3 sep. CI.- “La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia, los ha convertido en sus servidores asalariados” (K. Marx & F. Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848).

*Por: Carlos Alfonso Ortiz L. La subordinación de la política a la ética parece ser solo parte de la retórica liberal de la que se nutren políticos y funcionarios para atacar a sus adversarios y posar de íntegros e incorruptibles. Se autoproclaman amantes sin mancha de los más altos valores democráticos; sin embargo, tal postura no es creíble ni aceptada ampliamente. No son gratuitos los altos índices de des-favorabilidad que tienen funcionarios, partidos e instituciones. Su “honorabilidad” y “respeto” se han derrumbado estruendosamente.

El ruido de la corrupción política y administrativa en todos los niveles del régimen político colombiano (sonido no deseado y encubierto muchas veces)  no se ha logrado insonorizar. Pese al dominio que se tenga de la prensa privada es inoculable el enorme eco que conlleva la forma de gobernar. Esta involucra nexos criminales entre las elites nacionales y los gamonales regionales, quienes sustentan el poder político a partir del clientelismo armado homicida.

El llamado a la “restauración moral de la República” que hiciera en tiempos pasados el dirigente popular Jorge Eliécer Gaitán Ayala cobra mayor vigencia. Como ayer, la corrupción no solo implica la apropiación de recursos públicos a manos de privados o la compra descarada de impunidad, sino que conlleva en sus entrañas el asesinato, el despojo y la amenaza sistemática de hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, indígenas y negros que han tenido el desfortunio de haber nacido en lugares donde se esconden las grandes riquezas que son objetivos del capital voraz.

Detrás del encubrimiento al pago de 2.000 millones de pesos a un Magistrado de la Corte Constitucional para ser librado en un presunto caso de vínculos con grupos armados ilegales de extrema derecha responsables de masacres a poblaciones, está el factor humano. Es decir, las vidas que fueron destruidas para mantener un puesto de honorabilidad en el Senado de la República.

Esto es apenas un elemento de la inmensa componenda criminal de la política colombiana. Entre los auspiciadores y beneficiarios de sus horrendos crímenes se cuentan apellidos tradicionales, grandes firmas (nacionales y extranjeras) y, por supuesto, políticos regionales venidos de menos a más.

Pero eso tiene un precio para el pueblo colombiano. Constantemente nos preguntamos: ¿Cuántos muertos suponen una curul en el Congreso? ¿Cuántas familias tuvieron que ser desplazadas para llegar a ocupar un lugar en la magistratura? ¿Cuántas desapariciones forzadas componen un puesto en la Fiscalía? Es decir, ¿cuánta muerte cimenta el desorden -que supone el más alto orden- burgués colombiano?

CI CO/PC/03/09/17/8:30

*Carlos Ortíz es Politólogo y candidato a Magíster en Estudios Políticos, de la Universidad Nacional de Colombia, y colaborador de Colombia Informa Medellín.