30 jul, CI.- A Ramiro Suárez, exalcalde de Cúcuta y segundo parapolítico en acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, le fue concedido el arresto domiciliario, a pesar de sólo haber cumplido 9 de los 27 años a los que fue condenado por el delito de homicidio.

El 24 de julio, Ramiro Suárez, quien se encontraba cumpliendo una sentencia de 27 años en la cárcel La Picota en Bogotá, recibió el beneficio de detención domiciliaria, direccionada por la justicia ordinaria, lo cual significa que pagaría el resto de su condena en una vivienda en la capital colombiana.

Algunos medios de comunicación tradicionales aseguran que este beneficio se concede en razón de que Suárez “cumplió parte de su condena” o por la alta cantidad de contagios en la cárcel La Picota. Sin embargo estos argumentos son falsos, puesto que incluso el decreto 546 de excarcelación, emitido para disminuir el hacinamiento en las cárceles durante la pandemia, no aplica para el delito por el que fue condenado Suárez.

Por otro lado, el artículo 38G del Código Penal Colombiano señala que “la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena”. Suárez sólo ha cumplido nueve años de los 27 que estipula su condena y el Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le concedió saldar la deuda económica que trae consigo el delito durante el arresto domiciliario.

El exmandatario paramilitar fue hallado culpable de ordenar el homicidio de Alfredo Enrique Flórez, exasesor jurídico de la Alcaldía de Cúcuta, quien tenía información clave sobre los nexos ilegales durante la Alcaldía de Suárez. Además se conoce que durante su mandato el exalcalde tuvo reuniones con grupos paramilitares para garantizar el control del territorio, especialmente en la región del Catatumbo.

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El asesinato de Flórez ocurrió el 6 de octubre de 2003 a manos del grupo paramilitar conocido como Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, quienes aún hacen presencia en distintos lugares de Norte de Santander. Debido a este hecho, Suárez también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante un periodo de 20 años.

Esta no es la única investigación activa que tiene Suárez. También se tiene conocimiento acerca de un proceso que lo relaciona con el asesinato del entonces coordinador de veeduría ciudadana, Pedro Durán Franco (quien habría denunciado contratos que entregó Ramiro Suárez a los paramilitares), el 12 de agosto de 2003.

Ramiro fue admitido en la JEP en el 2019. Posteriormente aceptó someterse en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de ese tribunal especial. Tendrá que comparecer por los asesinatos de Flórez y Durán, las muertes violentas de Carlos Duarte y Ramiro Agudelo, los crímenes de Tirso Vélez y José Agustín Uribe Guatibonza (asesor jurídico de la Gobernación de Norte de Santander), cuyas investigaciones también lo vinculan; así como extorsiones y hurto de tierras a campesinos.

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De la resolución que reposa en la JEP se conoce que Suárez negoció un acuerdo de apoyo mutuo con los paramilitares que tenían influencia en la región, a cambio de cargos en la Alcaldía y de un porcentaje de la contratación.

¿Qué dice la JEP?

Al conocer esta situación, la Jurisdicción aclaró en su cuenta de Twitter que no tenían ninguna relación con la libertad transitoria, condicionada y anticipada de Suárez. Asimismo precisó que “no le ha otorgado ningún beneficio jurídico y que la decisión de detención domiciliaria fue adoptada por la justicia ordinaria”.

Covid-19 y cárceles en Colombia

El aumento de contagios dentro de las cárceles del país ha generado una gran alerta entre familiares de internas e internos, así como de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, ya que gran parte de la población carcelaria no cuenta con los implementos de bioseguridad para mitigar el contagio dentro de las cárceles.

Gran parte de internos e internas tienen en riesgo su vida a causa de las precarias condiciones que se viven al interior de estos centros de reclusión. El hecho de que la justicia ordinaria concediera la detención domiciliaria de un hombre con gran poder político como Ramiro Suárez, deja entrever las reales intenciones políticas detrás de esta decisión.

En este sentido, es de conocimiento público que Ramiro Suárez, aún detrás de los barrotes y a cientos de kilómetros de la ciudad fronteriza, continuaba acordando reuniones a través de videollamadas en las que participaban ciudadanos, líderes comunales y políticos de la ciudad y del departamento, con el fin de mantener el control del territorio, manipular la elección de cargos y posicionar sus candidatos, como sucedió con su pupilo César Rojas, elegido alcalde de Cúcuta en el 2015.

Poco se habla de los intereses políticos que hay detrás de esta decisión, para legitimar a Ramiro Suárez y la retoma paramilitar de Cúcuta, pues es probable que pueda regresar a la ciudad sólo con solicitar el permiso de cambio de residencia con antelación.

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CI AC-JO/ND/30/07/2020/17:45