16 may. CI.- El 18 de mayo de 1998, 32 habitantes del puerto petrolero de Barrancabermeja, fueron asesinadas por la acción de grupos paramilitares en asocio con el ejército colombiano y miembros de la policía.

El operativo de los paramilitares fue efectuado el sábado 16 de mayo de 1998 en los barrios El Campín, El Divino Niño, El Campestre y María Eugenia, de Barrancabermeja. Apoyados por el ejército, la policía y el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad -DAS, los paramilitares asesinaron en Barrancabermeja a 7 personas y procedieron a desaparecer a 25 víctimas, de las cuales nunca más serían encontradas con vida.

De acuerdo con versiones dadas a la justicia por antiguos paramilitares, la masacre fue ordenada por Cristancho Acosta, alias ‘Camilo Morantes’, jefe de los paramilitares en el departamento de Santander, en complicidad con la Fuerza Pública y comerciantes de la región para generar temor en la población.

Por esta masacre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH admitió una demanda contra el Estado, presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -Cejil y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en la que denunciaban la participación de miembros de la Policía, Ejército y el entonces Departamento Administrativo de Seguridad -DAS en la masacre perpetrada por los paramilitares.

La demanda fallo a favor de las víctimas y condenó al Estado Colombiano. En la sentencia se determinó que el Ejército, la Policía y el DAS deben de reparar administrativamente a las víctimas, por no haber defendido los derechos humanos de los pobladores, no desarrollar ninguna a acción que ayudara a preservar su vida y por permitir que la masacre ocurriera.

Pese a las condenas el Colectivo José Alvear Restrepo ha insistido en que el Estado Colombiano sigue en deuda con las víctimas en materia de justicia, pese a las insistentes solicitudes, aún no se logra la plena identificación e individualización de los empresarios y comerciantes que financiaron la incursión paramilitar

Según datos de la Fiscalía, hasta el 2012, luego de las declaraciones del ex paramilitar Mario Jaimes Peña, alias ‘El Panadero’, quien lideró la masacre, se entregaron los primeros cuerpos, logrando ser identificados ocho de ellos, sobre los demás, que aún están sin encontrarse reposan varias versiones, entre ellas la del ex paramilitar Hermes Anaya Gutiérrez, alias “Chicalá”, quien aseguró en 2008 que dos desmovilizados junto con dos paramilitares cambiaron seis cuerpos de la fosa en la que se encontraban para recibir dinero por la información.

Según documentación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, han sido judicializados por la masacre, Oswaldo Prada Escobar, oficial de inteligencia del Batallón Nueva Granada, Antonio Daza Camargo, comandante de la Base Pozo Siete, John Guzmán Santos, comandante de la Base Termoeléctrica y Joaquín Correa López, Comandante operativo de la policía en el Magdalena Medio.

Todos ellos, fueron señalados en 2008 por alias “Él Panadero” durante varias audiencias de versión
libre dentro del proceso de Justicia y Paz. En una de ellas aseguró que la idea era que la Fuerza Pública no reaccionara y les diera tiempo para cometer la masacre “el director del DAS se comprometió con nosotros y nos dio su palabra de no reaccionar. Sin embargo, nos traicionó y días después le pasó un informe al Ejército en el que denunciaba la incursión”, declaró el ex paramilitar.

Desde entonces familiares de las víctimas reclaman que es poco lo que se ha avanzado en materia judicial pues no se ha conocido la verdad “para nosotros no ha existido la reparación, pues está empieza a existir cuando se sepa la verdad, que es tener conocimiento sobre todos los militares implicados y los comerciantes que aportaron dinero, según “El Panadero” los comerciantes involucrados aportaron entre 200 y 300 millones de pesos, para cometer la masacre”.

CI FC/CC/16/05/18/07:00