10 sep. CI.- La multinacional constructora brasileña Odebrecht -protagonista del escándalo de corrupción más grande investigado en los últimos tiempos- anunció desde su página oficial que “no procede la acusación de haber pagado 100 millones de dólares al ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello”. Esta declaración contradice las de la ex Fiscal General de esa nación, Luisa Ortega.
Directivos de Odebrecht confesaron a finales del año 2016 una serie de casos de corrupción que realizaron en diferentes países de Nuestra América.
Colombia hace parte de estos con un valor acumulado de 11 millones de dólares en sobornos. Tales sobornos fueron cometidos desde el segundo Gobierno de Álvaro Uribe (2006-2010) hasta el actual de Juan Manuel Santos (2014-2018).
En Venezuela, según Odebrecht, la multinacional no tuvo cómplices y Diosdado Cabello jamás recibió sobornos. La aclaración es oportuna ante las varias las acusaciones de la ex Fiscal Luisa Ortega. Esta antigua funcionaria del Gobierno venezolano es prófuga de la justicia en su país luego de que se descubriera su participación en una red de chantajes internacional.
En Brasil, con los fiscales generales del Mercosur compartiendo información importante que involucra al gobierno venezolano con Odebrecht pic.twitter.com/wJJ6VTEml6
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 23 de agosto de 2017
Los delitos que sí cometió Luisa Ortega
Tarek William Saab, actual Fiscal General de Venezuela, manifestó que Luisa Ortega omitió una “altísima magnitud de corrupción” en casos de desfalco patrimonial de su nación. El Gobierno venezolano desarrolla un proceso de reestructuración institucional que investiga y condena casos de corrupción ocurridos en años previos y en algunos de los cuales el “chavismo oficial” es protagonista.
Ortega es responsable de “silencios punitivos con respecto a casos vinculados a Cencoex [Centro Nacional de Comercio Exterior] y la extinta Cadivi [acrónimo de Comisión de Administración de Divisas, actualmente Centro Nacional de Comercio Exterior o Cencoex]”. Estas dos empresas hicieron contratos con el Estado para la explotación de la Franja Petrolífera del Orinoco. El resultado de los contratos es un daño patrimonial debido a tasas de sobreprecio cercanas a los 200 millones de dólares.
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