Tras la declaración del Ministerio de Salud al calificar de peligrosas para la salud humana las fumigaciones con glifosato que el Estado colombiano realiza, la Mesa de Interlocución y Acuerdo -MIA- y la Marcha Patriótica propusieron hacer una sustitución gradual de los cultivos ilícitos a 10 años.

El argumento principal de los campesinos para mantener cultivos ilegales está en la situación de insostenibilidad que muchos planean, dado los altos costos para la producción de alimentos. Sobre este respecto Luz Perly Córdoba de la MIA por el departamento de Arauca refirió: “Es importante aclarar que los campesinos no somos ni delincuentes ni narcotraficantes por cultivar coca, marihuana o amapola, hemos sido obligados a mantener este tipo de cultivos, por la situación de exclusión en la que el Estado nos tiene”.

Desde hace mas de 40 años los diferentes gobiernos colombianos han impulsado la fumigación con glifosato como programa bandera de lucha contra el narcotráfico, aunque desde ese mismo momento, el campesinado colombiano ha denunciado constantes afectaciones no sólo a los cultivos lícitos, sino también al suelo e incluso a la salud humana.

Ante las denuncias y movilizaciones exigiendo la suspensión definitiva de estas fumigaciones, la MIA y la Marcha Patriótica han propuesto al Gobierno Nacional la realización de una sustitución gradual y concertada de los cultivos de coca, amapola y marihuana a lo largo del país. Por ello Olga Lucía Quintero a nombre de la Asociación Campesina del Catatumbo -Ascamcat- declaró: “Desde el seminario Fumigaciones y Paz, le mandamos un mesaje al Consejo Nacional de Estupefacientes, esperamos que la decisión de suspender las fumigaciones con glifosato, no sea solamente con glifosato, sino que sean suspendida del todo estas fumigaciones, con otros agentes químicos que afectan nuestros territorios. Segundo, lanzamos la propuesta al Gobierno Nacional, al presidente Juan Manuel Santos, desde la MIA sobre su mesa dejamos la propuesta de sustitución de cultivos ilícitos, con un enfoque social, gradual, concertado, estructural y ambiental, de los ingresos derivados de la coca, marihuana y amapola, para desarrollarse en 10 años”.

La base para adelantar esta iniciativa son los Planes de Desarrollo Sostenible Ambientales e Integrales construidos desde las diferentes regiones del país. La propuesta de trabajo también propone que el gobierno compre la cosecha de marihuana, amapola y coca, mientras se va adelantando la sustitución gradual, cancelando el uso indebido de estas plantas.

Otro de los puntos que concerta esta propuesta, exige la desjudicialización de los campesinos que han sido llevados a la cárcel sometidos bajo la ley 30, cuando simplemente son cultivadores y recolectores de la hoja de coca. Según cifras manejadas por la Marcha Patriótica, existen alrededor de 300 campesinos que están recibiendo una condena de hasta 21 años.

Finalmente Olga Quintero, convocó a “una gran constituyente de cultivadores y recolectores de coca los días 4 y 5 de julio en el departamento del Putumayo, donde esperamos llegar las regiones del país para terminar de consolidar nuestras propuestas.”

Igualmente, desde Marcha Patriótica denunciaron que el pasado 11 y 12 de mayo, pese a los anuncios del Gobierno Nacional, se presentaron fumigaciones en Villa Garzón y Puerto Guzmán, departamento del Putumayo, donde el campesinado asegura sentirse traicionado por el Estado, pues mientras que se dialoga con las comunidades, paralelamente continúan fumigando sus territorios.

Finalmente, desde la MIA, el campesinado continúa la resistencia contra las fumigaciones y constantes amenazas de grupos paramilitares, como la denunciada el pasado 7 de mayo en Orito, Putumayo, donde 15 hombres armados irrumpieron la tranquilidad del pueblo Nasa. Pese a estas denuncias, la propuesta construida por este movimiento social y político, radicará ante los mecanismos pertinentes.