08 mar. CI.- La reciente captura de Santiago Uribe, hermano del ex presidente y hoy senador de la república Álvaro Uribe Vélez, acusado de homicidio y concierto para delinquir a través del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” ha generado rechazo de la oposición uribista tanto en sus bases partidistas como en sus líderes políticos. 

El discurso con el que el uribismo combate la actual coyuntura es el de acusar al gobierno Santos de llevar una “persecución política” en contra de Santiago Uribe, discurso que se ha hecho común entre la opinión pública nacional en situaciones de este tipo: participantes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez con acusaciones de alto calibre.

No solo los diálogos de La Habana mantienen en tensión al gobierno Santos y la oposición uribista. La captura de Santiago Uribe ha enardecido el clima político en Colombia debido a la polarización que se ha profundizado con el nacimiento del partido Centro Democrático. Las opiniones están divididas y mientras unos creen que Santiago Uribe debe responder únicamente a la justicia otros catalogan la actuación judicial como “persecución política” del gobierno Santos a la oposición, en este caso la uribista.

No es la primera vez que el uribismo se defiende de acusaciones graves excusándose en un aparato estatal al servicio de intereses políticos y no de los ciudadanos. Desde las acusaciones al ex ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, pasando por el ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo y finalmente la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- María del Pilar Hurtado, el uribismo denuncia que están siendo acosados por el Gobierno y sus instituciones en un intento de suprimirlos de la arena política. El común de estos 3 casos, además de sus filiaciones políticas e ideológicas, es que todos rehuyeron inicialmente sus responsabilidades ciudadanas y administrativas, abandonando el país aduciendo falta de garantías jurídicas. 

La historia de Colombia es sin duda una de las más preocupantes en términos de represión política y social en América Latina, sobre todo a los movimientos de izquierda. La persecución política a la izquierda ha sido regularizada como práctica estatal para acallar las reivindicaciones sociales que estas tienen. El gobierno ha asegurado que existen todas las garantías para proteger el debido proceso y las investigaciones de forma que no estén contaminadas.

Recordemos las circunstancias en que se ha señalado a miembros del gobierno de Uribe para entender si han sido una fuerza política “reprimida” en los últimos años. Andrés Felipe Arias fue hallado culpable por peculado en favorecimiento a terceros y celebración ilegal de contratos por el caso de Agro Ingreso Seguro, en este momento prófugo de la justicia. Luis Carlos Restrepo fue acusado por las falsas desmovilizaciones del frente Cacica La Gaitana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- y también se encuentra fuera del país a pesar de los requerimientos del Estado colombiano. 

Finalmente, María del Pilar Hurtado fue acusada de escuchas ilegales a periodistas y miembros de las altas cortes mientras dirigía el extinto DAS.  Se entregó a la justicia luego de un período de asilo político en Panamá. Todas las acusaciones han resultados de graves escándalos de corrupción durante el gobierno Uribe y sus posteriores investigaciones, investigaciones en las cuales los acusados no han colaborado. 

Estos casos de corrupción han sido negados por el uribismo al igual que los casos de falsos positivos, a pesar de que investigaciones exhaustivas no solo de las instituciones colombianas sino también de organismos internacionales han aportado las pruebas sobre dicho fenómeno surgido de la política de seguridad democrática.

El panorama no parece muy alentador en el caso de Santiago Uribe. En pleno proceso de diálogos de paz se están combatiendo los grupos paramilitares del país, tal cual fue exigencia puesta en la mesa de negociación por parte de las FARC. Casos como estos son prioritarios para la justicia en la actual coyuntura y teniendo en cuenta la ascendencia de la figura involucrada los ojos de la opinión pública estarán con los ojos puestos en el proceso. 

Siendo así será difícil que esta acusación se resuelva por medios políticos y Santiago tendrá que afrontar sus responsabilidades penales a pesar de la presión mediática del uribismo que se presenta como una víctima del hambre política de personas como el Fiscal General de la Nación, tal como lo afirmó el mismo Álvaro Uribe.

No sabemos si este tipo de investigaciones y su diligencia responda a prioridades de carácter político y electoral ya que la independencia de los poderes en Colombia es en ocasiones difusa. Lo que sí sabemos en que no se pueden eximir de sus responsabilidades a altos funcionarios que estén involucrados en crímenes de esta gravedad, no olvidando que deben responder penal y administrativamente por sus actos, ya que en los casos mencionados parece no haberse podido encontrar justicia por la huida de los protagonistas. 

Y lo que sí es cierto es que la “persecución política” se ha convertido en el arma discursiva más poderosa de la oposición de la extrema derecha, ridiculizando lo que históricamente ha significado la represión estatal a los movimientos sociales y populares, los que a pesar de ello no han renunciado a sus demandas ni a su lucha política.

CI LR/MP/08/03/16/05:30