13 ene. CI.- A pesar de las movilizaciones, los conceptos desfavorables y la oposición parlamentaria, a las nueve de la mañana fue entregada la empresa generadora de energía Isagen. La única empresa oferente en la “subasta” púbica, la canadiense Brookfield Asset Managment, pagó 6,49 billones de pesos por el 57% de las acciones.
Según la Bolsa de Valores de Colombia, las 1’570.490.767 acciones ofrecidas por el Gobierno fueron adjudicados a la Brookfield por el valor mínimo: 4130 pesos cada una. Por este precio, la nación dejará de percibir cerca de 300 mil millones de pesos al año.
Centrales obreras, políticos opositores, organizaciones sociales y ciudadanos rechazaron la decisión del Gobierno Nacional de vender Isagen. Para el senador Jorge Enrique Robledo, este hecho tendrá consecuencias directas en el bolsillo de los colombianos: “Si la energía generada y administrada por Isagen ya no es propiedad del Estado, habrá que pagar por ella. Esto significa un aumento en los impuestos para los ciudadanos”, afirmó.
Por su parte, el senador del Polo Democrático, Ivan Cepeda, anunció en su cuenta de Twitter que será el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas “deberá asumir responsabilidad de la irregular subasta de Isagen”. En varias ciudades del país se realizaron protestas para expresar la negativa a la medida gubernamental.
A pesar de la oposición del pueblo colombiano
Pese a que importantes sectores políticos y sociales protestaron en contra de la venta de Isagén, el gobierno realizó la subasta con un solo oferente, de acuerdo con el cómodo decreto 1082 de 2015, expedido por el Departamento Nacional de Planeación, Artículo 2.2.1.1.2.2.6. Adjudicación con oferta única. La Entidad Estatal puede adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones, sin perjuicio de las disposiciones especiales establecidas en la ley y el presente título para la subasta inversa, el concurso de méritos y las reglas particulares para los procesos con convocatoria limitada a las Mipyme. En este sentido, la empresa BRE Colombia Investments LP perteneciente a el consorcio canadiense Brookfield Asset Management se quedó con el control del 57.6 % de la compañía eléctrica por $6.49 billones de pesos.
La excusa para la venta de Isagén fue la necesidad de invertir capital en el proyecto Cuarta Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia, un programa de infraestructura vial que pretende la construcción de más de 8000 km de carreteras, incluyendo 1370 km de doble calzadas y 159 túneles, con la intención de mejorar la competitividad del país al disminuir el tiempo, y por ende el costo, del transporte de carga desde los puntos de manufactura hasta los puertos de exportación. Esto fortalecerá el plan de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el cual no ha atendido a las demandas sociales y ha pasado por encima de los planes de vida de algunas comunidades del país.
Esta empresa es la segunda generadora de energía después de Empresas Públicas de Medellín, con una producción de 3032 megavatios que aseguraban la autonomía energética del país; uno de los temores de los ciudadanos con la venta es la nueva especulación de las tarifas de energía y el futuro de las miles de hectáreas de bosque que pueden ser usufructuadas por el consorcio canadiense para recuperar su inversión, es decir, se presupone la destrucción de varios territorios por parte de los intereses transaccionales sobre los bienes comunes y públicos que hay en Colombia, sean ambientales, minerales o energéticos.
Unión, organización y movilización
En el plantón realizado el pasado 12 de enero en la ciudad de Medellín, diversas organizaciones expresaron que a pesar de la posible venta de Isagén estas seguirán con la defensa de los derechos de los afectados por la construcción de hidroeléctricas y abogarán en la transformación de un modelo minero-energético.
El actual representante a la Cámara por el Polo Democrático Víctor Correa expresó que la lucha popular por la defensa de Isagén tiene que masificarse, recalcando que algunos gobernantes vienen realizando una tarea en defensa de lo público. Sin embargo, para él la lucha popular “más valiosa, más fructífera y más contundente tiene que darse en las calles, tiene que darse con el pueblo luchando por romper estos gobiernos corruptos, por romper con estos gobiernos clientelistas, por romper con los gobiernos de las mermeladas y aquellos que toman los recursos públicos”.
Los recursos públicos deben beneficiar a cada uno de los colombianos, pero el gobierno nacional solo busca “llenar los bolsillos a las grandes multinacionales y al sector financiero, nos quieren hacer responsables por el desastre económico y social que han causado décadas de malos gobiernos”, expresó Correa invitando a los colombianos a movilizarse no solo por la privatización de Isagén sino también por el agro, la salud, la educación y el trabajo.
Isagén es un activo estratégico que permite la soberanía energética del país, tal como lo afirmó Pablo Andrés Celis, integrante de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos de Antioquia, “la venta incrementará las tarifas para los usuarios y rebajará importantes recursos que se destinan a la inversión social en los departamentos de Colombia. Es una perdida para la nación”.
Esta productora de energía en Colombia no es la única que se encuentran en manos de las transnacionales, como la compañía multinacional Endesa-Enel un operador integrado líder en los mercados mundiales de electricidad y gas, focalizado en los mercados de Europa y Latinoamérica, el cual está a cargo del 38% de las acciones de la represa del Quimbo. Juan Pablo Soler, integrante del Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas «Ríos Vivos», explica que “vemos una diferencia entre un actor nacional y un actor transnacional pues no es lo mismo reclamar a una empresa pública, que una empresa privada y eso ya lo hemos visto con la construcción de la represa del Quimbo”, aseguró. En el caso concreto del movimiento Ríos Vivos los proyectos de Hidrosogamoso y el río Guarinó son sus principales afectaciones.
La movilización social ha sido una de las alternativas que ha encontrado la ciudadanía ante estas políticas impositivas del gobierno actual “todos los usuarios debemos fortalecernos, unirnos, organizarnos y salir a movilizarnos a las calles en protesta de esta venta del patrimonio público nacional”, mencionó Celis.
¿Y la crisis energética?
El fenómeno del niño ha provocado una dramática reducción en los niveles de los ríos que alimentan acueductos y embalses del país, hecho que ya motivó un aumento en las tarifas de energía en 2015. Al respecto, el director del Observatorio de Energía de la Universidad Nacional, Germán Corredor, aseguró que frente a la crisis “el país necesita diversificación de fuentes de energía, trabajo que Isagen ejercía a través de plantas eólicas y geotérmicas. Esto se puede perder si se considera que un privado tiene un objetivo distinto a la sostenibilidad”.
Lo cierto es que, frente al enorme hueco que hará Isagen en las finanzas nacionales y la incertidumbre a propósito del consumo energético del país, la respuesta gubernamental parece insuficiente al delegar la responsabilidad de la sobre carga en los ciudadanos a partir de restricciones en el servicio, no se descartan apagones, mientras las empresas extranjeras mantienen su consumo habitual de agua y energía.
Se afirma que el dinero de la venta será invertido en la construcción de las autopistas 4G o de cuarta generación, proyecto bandera de la prosperidad democrática que viene del primer mandato de Juan Manuel Santos, una promesa que el desaceleramiento de la economía y la recesión han impedido cumplir pero que el Gobierno se empeña en desarrollar.
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