El pasado 13 de septiembre, miembros de las Fuerzas Militares quemaron la casa de una familia en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, en el Catatumbo nortesantandereano. Tras sus acciones distribuyeron panfletos amenazantes en el lugar de los hechos.

Con gran temor se encuentran los habitantes  de la zona luego de que las Fuerzas Militares que llegaron a la finca Las Palmas, en la vereda Los Cuervos de Tibú, quemaran la casa de una familia campesina, donde se encontraba un menor de 11 años. En la acción, fueron quemados también los elementos de uso personal como la ropa de la familia, los alimentos de la cocina fueron saqueados y, tras su paso,   dejaron panfletos amenazantes con las iniciales AUC y la leyenda “fuera guerrilleros no los queremos ver en la vereda”, según informó un habitante de la zona de quien omitimos su identidad por razones de seguridad. Ante los hechos ocurridos, los afectados instauraron la correspondiente denuncia en la Personería de la localidad que manifestó que será llevado a los entes nacionales e internacionales para su respectivo tratamiento. Además, se presentó una demanda ante la fiscalía.

De igual forma, un habitante de la localidad aseguró que las fuerzas militares de la Batallón de Comando Terrestre -Bacot- 116, al mando del Coronel Mier Granda, aceptó la responsabilidad en los hechos.

El Catatumbo es un territorio donde los habitantes sufrieron el despojo urbano, además de las masacres cometidas por los paramilitares entre los años 1999 y 2004. Las víctimas aún no se recuperan de esa ola de violencia y temen que los hechos, desaten otra ola de masacres como la que se vivió hace 15 años. Los habitantes de la región piden al Estado colombiano que sean sacados del conflicto armado, además ser reparados por los daños causados y que cumpla con la reparación de las víctimas que en este territorio ha dejado la guerra.

Antecedentes

La Procuraduría presentó recientemente un informe ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá sobre los perjuicios sufridos por los nortesantandereanos en Tibú, La Gabarra y otras poblaciones aledañas, en el período de la ocupación paramilitar. En este se reseñan las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el actor armado. El documento es un largo recuento de los daños morales, sociales, materiales y políticos a las comunidades, con detalle de cada victimario paramilitar del bloque Catatumbo y que además vincula acciones de las Fuerzas Armadas.

Según constató la Procuraduría a lo largo del proceso, los paramilitares no sólo mataron, desaparecieron y desplazaron forzadamente a miles de personas, sino que además «humillaron a los sobrevivientes, abusaron de las mujeres, persiguieron a los homosexuales, trastornaron la psiquis individual y colectiva para siempre con actos barbáricos, contaminaron los ríos con cadáveres y con miedo, robaron las arcas municipales impidiendo que los Alcaldes y Juntas Comunales repararan caminos e hicieran obra pública, literalmente cortaron cabezas de líderes sociales y cremaron ilegalmente cuerpos,  cooptaron la política para ponerla a su servicio, y allanaron el camino para que empresarios de la palma compraran tierras baratas».

El informe será una de las pruebas para dictar sentencia contra los culpables a finales de este año. La Fiscalía tiene un registro de 5.702 homicidios, 199 masacres, 1.117 desapariciones, 2.442 desplazamientos y 322 despojos atribuidos al Bloque Catatumbo.