El 5 de agosto de 2004 tres destacados dirigentes sociales de Arauca fueron asesinados por el Ejército Nacional en la vereda Caño Seco, municipio de Saravena. Diez años después, cientos de personas llegadas de todos los rincones de Arauca y de otras regiones del país se dieron cita en el lugar del crimen para mantener viva la memoria de Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Eduardo Prieto.

Llegaron en buses, camiones, carros, motos, a pie. Se agolparon alrededor de la placa conmemorativa situada en el patio de la casa donde Héctor, Leonel y Eduardo fueron asesinados. Tomaron fotos de los rostros de los tres líderes plasmados en un mural. En la pared, una leyenda: “Su único delito: con sabiduría y esfuerzo, haber defendido la dignidad y los derechos de un pueblo”.

El día anterior a su asesinato los tres dirigentes sociales se habían reunido en una casa campesina con varios líderes civiles para evaluar la crítica situación regional de los derechos humanos en la región. Al día siguiente, poco ante del amanecer, tropas pertenecientes al Grupo de Caballería Mecanizado Revéis Pizarro los sacaron de allí y los obligaron a arrodillarse a un lado de la casa. Las balas de los fusiles pusieron fin a sus vidas. Posteriormente, los soldados los trasladaron hacia un lugar apartado de la vivienda, pusieron armas cortas cerca de los cuerpos y realizaron más disparos, con el fin de simular un enfrentamiento. Las víctimas fueron arrastradas por las calles y goleadas en presencia de la población. A eso de las diez de la mañana fueron llevadas en un helicóptero a la sede del Batallón ubicado en Saravena. Posteriormente serían presentados ante la opinión pública como guerrilleros dados de baja en combate.

El trabajo de los dirigentes

Héctor, Leonel y Jorge no eran lo que el Ejército Nacional había expresado públicamente que eran, como parte de una estrategia para ocultar los atropellos que día tras día llevan a cabo contra la población civil. El único «delito» que cometieron estos tres líderes asesinados fue desarrollar su trabajo como dirigentes sociales de la región. Héctor Alirio Martínez se desempeñaba como presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos -ADUC- y realizó aportes fundamentales para el fortalecimiento organizativo del Coordinador Nacional Agrario -CNA- en Arauca; Leonel Goyoneche era miembro de la Asociación de Educadores de Arauca -Asedar- y de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT-; Jorge Eduardo Prieto Chamucero era miembro de la junta directiva -seccional Arauca- de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Colombia -Anthoc-.

Por la tarima instalada en el campo de fútbol de Caño Seco pasaron representantes de diferentes instituciones y organizaciones sociales. La gente se acomodó a la sombra de los árboles y los toldos en una nublada pero calurosa mañana de agosto. Los afiches colgaban por doquier, recordando a las víctimas y visibilizando los procesos. El conductor del acto hizo un llamado para ocupar el espacio al frente de la tarima. 

La jornada de homenaje comenzó con las palabras de Víctor Manuel Chivaraquía, primero en lengua indígena y después en español. Destacó que aquí “hay gente de todo el centro oriente colombiano y de todo el país que recibirá  el mensaje, el legado de las víctimas. El Estado se ensañó con ellos, acabaron vilmente con sus vidas, pero no podrán aniquilar sus sueños, sueños que perduran y avanzan en los procesos de las organizaciones sociales de Arauca».

El obispo de Arauca, Monseñor Jaime Muñoz Pedraza, ofreció el acto litúrgico en recuerdo de las víctimas para dar paso a los saludos de representantes de organizaciones presentes.

Amplias muestras de solidaridad

El capítulo de saludos lo abrió la representante de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia -Redher- con unas palabras de solidaridad. Robert Daza, presidente del CNA, tomó el micrófono para recordar que “el Estado disparó sus balas asesinas, pero por muchas balas que dispare los campesinos y campesinas de Colombia somos muchos más y no podrán acallar nuestras ansias de justicia social. El proyecto que Héctor se pensó para el CNA, Arauca y Colombia entera está más fuerte que nunca, construyendo vida campesina con dignidad.” La vocera de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia -Anjeco- manifestó que “los tres compañeros no han muerto, sus sueños permanecen entre nosotros, en la juventud rebelde y organizada de Colombia “ y se preguntó: “¿Por qué nos matan si somos la esperanza de América Latina?”. Pablo Castillo habló en nombre de la Corporación Jurídica Humanidad Vigente. “A pesar de la tristeza que hoy nos embarga tras recordar estos hechos, Humanidad Vigente envía un caluroso abrazo fraternal a los familiares y amigos de Héctor, Leonel y Jorge Eduardo. Donde estén siempre los recordaremos». El Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos -CPDH- brindó un sentido homenaje a los compañeros que sufrieron la violencia en Colombia y declaró que sus ideales deben ser parte de la construcción de un mundo mejor. “Llamamos a los actores armados a que dejen tanta violencia, queremos la paz ya y celebramos las conversaciones de La Habana”, dijo. El delegado del senador Alexander López Maya, Alberto Bejaramo, afirmó que “hemos aprendido a conocer el territorio de Arauca. Hoy, diez años después, queremos acompañar el proceso de construir país con las organizaciones sociales, queremos acompañar a las familias y decirles que su sacrificio no será olvidado”. Por su parte el representante de la Asamblea Departamental de Arauca, Wilson Carrillo, manifestó: “Queremos hoy conmemorar  estos diez años de la muerte de los tres compañeros y solidarizarnos con las familias de todas las víctimas de la violencia en Colombia». El delegado del alcalde de Arauquita también se sumó al recuerdo con unas palabras: “Ensombreció el departamento hace 10 años, su trabajo incansable entregado a proyectos que contribuyeron a mejorar la calidad de vida en las comunidades de la región no fue en vano. Desde la municipalidad estaremos día a día con los que dieron su vida por los demás».

Entre saludo y saludo se corearon diferentes consignas: “Abajo la persecución contra el movimiento social”, “por una Colombia libre y soberana, unidad y lucha”, “ni por el más ni por el menos, ni con la muerte retrocederemos”, “los jóvenes no somos terroristas, terrorista el Estado que desaparece y asesina” o “por los compañeros presente, presente, presente, compañeros hasta siempre”, fueron algunas de ellas.

En la misma acción militar fueron detenidos y procesados por rebelión dos sobrevivientes de la Masacre: Samuel Morales, presidente de la CUT -subdirectiva Arauca- y María Raquel Castro, dirigente de Asedar y de la CUT. Visiblemente emocionada, María pronunció unas palabras para honrar la memoria de las víctimas. Hoy se encuentra en libertad, luego de haber pasado 37 meses encarcelada. Su compañero pagó con 34 meses de prisión.

Ariadna Arevalo, vestida con traje típico, y Leonel Reina, sombrero y poncho al hombro, deleitaron a los presentes con música llanera rompiendo durante un rato la solemnidad de la jornada.

En busca de justicia

El abogado Tito Augusto Gaitán Crespo, delegado de las organizaciones representantes de víctimas de Estado, resumió la situación del proceso judicial todavía en marcha. “Gracias a las gestiones realizadas por varias organizaciones de Derechos Humanos para esclarecer los hechos, fueron condenados a 40 años de prisión algunos de los miembros de las Fuerzas Militares que participaron en la ejecución de este crimen», afirmó, y brindó detalles: «Tal es el caso del subteniente Juan Pablo Ordóñez Cañón y de los soldados profesionales John Jairo Hernández, Walter Loaiza y Oscar Saúl Cuta. También se le impuso la misma sentencia a Daniel Caballero Rozo, un informante que acompañaba a los militares durante el desarrollo de los hechos”.

La jurisdicción ordinaria emitió sentencia contra los autores materiales condenándolos a 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado. La decisión fue apelada y se encuentra pendiente del fallo de 2ª instancia. A este proceso no se vinculó a los oficiales de inteligencia y operación que participaron en la planificación y diseño del crimen.

Aunque esta sentencia se constituye como un triunfo importante para los familiares de las víctimas y las organizaciones de Derechos Humanos que han asumido el caso, se considera que aún está pendiente esclarecer con profundidad cuáles fueron los verdaderos móviles para cometer este abominable crimen, así como establecer verdaderas garantías de verdad y reparación integral, que permitan -entre otras cosas- recuperar la dignidad y el buen nombre de los dirigentes asesinados.

«Ser líder social equivarle a incurrir en rebelión»

La declaración política fue pronunciada por Adelso Gallo, dirigente del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, organizador del evento. En un emotivo y enérgico discurso, afirmó: “El asesinato y la detención de dirigentes sociales ha beneficiado única y exclusivamente la explotación petrolera en la región, pero las transnacionales responsables continúan saqueando los recursos, destruyendo la biodiversidad y aterrorizando la población con bombardeos y masacres. Los autores intelectuales no han sido juzgados, menos aún condenados por la justicia colombiana; estos crímenes se mantienen en total impunidad. Ser líder social, sindicalista o dirigente campesino equivale a incurrir en rebelión y ser delincuente, y esto se paga con la vida, valiéndose de las Fuerzas Militares y recurriendo a los montajes judiciales y policiales si es necesario».