Solo durante un día (12/10/12) en Bogotá, el número de personas agredidas físicamente por el Esmad, llegó a 17

Durante todo 2012, la opinión pública ha conocido un sin número de denuncias que dan cuenta del rechazo a ciertas acciones de grupos armados legales e ilegales, publicadas principalmente por estudiantes, docentes, sindicalistas y organizaciones defensoras de derechos humanos. A la fecha, las amenazas no cesan.

Hay quienes aseguran que el poder ejecutivo navega por una crisis en términos de eficiencia y de legitimidad; por un lado, si los índices de abstinencia y voto en blanco tras cada jornada electoral cuatrienal son analizados, resulta perceptible que tal vez la población ya no espera tanto de sus gobernantes como en épocas de antaño, y si entendemos la legitimidad, en el sentido que le otorga el psicólogo alemán Jürgen Habermas, (reconocido principalmente por sus trabajos en ética, filosofía política y del derecho) podría considerarse que cuando no genera consenso, la dominación recurre a la coerción.

Históricamente las políticas estatales de control y vigilancia han sido implementadas mediante diversos mecanismos para ejercer funciones administrativas que garanticen el orden y los derechos de la población. Sin embargo, la Constitución de 1991 aunque abunda en instrumentos e instituciones, al parecer no ha logrado precisamente un consenso para definir el país que quieren más de 41.242.948 colombianas y colombianos.1

A partir de unos años, (especialmente desde 2002) el presupuesto nacional destinado a la seguridad ha tendido a aumentar; para 2013 estará en 26 billones de pesos, es decir, 1000 millones de pesos arriba del monto asignado para el sector educativo. “Hay un incremento importante en materia de inversión (…), con la adquisición de nuevos equipos, de nuevas tecnologías», resaltó recientemente el titular del Ministerio de Hacienda, Mauricio Cárdenas en entrevista con un medio de comunicación radial. 

Las cámaras de vigilancia instaladas en universidades públicas son objeto constante de discusión entre el movimiento estudiantil, al ser vistas como un medio de escudriño en la vida académica y de señalamiento, puesto que no generan en los estudiantes sensación alguna de seguridad.

Según quienes plantean la necesidad de construir un nuevo país, “la militarización en diferentes universidades supone más que hechos casuales, una estrategia que busca minimizar espacios de debate y reflexión, además de lastimar, encarcelar, exiliar y asesinar”. 

Quizá la situación que concentra mayor atención en la actualidad, es el pronunciamiento que recientemente hizo el Observatorio de la Universidad Industrial de Santander, sobre la iniciativa apoyada por la administración de Bucaramanga que busca cimentar un CAI o garita al interior del campus; esto se adiciona a la presencia permanente por más de un año, de uniformados de la Policía y el Esmad en las porterías. A pesar del rechazo directo de la comunidad estudiantil hacia las cámaras, algunas han sido resguardadas con densas capas de cemento.

En abril de este año, la Procuraduría General formuló pliego de cargos al ex rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho Pico por entregar información de docentes y estudiantes al grupo paramilitar Águilas Negras. 

Asimismo, en la Universidad de Antioquia el pasado 21 de noviembre comenzaron a circular varias amenazas escritas, firmadas como Junta Militar Urabeños* que exigen a quienes trabajan en cafeterías y papelerías el pago de cierto dinero antes de una fecha establecida. En la UdeA los celadores portan bolillo y el ingreso de la comunidad en general que no trabaje o estudie allí está prohibido.

Como lo mencionamos inicialmente, las amenazas permanecen; el profesor Adolfo Atehortúa Cruz, decano de Humanidades en la Universidad Pedagógica Nacional en días pasados aseguró ser objeto de una amenaza contra su vida procedente del Bloque Capital*. “Se suma a esta situación una serie de incursiones ilegales a las viviendas de algunos docentes, ocurridas durante el mes de octubre, con el propósito de obtener información e intimidar la actividad docente y sindical (…), no se han desplegado acciones de protección y prevención lo suficientemente contundentes y consistentes que garanticen la permanencia de nuestros colegas en la Universidad”, expresa comunicado oficial de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) de la UPN.

Amenazas de este tipo, reiteradas en abril y junio pasados pero conocidas desde el año 2007, obligaron al profesor Renán Vega Cantor, vicepresidente de ASPU-UPN a abandonar el país hace un par de meses.

Por otra parte, la Universidad Pedagógica Nacional igual que la Universidad Nacional en Bogotá fue allanada en horas de la noche por la fuerza pública, a comienzos de octubre y noviembre respectivamente. En su momento estudiantes de la UPN denunciaron daños a oficinas estudiantiles, pinturas, hornos microondas, libros, documentos y saqueos a casilleros de trabajadores, así como notas obscenas e intimidatorias; en la UN aunque no fueron registrados daños físicos, el ingreso de los uniformados tuvo lugar mientras la comunidad estudiantil aún desarrollaba actividades académicas.

Quienes asumen la vocería del estudiantado, han hablado con insistencia sobre otro problema que atraviesan los centros de enseñanza superior: el expendio de sustancias psicoactivas en las universidades, recogiéndose en que defienden el campus como un espacio de aprendizaje y crecimiento; “sí circulan drogas, deben pasar por alguna de las entradas permanentemente custodiadas por personal que justamente debería estar al tanto, impidiendo su ingreso,” afirman. 

Estudiantes de universidades públicas, con frecuencia estigmatizados, de manera simultánea trabajan, estudian y adelantan labores sociales a partir de infinidad de colectivos, semilleros e investigaciones, sin dejar de lado la lucha reafirmada un año atrás en defensa del derecho a recibir una educación pública, gratuita y de calidad. 

Al cierre de esta edición Colombia Informa conoció nuevas denuncias contra la vida de 9 docentes en la Universidad del Magdalena: Sandra Vilardy Quiroga, Jorge Elías Caro, Francisco García Rentería, José Pacheco Ricaurte, Stalin Ballesteros García, William Renán, Fabio Silva Vallejo, Gustavo Chang Nieto y Camilo Botero. 

A continuación algunos fragmentos del mensaje electrónico enviado por uno de ellos: “no estamos arrodillados y acongojados en nuestras casas, agachando la cabeza y agradecidos por lo poco que nos permitan vivir (…), a los violentos les interesa nuestro silencio y soy el primero, pero no puedo ser el único, en romperlo. Si soy el único que grita, mañana habrá silencio sepulcral, pero si hay muchos gritando, manifestándose en contra de una Universidad amenazada desde su misma administración, quizá podré escribirles más mensajes a futuro. (…) Yo no entró en juegos de terror y seré profesor hasta que mis estudiantes y yo lo decidamos».

Notas

1.»Los organismos de control y vigilancia en el Estado colombiano». Alfredo Manrique Reyes, profesor experto en implementación y evaluación de políticas públicas en materia de derechos humanos, democracia local, reformas políticas y administrativas y lucha contra la corrupción. 

*Los Urabeños igual que el Bloque Capital, son estructuras paramilitares. Sin embargo Los Urabeños es uno de los cuatro grupos mafiosos vigentes en Colombia junto con Los Rastrojos, el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) y las Águilas Negras, al que pertenece el Bloque Capital.