Opinión

[Opinión] Política criminal

10 jul. CI.- La Política criminal se basa en la actuación organizada del Estado para combatir el crimen, pero la política criminal criolla profesa la organización de las instituciones y funcionarios públicos en favor de la criminalidad, en una especie de clientelismo para delincuentes.

Por Carlos Alfonso Ortíz L*. El sonado caso de la detención del Secretario de Seguridad de Medellín es solo una muestra de tales prácticas. Entre sombras se podría pensar que la cuota burocrática del grupo político de la llamada “Oficina de Envigado” estuvo en esta Secretaría de Seguridad y Convivencia. En este caso los favores recibidos serían bien retribuidos en los altos índices de confiabilidad ciudadana en materia de orden público -es la política bandera del actual mandatario de los medellinenses- y a futuro un respaldo considerable para una próxima candidatura a la Alcaldía de la ciudad por parte del Sr. Gustavo Villegas Restrepo.

Este comportamiento reprochable se suma a los incontables registrados a diario en este país, entregado a Dios por decreto y a las Mafias por concierto… para delinquir. La Justicia, el Senado y los altos cargos del Estado de libre nombramiento y elección popular parecen tomados por verdaderas Bandas Criminales, en las que predominan los perfiles involucrados con hechos de corrupción, despojo de tierras, homicidios, desfalco al erario público, falsedades en documentos, entre otros.

Un Alcalde que miente sobre sus títulos académicos, una Senadora implicada en robos de tierras a campesinos, un Juez que vende sus fallos a favor de delincuentes y un Fiscal Anticorrupción capturado por hechos de corrupción, no pueden entenderse como casos aislados o como responsabilidades individuales.

Estos casos reiterados hacen parte de la misma clase política que por años ha gobernado este país, su alianza y coexistencia con el crimen organizado de extrema derecha es más que comprobada, pese a que año tras año deje su lastre de detenciones, capturas u arrestos domiciliarios, lo que es propio en la pugna de las camarillas de hampones; no dejan ser “los mimos con las mismas”.

Ante estas contiendas, la nota predominante de nuestro ajustado sistema de justicia es la impunidad, en la que no existe ningún tipo de reparación para las víctimas del robo, del despojo, del desplazamiento forzado, del asesinato, del desfalco, etc.

La moralidad pública y administrativa es una materia perdida en el orden legal colombiano, en consecuencia los ciudadanos no sienten confianza en sus instituciones y gobernantes a quienes ven como grandes “dones” de la mafia, a los que se recurre a pedir favores, no los ven como servidores públicos a quienes se les exigen derechos. Es la constitución de un país de tipo gansteril que por décadas, bajo la excusa del enemigo interno –hoy desarmado-, ha atacado a mano armada a sus propios paisanos.

Con este panorama se debería exigir un verdadero cese de hostilidades unilateral y definitivo a la institucionalidad corrupta y criminal, para que pare ya, de una vez por todas, su ofensiva contra los colombianos.

CI CO/DM/10/7/17/6:10

* Carlos Alfonso Ortíz L. es Politólogo y candidato a Magíster en Estudios Políticos, de la Universidad Nacional de Colombia, y colaborador de Colombia Informa Medellín.

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

To Top