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[Opinión] Justicia Transicional sin que nada cambie: Análisis de sus mecanismos (2)

9 sep. CI.- Seguramente es engorroso retomar la historia del país y dividirla por períodos, identificando normas, políticas, estructuras de poder (legales o no), formas de criminalidad organizada, intereses económicos fortalecidos, actos atroces reportados y los patrones de sistematicidad. Como también lo debe ser el caracterizar y reconocer a las víctimas. Pero es la manera de develar una verdad completa y enjuiciar a los responsables.

Análisis de los mecanismos de justicia transicional

Los mecanismos de justicia transicional, creados en los acuerdos de La Habana, se condensan en el Punto 5 mediante el cual se crea el “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. Este Sistema está compuesto por la Comisión de la Verdad, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz, las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz, y las Garantías de No Repetición.

De entrada, podría señalarse que el modelo diseñado contiene, al menos, nominalmente los cuatro componentes que resalta Pablo DeGreiff en su informe como relator especial Organización de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (2012). Sin embargo, se requiere un análisis pausado de la forma en como estos se desarrollan con miras a establecer qué tanto contribuyen al fin último planteado por el experto de “contribuir a la reconciliación y reforzar el estado de derecho”.

La integración de los cuatro componentes del derecho de transición contribuya al reconocimiento de las víctimas y la generación de confianzas se lograría a través de muestras genuinas del esfuerzo institucional por hacer frente al pasado, admitiendo la verdad de los hechos y el reconocimiento de patrones de poder con propósitos de construir un proyecto político con valores realmente compartidos.

Este es, sin duda, un punto donde observamos una de las más grandes preocupaciones que se derivan del Acuerdo en tanto contiene una lamentable negación de la responsabilidad Estatal a través de la presunción de legitimidad y legalidad de sus acciones. Lo que constituye de entrada el desconocimiento de las víctimas y evidencia un interés oficial. Se zafan de la obligación de reconocer la verdad completa.

El “negacionismo” pactado impide identificar aquellas prácticas que pretenden superarse y genera un alto riesgo de entender como verdad el simple reconocimiento formal de responsabilidad individual de algunos agentes del Estado (varios de ellos condenados por la justicia ordinaria). Queda la sensación de que la Jurisdicción Especial para la Paz es un mecanismo de “justicia blanda” que rompe de entrada ese primer equilibro entre los componentes de verdad y justicia.

Este mismo cuestionamiento es predicable en otro aspecto del Acuerdo marco: la limitación de los mecanismos de verdad, justicia y reparación a los hechos cometidos con ocasión o con relación directa o indirecta con el conflicto armado. Este punto de partida pareciera invisibilizar las causas del levantamiento rebelde. Tiene, además, el complejo efecto de dar por sentada una justificación velada al Terrorismo de Estado al querer enmarcar dentro de la confrontación armada graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Esto puede constituir un problema en punto del reconocimiento de las víctimas al excluir a aquellas afectadas profundamente por la criminalidad estructural del Estado, o encubrir la verdadera naturaleza de los sucesos y políticas victimizantes.

En tal sentido, hasta hoy han sido aplicadas las siguientes estrategias:

1. Casos más fáciles. Es decir, otorgan prioridad a aquellos que están listos para juicio pues tienen la ventaja de obtener resultados prontos y con menos costos pero dificultades obvias como depender de acciones o decisiones anteriores. También aquellos que no guarden relación con la identificación de patrones de sistematicidad o de los máximos responsables. Pues presentan dificultad de gran calado si se tiene en cuenta la evidente política de impunidad que ha operado en Colombia.

2. Casos de “mayor connotación”. Impone la selección de aquellos eventos que influyen en la opinión pública y contribuyen a generar conciencias sobre las trasgresiones del pasado.

3. Los crímenes “más graves”. Se refiere a experiencias en las que se investigaron con preponderancia a aquellos actos atroces que provocaron la pérdida de vidas humanas o afectaciones a la integridad personal. Sin embargo, no dejan de ser un problema las dudas sobre el concepto de “gravedad” o el desconocimiento de otras trasgresiones importantes que podrían quedar en la impunidad. “Una estrategia que no preste atención a la mayor parte de las transgresiones suscitará claramente serias dudas sobre su legitimidad, aun cuando se centre en crímenes que sean especialmente atroces”, afirma al respecto De Greiff.

4. “Máximos responsables”. Centra las investigaciones en aquellos sujetos que ocuparon altos cargos o tuvieron la capacidad para planificar, ordenar o instigar graves crímenes. Observa las ventajas de trasmitir un mensaje positivo de igualdad ante la ley o generar comprensión en relación a que máxima responsabilidad no implica una participación directa en el hecho. Sin embargo, resalta sobre esta estrategia, el riesgo de un enfoque inadecuado o limitado para determinar quiénes serían objeto de juzgamiento y la gran dificultad que subyace a que por lo general éstos ocupan cargos de poder.

5. Los casos “simbólicos” o “paradigmáticos” entendidos como aquellos que “sacuden la conciencia” de la humanidad en general o de un grupo específico. Al respecto, observa la dificultad de establecer cuáles son éstos y el traslado de posibles sesgos de la opinión, en su determinación o consideración.

Pablo DeGreiff plantea una crítica fundamental a estas estrategias de priorización y es que “no prestan suficiente atención a la aportación que todas las medidas de justicia de transición deben hacer para desmantelar las estructuras que posibilitaron las primeras violaciones”, y enfatiza en que “las dimensiones sistémicas o estructurales de las violaciones masivas atañen particularmente a las estrategias de enjuiciamiento”. Esta consideración la efectúa sin desconocer los grandes retos que ello impone en términos de independencia, respaldo internacional y el enfrentamiento a esferas de poder político y económico.

Aterrizando estos elementos a los Acuerdos entre el Gobierno Nacional y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias se tiene que si bien será la JEP la encargada de determinar los criterios de priorización de casos, de entrada se pactó el reforzamiento del fuero presidencial, que ha sido uno de los más aberrantes mecanismos históricos de impunidad en Colombia; se estableció como un criterio de selección la investigación a financiadores que tuvieron “una participación activa o determinante en la comisión de los crímenes competencia de ésta jurisdicción”, lo que plantea criterios subjetivos que podrían llevar a descartar la indagación sobre un número importante de crímenes atroces; y en distintos apartes del punto de “víctimas” se restringió la competencia de la JEP a la investigación y sanción de “graves” violaciones al DIDH y DIH. Todo esto hereda los riesgos interpretativos advertidos por DeGreiff.

No existe ninguna duda en torno a la complejidad del caso colombiano. Ni se desconoce el carácter flexible del derecho a la justicia en los llamados “procesos de transición”. Así como tampoco, las grandes dificultades que trae consigo la investigación de los crímenes atroces perpetrados en el país.

Sin embargo, no compartimos la priorización como estrategia para la investigación y juzgamiento del Terrorismo de Estado, pues ésta no responde a la necesidad de evitar su repetición.

Seguramente es engorroso retomar la historia del país y dividirla por períodos, identificando normas, políticas, estructuras de poder (legales o no), formas de criminalidad organizada, intereses económicos fortalecidos, actos atroces reportados y los patrones de sistematicidad. Como también lo debe ser el caracterizar y reconocer a las víctimas. Pero es la manera de develar una verdad completa y enjuiciar a los responsables.

Observamos, por otra parte, la aplicación de un tratamiento aparentemente diferencial pero simétrico en realidad a los rebeldes y agentes estatales. Se establecen las mismas penas y se prevé la aplicación de figuras jurídicas. Esta situación se torna inadmisible si se tiene en cuenta que ni desde lo sustancial ni lo cuantitativo puede asemejarse la violencia institucional a la violencia rebelde.

Finalmente, de manera muy rápida, advertimos dos factores adicionales que obstaculizan la rendición de cuentas de los criminales de Estado. El primero es la aplicación de las libertades condicionadas a quienes hasta hoy han cumplido cinco años de prisión, bajo la promesa de contribuir a la verdad. El segundo es la falta de incentivos o razones vinculantes que de alguna manera fuercen la presentación voluntaria de los más altos responsables.

Ambos se suma a las graves falencias probatorias hasta el momento latentes para determinar las formas de intervención o participación de éstos en crímenes atroces, a lo cual se suma la distorsión del concepto de cadena de mando que presenta el Acuerdo y la Ley 1820/2016.

Interconectando lo dicho con el componente de “garantías de no repetición”, nos encontramos ante un Pacto que contiene una lista larga de promesas renovadas, o mejor, de reafirmación de obligaciones Estatales que ya han sido incumplidas.

El ejercicio propuesto de verdad y justicia cobra una especial importancia en la medida que debería arrojar al menos dos conclusiones: 1- cuáles fueron las causas del conflicto, a las que por supuesto habrá que hacer frente para evitar su continuación; y 2- cuáles las razones, estructuras y políticas que animaron la sistemática comisión de crímenes de sistema. Para ello no conviene partir del negacionismo; menos aún, la sustracción Estatal a discutir sobre el modelo económico y la doctrina de guerra que se repuntan como dos de los grandes pilares del Terrorismo de Estado.

Aunque plantear críticas , llamar a la reflexión y proponer alternativas pareciera haberse convertido en un crimen más atroz que aquellos que se pretenden auto-indultar en nombre de una “paz”, consideramos que los mecanismos creados de “Justicia Transicional” tal como han sido diseñados, no contribuirán al tránsito del actual estado de cosas hacia otro diferente, ni genera las condiciones para tal fin.

Grandes son los retos que le corresponde asumir a la sociedad colombiana que siempre ha estado excluida de las esferas de poder, por lo que nos atrevemos a plantear algunas propuestas rápidas:

1. Se requiere fortalecer en todos los escenarios posibles, la formación sobre las causas del conflicto social, político y militar que afronta Colombia. De tal forma que se proscriba toda fórmula de equiparación de la violencia rebelde con la violencia Estatal (teoría de los dos demonios).

2. Mantener la denuncia constante del Terrorismo de Estado, evitando las ficciones “contractualistas” que diluyen la responsabilidad de las clases en el poder sobre los graves crímenes que se cometen y han cometido sistemáticamente contra el pueblo, en su gran mayoría, al margen del conflicto armado.

3. Afianzar el estudio y contribuir en la construcción de conceptos y posturas colectivas, fundamentadas en la realidad y en los desarrollos y banderas que desde los pueblos se ha promovido en el derecho y la memoria, que marquen rutas de acción; sin temor alguno a hacerse incómodo, a ser minoría, a no ser financiado o ser estigmatizado.

4. Derivado de lo anterior, es tarea de la sociedad en su conjunto, romper el sofisma del conflicto armado y trascender en este aspecto, los marcos estrechos del Acuerdo y las normas que lo incorporan.

5. Más allá de los propósitos legales, de la participación o no en los escenarios del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición contemplados en dichos Acuerdos; las víctimas del Terrorismo de Estado deben efectuar acciones independientes de investigación y documentación de casos, avanzando en espacios propios y constantes de construcción de memoria histórica y explorando escenarios alternos de justicia.

6. Afianzar la resistencia como el camino que garantiza el tránsito de A hacia B. No es a través del Derecho -que siempre tendrá la impronta del Establecimiento- que se logran transformaciones o la creación de condiciones de cambio.

Daniel Feierstein, Doctor en Ciencias Sociales argentino, indica que “lo más común es que los Estados no reconozcan su responsabilidad en procesos genocidas. Ahí está la enorme importancia del conjunto de la sociedad, de las organizaciones sociales, de los movimientos de los derechos humanos y, por supuesto, de la academia. Ellos deben intentar clarificar a la población, no sólo a los miembros del aparato estatal. Hay que aclarar lo ocurrido, tanto en una guerra como en un genocidio. El nivel de afectación de quienes sufren ese proceso es tan alto que lleva mucho tiempo poder percibir lo que ocurrió y poder ordenar dentro de la sociedad ese proceso. Sobre todo en un conflicto tan largo como el colombiano, en donde cada uno de sus factores ha tenido lógicas diferentes: desde la pelea por las tierras hasta el narcotráfico. La academia no puede ser abstracta: los conceptos sirven para actuar, así que en esos espacios se debe propender por la creación de esos conceptos. El sentido del conocimiento en cualquier disciplina es poder generar consecuencias en la acción, y creo que en ese sentido hay una responsabilidad enorme en las ciencias sociales. Es una responsabilidad de todos señalar cuál sería el camino más útil para la sociedad, más aún cuando el Estado va por donde no es”.

*Por: Equipo Jurídico Pueblos. Segunda y última parte de un análisis jurídico sobre la Jurisdicción Especial para la Paz.

CI MM/PC/09/09/17/13:20

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