejaba coger ellos trataban de ahorcarme y me decían que no me pusiera de sapa, porque resultaba picada, luego me cogieron del pelo y me pegaron cachetadas, después me llevaron donde mi amigo, y nos pegaron a los dos, y nos seguían echando espray, después de pegarnos nos echaron agua en la cara y decían que para que nos ardiera mas la cara y luego un policía cogió un balde lleno de orines y nos lo echo encima y seguían diciendo que nos quedarnos callados que éramos unas bolas de mugre. Después de esto llego otro policía y con una trapera me pego».

La madre de Amaranta llego a la estación con las otra madre en busca de sus hijos y les solicitaron a los agentes de policía sus identificaciones, estos se las taparon y afirmaron que los detenidos estaban bien; al salir de la estación los policías como parte de su protocolo, les pidieron firmar un acta de no maltrato, documento que las madres objetaron firmar pues era evidente el grave daño que habían sufrido sus hijos menores de edad.

En el cuerpo de Amaranta de evidencia los moretones y heridas propinadas por la botas de los agentes, así como las marcas en su cuello; el joven que intercedió en su ayuda, terminó con la nariz reventada y un esguince en el tobillo producto de las patadas. Las madres llevaron a Amaranta y al joven de 16 años a un centro médico, en el cual les atendieron las heridas propiciadas por la fuerza pública y posteriormente se dirigieron a medicina legal, en donde les indicaron una incapacidad de 15 y 8 días respectivamente.

La Red Juvenil de Medellín expresa en un comunicado, «ante estos hechos que no son actos aislados en la actuación de la policía, sino por el contrario, son actuaciones sistemáticas e históricas en contra de la población empobrecida, de las niñas, los niños y los jóvenes, que reflejan el carácter militar y represor del estado como único método para afrontar la conflictividad social; La Red Juvenil, organización Antimilitarista y Feminista, con más de 20 años de accionar político […] hace responsable a las autoridades locales en cabeza del alcalde y el comandante de la policía de la ciudad, de la vida e integridad de las personas que han realizado esta denuncia, quienes fueron claramente amenazadas por los agentes de la estación de policía de Villatina, les instamos a proteger los derechos de las víctimas, como es su obligación constitucional y a colaborar en las investigaciones pertinentes contra los responsables denunciados.»

En los últimos 3 años la Comuna 8 de Medellín ha vivido el recrudecimiento del accionar militar de grupos armados y su confrontación con la fuerza pública; en el medio una población empobrecida, desplazada forzadamente del campo a la ciudad, habitando barrios sin acueducto, alcantarillado, vías y equipamiento colectivo. Miles de familias que derivan el sustento del trabajo informal y en las cuales las niñas y los niños, abandonan la escuela por proteger sus vidas y por falta de medios para mantenerse en el sistema escolar, más de 100 familias afrodescendientes obligadas a desplazarse al finalizar el año 2012, reclutamiento forzado de niñas, niños y jóvenes, explotación sexual y trata de mujeres niñas y jóvenes; son solo algunas de las problemáticas de derechos humanos que describen la grave crisis humanitaria que vive la comuna 8.

Contexto Nacional

Estos hechos se desarrollan previos al anuncio dado por el gobierno de Juan Manuel Santos, este 24 de enero de 2013, quien presento varías medidas de atención dirigidas a aquellas mujeres víctimas de violencia cuya vida e integridad se encuentren en riesgo, así como para sus hijas e hijos; la iniciativa afirma que, «las medidas de atención incluyen los servicios temporales de habitación, alimentación y transporte que serán otorgados por autoridades administrativas y judiciales como las Comisarías de Familia en los casos de violencia intrafamiliar o el Juez de Control de Garantías para situaciones de violencia en ámbitos diferentes al familiar.» 

Para muchas organizaciones, frente a las cifras de agresión oficiales, resulta paradójico que se de este anuncio por parte del gobierno. En un informe presentado en el mes de mayo de 2012 por organizaciones de mujeres y derechos humanos a Margot Wallström, representante especial del secretario general para la violencia sexual en contextos de conflictos armados, afirma que «de acuerdo con la información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el periodo 2008-2010 se realizaron 52.681 informes periciales sexológicos por presunto delito sexual contra las mujeres. De estos informes 219 se le realizaron a mujeres cuyo presunto agresor había sido un actor armado del conflicto. Entre estos el que mayor número de denuncias presentó como presunto agresor fue la Policía con el 38,8% de las denuncias, seguida por las Fuerzas Militares con el 19,2%, las bandas criminales con el 8,2%, las FARC con el 7,3%, Otras guerrillas diferentes de las FARC y el ELN con el 6,4%, narcotraficantes con el 5,9%, pandillas y grupos de seguridad cada uno con 5,5%, otros miembros del Estado con 1,8% y el ELN con el 1,4%.» Según las cifras presentadas en el informe, es el Estado colombiano, con un 59,8%, el mayor responsable de agresiones sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto armado.

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