En Medellín el paramilitarismo es una estructura criminal organizada que se ha fortalecido con los años. Pasó de una lógica de “combos de barrio” a desarrollar toda una estructura económica vinculada estrechamente a las dinámicas del tejido social y a las necesidades y carencias de las comunidades. Su accionar, ya naturalizado en los barrios, se financia con los impuestos y contribuciones a la vigilancia, el orden, la justicia y el consumo que los habitantes de la ciudad están obligados a pagar. En las tiendas la distribución y venta de algunos productos de primera necesidad ha pasado a manos de los paramilitares, quienes también cobran impuestos o multas al transporte público, por tener un negocio, vender una propiedad, agredir a otra persona, hacer ruido con el equipo de sonido o tirar basuras a la calle.
“Todos sabemos que tenemos que pagar la vigilancia. A mí me cobran $5000 cada ocho días porque mi casa es pequeña (…) A las más grandes y más bonitas les cobran más. Todos los negocios del barrio pagan también, pero no pagan lo mismo (…) eso depende de si tiene mucha clientela. Todos lo buses pagan impuesto y los carros que suben desde la estación (del metro) son de ellos”, comentó Jairo, habitante del barrio Andalucía, en la zona nororiental de la ciudad. Controlar el comercio formal e informal en cada barrio le ha permitido a los paramilitares consolidarse como una estructura autónoma que desempeña un rol fundamental en las comunidades. La gente paga por un servicio de vigilancia que es funcional y les asegura un falso bienestar en el que el incumplimiento también se paga, a un costo mucho más alto.
El centro de la ciudad, por ejemplo, al comercio formal le ofrecen un paquete de servicios de seguridad, como el de vigilancia, pero al comercio informal le cobran un impuesto y además le garantizan ubicación y organización en el espacio público (calles, aceras).
Los “impuestos”
Los términos han cambiado, ahora a las vacunas se les llama “impuestos” y a la extorsión “colaboración”. “Ya no llegan groseros, como antes que llegaban insultando a la gente, ahora llegan muy amables, saludan. Hasta le preguntan a uno por la familia y luego cobran (…) advierten que si uno no paga hay consecuencias y que no vale la pena que eso pase. Ya si el asunto es muy grave como que un marido le pegue a su mujer, “los muchachos” van y lo amenazan, lo hacen ir del barrio o le dan una paliza y no le dejan sacar nada de la casa”, expresó Jairo.
“Si usted tiene una casa sin garaje y parquea la moto o el carro en la calle tiene que pagar una mensualidad por usar el espacio público; si va a hacer una fiesta tiene que avisar, decir más o menos cuántas personas van a ir y quitar la música a la hora que ellos digan. Si usted pone música muy duro entre semana y los vecinos se quejan ellos bajan y apagan el equipo. A mi no me consta, pero me han contado que a algunas personas le cobran un ‘peaje’ por ir a visitar a la novia, pero eso es más por montársela a alguien que nos les caiga bien”, concluyó.
Nadie en una esquina se para a vender algo sin la autorización de la estructura. Ni chance, ni lotería, ni minutos, ni chicles, nada. Todo debe contar con la aprobación y el pago de impuesto indicado para tales actividades. También, en la medida en que el control paramilitar se extiende, las actividades comerciales cambian de presentación, es decir, los puestos y locales se vuelven más estéticos, más ordenados; algunas ventas informales pasan a tener locales propios o espacios más cómodos y a contratar personas “recomendadas” por el grupo.
La canasta familiar
Los huevos, la panela, la harina, el pan, derivados lácteos, entre otros, son solo algunos de los productos de primera necesidad distribuidos y controlados por los paramilitares en la ciudad. La oferta se impone con unos precios fijos y las tiendas y mercados barriales están obligados a vender las marcas designadas por “los muchachos” o vendrán las consecuencias. Además de esto, las tiendas también pagan un impuesto por ofertar otros productos y quienes los suministran, bajo el nombre de otras marcas comerciales, también pagan impuesto por circulación y distribución o en los barrios.
Así mismo, los “paras” controlan entre un 25% y 30%, aproximadamente, del mercado de arepas en la ciudad, no han logrado la totalidad de la oferta porque la demanda es tan grande que supera la capacidad de control sobre el producto, sin embargo, lo más probable es que el porcentaje crezca de a pocos y el mercado termine en sus manos.
Los paramilitares tienen un censo de todos y cada uno de los negocios comerciales de los barrios de la ciudad, en los que su presencia es más fuerte, con todos los soportes contables necesarios para mantener su funcionamiento y extractos financieros debidamente diligenciados y al día.
Los licores
En muchos establecimientos barriales en los que se consumen bebidas alcohólicas, los paramilitares han impuesto la distribución de licores nacionales e importados y han prohibido bajo amenazas la compra a la Fábrica de Licores de Antioquia. Sin tener claridad respecto a la procedencia de estos licores, los comerciantes se ven obligados a aceptarlos y venderlos de acuerdo a los precios determinados. Los carros surtidores de cerveza pagan impuestos con mercancía que los paramilitares luego venden a los locales.
¿Mediación de conflictos?
Los “paras” son la primera instancia de la justicia. En general los habitantes de la ciudad acuden a ellos para resolver sus conflictos, soluciones que llegan de forma inmediata. “Cuando a usted alguien le debe plata y no le quiere pagar, usted va y pone la queja. ‘Los pelaos’ hacen la cobranza y recuperan la plata, pero no se la devuelven toda, ellos sacan una parte por el trabajo”, afirmó Didier, habitante del barrio Las Independencias en la comuna 13.
“Si un pelao no le hace caso a la mamá y está muy rebelde, ellos intervienen en un castigo. Por ejemplo, hace poco una vecina les pidió ayuda con un hijo que estaba muy rebelde, consumiendo drogas, sin ir al colegio, contestón, entonces ‘los pelaos’ llegaron y se lo llevaron como una semana, lo encerraron en una alcantarilla, lo pusieron a barrer las calles, como que le pegaron, yo no sé bien (… ) El pelao volvió a la casa y como al mes se fue del barrio, o lo hicieron ir ¿quién sabe?”, dijo.
Captación de dineros públicos
Recursos destinados por las administraciones municipales para el desarrollo y el bienestar territorial también son captados por los grupos paramilitares. Gran parte del dinero de Presupuesto Participativo, en el que cada comuna recibe un monto para inversión social de forma autónoma, termina en las arcas de esta estructura delincuencial que ha optado por conformar personerías jurídicas para hacerlo de forma legal. Sin embargo, la presión a las JAC (Junta de Acción Comunal) y las JAL (Junta Administradora Local) para que los recursos se destinen a las actividades que la estructura decida es constante y se ha transformado en el modus operandi en este contexto.
Control total del centro de Medellín
El centro es el lugar que concentra el mayor porcentaje de actividad comercial, formal e informal, de la ciudad y está controlado en su totalidad por los grupos paramilitares, los cuales cobran vacunas, sin excepción, a todos los comerciantes, constructores, vendedores y personas que tengan alguna actividad delictiva como el robo, el contrabando y el tráfico de drogas.
El centro es quizá la mayor fuente de dinero de los paramilitares, allí se cobran impuestos de todo tipo: por vender productos, por vender alguna propiedad, por usar el espacio público, por circular en determinadas calles, por construir alguna infraestructura, por consumir drogas o licor en espacios no autorizados, incluso, por robar. Los robos están organizados en horarios y lugares específicos con condiciones de tipo comportamental como no agredir físicamente a la víctima o robar solamente un cierto tipo de objetos, evitar robarle a mujeres con niños pequeños o bien hacerlo sin armas y evitando los asesinatos. Una serie de condiciones que amortizan la violencia pero no evitan el delito y además les da una ganancia monetaria, es decir, una coexistencia criminal organizada en la que hay subordinación y pago de “impuestos”.
Así mismo, los millonarios cobros a las constructoras de obras públicas y privadas les permite establecerse como la única norma y los únicos dueños del territorio. Controlan una buena parte del servicio de transporte público como algunas rutas de buses y centros de acopio de taxis.
El negocio de la prostitución y el turismo sexual
Tanto las autoridades competentes como los medios de comunicación, han optado por hacerse los de la vista ciega en cuanto al tema de prostitución, trata de personas y turismo sexual en la ciudad de Medellín. Un accionar delictivo que se ha transformado en un rentable negocio en el que cientos de mujeres y niños son obligados a ejercer la prostitución, y quienes la ejercen por voluntad están en la obligación de entregar parte de sus ganancias a los “paras”.
La venta de la virginidad de las niñas de los barrios más pobres, el sometimiento de menores de edad a las disposiciones sexuales de turistas extranjeros, la venta de drogas, los prostíbulos y clubes nocturnos son solo algunas de las prácticas paramilitares que se llevan a cabo en este contexto y que cuentan con la complicidad y omisión de las autoridades.
Convivir…
Medellín se ha transformado en una especie de laboratorio de experimentación paramilitar que ha comenzado a replicarse en otras partes del país y sugiere un proyecto político nacional organizado en el que el interés no está centrado únicamente en el control de los territorios, sino en la aceptación e identificación de las comunidades con su accionar, con su forma de imponer un poder cargado de violencia y oportunismo en el que “el más fuerte gobierna sobre el más débil”.
El paramilitarismo se ha dispuesto, entonces, como un programa de intervención social que crea, al tiempo, los problemas y las soluciones ampliando la dependencia de aquellas comunidades que históricamente han sido olvidadas por el Estado, o tenidas en cuenta de acuerdo a intereses temporales, pero que, por sí mismas, representan tanto la fuerza de trabajo como el acervo cultural de la ciudad. El “combo”, “los muchachos”, “los pelaos” ya hacen parte de la idiosincrasia, es normal que “ellos” decidan por “todos”, ahora hasta son “carismáticos” y no se exceden a menos que no se les obedezca y si es de esa forma la responsabilidad es del otro que se hizo matar, se hizo echar del barrio, o de la que se hizo cascar y violar por brincona. La gente tiene miedo pero agradece que las cosas no sean peores, que estén a salvo y en peligro, mitad y mitad, es preferible a estar siempre riesgo, una lógica absurda en la que los ganadores siguen siendo los mismos.
Esta forma de hacer ciudad fue heredada, sin duda, del modus operandi de los ganaderos y grandes empresarios, especialmente los bananeros, que usaron a las Convivir (grupos armados “legales” impulsados por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez) como fachada para legalizar la plata que les donaban a los paramilitares en Urabá.
CI DM/DM/30/05/16/17:00
