Durante el Encuentro Por la Libertad y el Derecho a la Protesta Social de la Región Centro, Colombia Informa entrevistó a Robinson Díaz Alonso, habitante del municipio de Cajamarca y delegado del Congreso de los Pueblos por el departamento del Tolima. Su comunidad se ve afectada por la presencia de la multinacional Anglo Gold Ashanti que pretende explotar la mina a cielo abierto de oro más grande de Colombia, La Colosa.

C. I.: ¿Cuéntenos a que organización pertenece y cuáles son las denuncias que tiene en el marco de la Campaña «Defender la libertad es un asunto de tod@s»?

Robinson Díaz: “Soy integrante del Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca COSAJUCA, venimos llevando un ejercicio de resistencia por la defensa del territorio frente a varias multinacionales que hacen presencia en el municipio de Cajamarca, en el Tolima. Mediante este contexto hemos sido víctimas de una persecución, estigmatización y criminalización de nuestro ejercicio, hasta tal punto que nos ha tocado convertirnos en defensores de derechos humanos de nosotros mismo, en el hecho de que compañeros, como el caso de Daniel Humberto Sánchez que en junio del año  2012 fue sacado de su institución educativa, siendo él un menor de edad, por dos policías que responden al nombre Andrés Guerra y Alexander Pérez, los cuales lo dirigen al calabozo de la inspección de Policía del municipio de Cajamarca, totalmente golpeado, después que lo golpean llaman a sus padres, a los padres los atemorizan, los obligan a firmar un documento de exoneración de cualquier daño y que en caso de no hacerlo el perjudicado va a ser el hijo, es decir Daniel. Esto nos limita las denuncias que se hacen a través de la Fundación Comité de Solidaridad Con Los Presos Políticos. 

Nosotros somos un colectivo que no tiene un local o ninguna sede, nos reunimos en las casas o en su defecto en los sitios públicos como los parques, los coliseos, las canchas que tiene el municipio, pero siempre que nos reunimos la policía metropolitana en cabeza del hoy Coronel Prieto y el Sargento Rigoberto Andrade nos aplican un “protocolo” que cada vez que nos reunimos nos tienen que requisar y revisar los documentos, en varios momentos se han generado altercados. Uno de esos le sucedió al compañero Anderson Ardila el cual tuvo una laceración de cinco centímetros en su mano izquierda por parte de un policía, el cual fue identificado, ésta acción fue llevada a una demanda ante la fiscalía, la cual está en estos momentos en seguimiento, eso fue hace casi cuatro meses.”

C. I.: ¿Y han continuado con las agresiones contra los integrantes de COSAJUCA?

R.D.: “Ahora ya no nos arremeten con fuerza violenta sino que ya han utilizado otras acciones. El caso que me ocurrió a mí fue que una persona hace una denuncia por una supuesta amenaza de muerte que yo había hecho, eso fue un día sábado al mediodía la demanda y a mí a las cuatro ya me tenían en la Sijin, porque me habían cogido en un operativo donde participaron ocho policías, dos motorizados y después una patrulla de la policía. A mí me llevan casi obligándome pero yo no opuse resistencia porque quería saber qué era lo que me estaban acusando, porque eso que estaban haciendo no lo podían hacer porque no tenían orden. Al llegar allá, lo único que me hace el sub-intendente de la Sijin Saavedra me dice a mí que yo me tengo que cuidar porque prácticamente cualquier cosa que le pase al señor que hizo la denuncia iba a caer sobre mí, porque supuestamente yo lo había amenazado de muerte y en estos momentos prácticamente yo tenía que pagarle guardaespaldas al señor para que no le pasara nada, y por eso yo tenía que colaborar con la justicia para saber lo que va a pasar, a mi me da risa y eso hace que pase de un trato intimidante a uno agresivo, entonces me dice que ahora sigue el procedimiento de individualizarme, supuestamente porque yo tenía que ser judicializado por eso. Ahí soy retenido cerca de hora y media en las oficinas de la SIJIN, los compañeros del colectivo afuera hicieron toda la gestión para que fueran a retenerme más tiempo y mi madre también, luego de esa hora y media el entonces Mayor Prieto, se me acerca y me dice “yo le voy a dar un consejo y es que usted no se meta más en nada de esto quédese quieto que nosotros sabemos que no usted no es un tirapiedra ni nada de eso, pero ustedes se están metiendo en cosas que no les compete”, yo le contesto de manera indiferente y me voy. Después de lo sucedido yo hago un derecho de petición a la SIJIN y a la Fiscalía para saber qué era el proceso que me estaban abriendo, porque no me quedaba claro porque sin orden de captura me estaban haciendo todo eso. Al tiempo sospechosamente recibo la respuesta que allí no había ningún documento mío, no hay nada firmado mío, no existe ningún proceso que lleven conmigo. Esto genera mucha indignación porque lo que querían era amedrentar el proceso que estamos llevando. La denuncia de este hecho se hace a través de la Procuraduría y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos para que hicieran el seguimiento a los agentes encargados de este operativo.”

C.I.: ¿Y qué sucedió en Cajamarca durante el Paro Nacional Agrario?

R.D.: En el marco del Paro Agrario Nacional y el Paro Cafetero, nosotros somos estigmatizados como revoltosos, como tirapiedras, como sujetos que lo único que queríamos era generar el caos en medio del Paro, entonces somos señalados por la fuerza pública. Un caso fue el del compañero Jefferson Cruz perteneciente al colectivo es capturado por la Policía y es detenido cerca de diez horas, en donde el mismo Coronel Prieto que por ser de COSAJUCA no lo van a soltar y que va a ser la única persona que va a tener que pagar por eso y les indica a los demás subordinados que persona que cojan de COSAJUCA no lo vayan a soltar ni por el chiras (sic). En ese momento no había comunicación directa con el Comité porque habían quitado el internet, habían quitado todo, incluso la cobertura para celular y cualquier cosa para comunicarse con las personas que están en Ibagué para hacer la denuncia, por eso es necesario que la madre del joven y el colectivo en compañía a cerca de cien personas vayan afuera de la inspección de policía a solicitar la libertad del joven. Antes de ser liberado el joven es torturado psicológicamente, diciéndole que no podía salir, que lo iban a matar, que si se dejaba pillar iba a saber cómo eran las cosas, que hoy lo habían salvado pero que hay quedaba el expediente.

En ese marco sale el “Cartel de Los Vándalos” durante el Paro Agrario, en donde curiosamente hacemos el balance en términos de vandalismo en Cajamarca no existió porque no hubo un vidrio roto, no hubo una pared rayada. Lo más ilógico es que en ciudades como Bogotá salieron casi 48 personas, en Ibagué salieron 24, en Cajamarca que es un municipio tan pequeño porque salieron 74 personas y lo más preocupante es que casi el 80% que salen ahí son las personas que salen a marchar en contra del proyecto minero de La Colosa. 

 

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