Las fuerzas políticas Marcha Patriótica y Unión Patriótica denunciaron nuevas amenazas contra la vida de varios de sus miembros por parte del grupo paramilitar Los Rastrojos. «Se van del país o los acabamos», advierten en un panfleto distribuido en distintas regiones del país.

Según denunció el movimiento político Marcha Patriótica, en la tarde de ayer llegó a una de sus cuentas de correo electrónico un texto con amenazas de muerte por parte del grupo Los Rastrojos. Esto se suma a los panfletos que el grupo paramilitar hizo circular en regiones del país como Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Santander. Allí hacen mención explicita a los candidatos electorales de esas fuerzas políticas: «La orden perentoria y explícita para neutralizar a los candidatos al Senado y la Cámara que hoy están en campaña y especialmente por la cabeza de Aída Abello, Omar Calderón, Carlos Lozano y Jaime Caicedo”. El panfleto agrega: «Ya está la orden para empezar el plan pistola y se nos informó que algunos de ellos andan sin protección del Estado y nos dieron las coordenadas de su itinerario (sic). Se van del país o los acabamos”.

Estas amenazas se suman al pedido de la vocera de Marcha Patriótica, Piedad Córdoba, quien solicitó investigar el asesinato del hijo de la lideresa comunitaria Ana Fabricia Córdoba, también asesinada en 2011. La dirigente política pidió al Gobierno Nacional que investigue los graves hechos en los que murió asesinado el sábado 31 de enero en Medellín, Carlos Arturo Ospina Córdoba de 22 años.

Por su parte el Ministerio de Gobierno colombiano expresó, a través de su cuenta en twitter, el “rechazo absoluto a las amenazas a la candidata presidencial de la UP, Aída Abella”. Sin embargo, no se conoce cuáles serían las medidas gubernamentales para proteger la integridad de ella y de las demás personas amenazadas. 

En rueda de prensa realizada el pasado 23 de enero, Marcha Patriótica anunció la posibilidad de su autodisolución como respuesta a «un plan de exterminio y persecución que se realiza desde su fundación en abril de 2002”. En dicha rueda denunciaron el asesinato de 29 de sus miembros, el encarcelamiento de 40, por lo menos 25 amenazas de muerte, 1 destitución de la Procuraduría (en el caso de Piedad Córdoba) y 250 señalamientos a sus militantes. Similares denuncias realizaron voceros de los sindicatos  de la USO y Sinaltrainal, y las organizaciones campesinas Coordinador Nacional Agrario (CNA) y Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA).