Derechos Humanos

Ley de Amnistía e Indulto: retos y adversidades

2 dic. CI.- Tras un año de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, la Corporación Solidaridad Jurídica realizó un informe sobre la Implementación de la Ley 1820 de Amnistía e Indulto.

De acuerdo con lo pactado entre el Gobierno Nacional y las FARC, se estableció un procedimiento de excarcelación para las personas que se encuentran privadas de su libertad acusadas de pertenecer o colaborar con esa insurgencia. Disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones fueron revestidas bajo la Ley 1820.

La ley cuenta con tres mecanismos de excarcelación: 1) La cesación y/o preclusión del procedimiento penal para los delitos políticos o conexos, tipificados en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Amnistía y quienes saldrían bajo la figura jurídica de Amnistía de IURE; 2) Libertad condicionada para aquellas personas cuyos delitos no se encuentran relacionados en los Artículos 15 y 16 y han permanecido privados de la libertad por cinco o más años; y 3) La figura de traslado a Zona Veredal Transitoria de Normalización para quienes, estando privados de la libertad por delitos no amnistiables, llevan detenidos por un tiempo menor a cinco años.

Hasta el momento han recobrado la libertad 2.972 excombatientes que se encuentran dentro de las listas consignadas por las FARC. Sin embargo, siguen como presos políticos 726 personas. Esta situación evidencia una incapacidad institucional del Estado para aplicar y hacer vigente el desarrollo normativo, incluyendo la violación al Cese Bilateral Definitivo a raíz de conductas relacionadas con actitudes hostiles por parte del cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- para con los y las prisioneras.

Desde la firma de los Acuerdos se han documentado y denunciado tratos crueles e inhumanos en los establecimientos penitenciarios. “La muerte del bebé prematuro ocurrida el 14 de abril del presente año en el Hospital de Engativá, de la exprisionera política Rocío Cuellar Guevara, integrante de esta guerrilla y quien se encontraba recluida en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá”, es uno de los ejemplos que señala el documento de la Corporación Solidaridad Jurídica.

Tampoco existe una ruta diferencial entorno a la reincorporación para los y las exprisioneras de las FARC que le permitan iniciar programas integrales y dignos de reincorporación, que garanticen el goce efectivo de los derechos civiles y políticos.

Teniendo en cuenta las condiciones y características propias en reclusión, la ausencia real de medidas que garanticen la suspensión real de órdenes de captura para los excombatientes, y la persistente negativa por parte de los jueces y fiscales en aplicar con efectividad y claridad la Ley de Amnistía; se dificulta la excarcelación de las y los prisioneros políticos y se genera un estado de incertidumbre y desconfianza hacia las intenciones reales de Gobierno Nacional en términos de materia jurídica.

CI KA/PC/02/12/17/12:00

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