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[Opinión] Justicia Transicional sin que nada cambie: Derecho Transicional (1)

6 sep. CI.- Hace unas semanas confluyeron más de un centenar de víctimas del Terrorismo de Estado, provenientes de varios Departamentos del Nororiente y Costa Norte de Colombia, en la Universidad Industrial de Santander -UIS-, de la Ciudad de Bucaramanga. Allí debatieron los efectos de los decretos presidenciales proferidos por Juan Manuel Santos en cumplimiento de las facultades otorgadas por el Congreso de la República, para implementar los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC.

Del relato sentido de sus memorias se coligió que la mayoría de los casos se encuentran impunes. Pero, además, se observó que con la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- los altos mandos militares y máximos responsables no acudirán a decir la Verdad sino a justificar los crímenes de Lesa Humanidad y de guerra.

Este encuentro fue acompañado por el Fiscal General de Tucumán, Argentina, Gustavo Gómez; Luz Marina Bernal, madre de uno de los jóvenes de Soacha asesinados por el Ejército Nacional; y por el Padre Javier Giraldo Moreno. Además, estuvieron organizaciones victimizadas como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos -Sinaltrainal- y familiares de víctimas del Estado.

Todas estas personas expresaron su preocupación porque sus casos se considerarán cometidos con ocasión directa o indirecta con el conflicto armado, cuando realmente ocurrieron dentro de una política genocida del sistema actual colombiano. Temen que la próxima remisión oficiosa de esos procesos a la JEP deje sus casos, finalmente, archivados.

La libertad del general (r) Jaime Humberto Uscategui y de 42 militares más (condenados en su mayoría por Ejecuciones Extrajudiciales, masacres, desaparición forzada y tortura), sumada a las peticiones de suspensión de los procesos penales que los abogados de los militares interponen ante las autoridades judiciales, genera desconcierto en los familiares.

Estos últimos, absortos, observan que sus casos continuarán en total impunidad. Los pocos avances en materia de justicia harán que miles de victimarios queden en libertad sin que contribuyan a develar las políticas genocidas. Esta situación nos lleva a continuar reflexionando sobre la Jurisdicción Especial para la Paz.

Derecho transicional sin que nada cambie

Una definición universalmente aceptada de “justicia transicional” o derecho de transición, asocia este concepto con períodos de cambio político y respuestas integrales para enfrentar crímenes cometidos por regímenes opresores o situaciones de violencia o conflicto.

El anterior Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, en un informe sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos la caracteriza como la “variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación”(2004).

Sin embargo, es preciso en este punto traer a colación el trabajo presentado por la especialista en Derecho Internacional, Ruti Teitel, en su texto Genealogía de la “justicia transicional” (2003), donde define tres períodos en los que este concepto presenta variaciones y formas de entendimiento diversas.

La autora identifica una primera fase, en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la cual los países aliados, con la pretensión subyacente de legitimar su intervención bélica, aplicaron la jurisdicción universal (normas de justicia transicional) frente a los crímenes perpetrados por Alemania en este contexto. Sus investigaciones concluyeron con la determinación de responsabilidad penal individual (no Estatal) de varios de los más altos responsables de éstos, sentando las bases del derecho penal internacional. Este último está muy cimentado en el derecho de los conflictos armados.

La segunda fase sucede en el contexto pos Guerra Fría, al que sucedieron transiciones políticas derivadas de conflictos provocados por la bipolaridad mundial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La justicia transicional tuvo por objeto consolidar la legitimidad del estado de derecho, así como el sentido de adherencia a este. Señala el Teitel al respecto que “en la fase II, la modernización y el estado de derecho fueron equiparados con someter a proceso criminal, por parte del Estado-nación, a los inculpados para legitimar el nuevo régimen y hacer avanzar la reconstrucción de la nación”.

Si bien en esta fase no se presentaron juicios internacionales, sus precedentes contribuyeron a la construcción de una percepción de continuidad y consistencia en el estado de derecho que generó una tensión entre castigo y amnistía.

Se trascendió del componente de la justicia retributiva para incorporar “interrogantes acerca de cómo sanar las heridas de una sociedad entera e incorporar diversos valores de un estado de derecho, tales como la paz y la reconciliación”. Es en este contexto que tienen su génesis los modelos de justicia restaurativa, emergiendo las dicotomías verdad-justicia y justicia-paz, y se crearon mecanismos tales como las comisiones de la verdad y reconciliación.

En la tercera fase, se presenta una normalización de la “justicia transicional” al caracterizar este como un período de “guerra en tiempos de paz, …fragmentación política, Estados débiles, guerras pequeñas y …conflicto permanente…”.

Este autor plantea que se trata de un retorno parcial a la primera fase, al extender el derecho de la guerra como base de la justicia criminal internacional y fusionarlo con los derechos humanos, relativizando la concepción universal del estado de derecho que se había potenciado en etapas anteriores.

Pese a la relevancia e importancia del ejercicio de clasificación y caracterización que realiza Teitel y de la respuesta Estatal (en momentos históricos distintos) a graves violaciones de derechos humanos, consideramos que no todas ellas responden a la esencia del derecho de transición.

En lo pactado entre las FARC y el Gobierno Nacional se encuentra un especial énfasis en el Derecho Internacional Humanitario como marco de referencia e interpretación del componente de justicia. Al punto que la competencia material y funcional de los mecanismos de “justicia transicional” está determinada o restringida a los hechos ocurridos en el marco o con ocasión del conflicto armado. Se pueden detectar a la vez, claros visos justificatorios de la acción Estatal como respuesta a una situación de guerra interna.

De otro lado, la relativización de los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación, se ha normativizado. Esto puede dar lugar, en teoría, a posteriores intervenciones de la justicia internacional en tanto se desconocen de facto tipificaciones precedentes como la del crimen de lesa humanidad o el genocidio.

Aún encontrándose previstas para juzgamiento en la JEP, superan ampliamente los contextos de conflicto armado en el país. Esto es que se realiza una asimilación del crimen de lesa humanidad al crimen de guerra.

Las tensiones entre las jurisdicciones internacionales y los mecanismos de justicia transicional aplicados en Colombia se hacen mayores ante posibles fórmulas de evasión de la responsabilidad de rendición de cuentas. Esto se observa de manera marcada frente a los crímenes de Estado, que incluso reclama una interpretación para sí de las normas del Derecho Internacional Humanitario, a través de lo que se denomina el derecho operacional.

Por otro lado, preocupa un aspecto resaltado por Teitel en su escrito sobre la genealogía de la justicia transicional. Afirma que esta es la marcada politización de la justicia que no sólo afecta el nivel nacional, sino también internacional. Mientras, en el contexto mundial se legitima la acción armada de los Estados (en su propio territorio y fuera de él).

Para tal objetivo se ha creado una amplia normativa “anti-terrorista” dirigida contra el adversario, introduciendo una gama variada de respuestas políticas, militares y jurídicas que trasciende las fronteras.

Dicho de otra forma, este período en el mundo se encuentra caracterizado por la globalización de estrategias integrales en las que el enemigo es despojado de todo derecho (incluyendo el de hacer la guerra). En tal sentido, existe un alto riesgo en términos de seguridad jurídica para las insurgencias que no se supera con la suscripción de acuerdos que incorporen la dejación de armas.

*Por: Equipo Jurídico Pueblos. Primera parte de una entrega de análisis jurídico.

CI MM/PC/06/09/17/10:10

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