Medio Ambiente

Las trabas del Estado a la consulta popular y las amenazas a ambientalistas

Mientras las comunidades buscan adelantar consultas populares y ejercer los mecanismos de participación para decidir sobre temas álgidos, como la explotación minera y la protección de las fuentes de agua, el Estado colombiano pone las trabas suficientes para impedir estas acciones.

Ante esto, la Corte Constitucional impugnó la decisión del Estado, que se cree el único competente para hacerlo, y dio vía libre a las consultas populares. Sin embargo, éstas continúan siendo impedidas por los entes estatales al tiempo que los ambientalistas siguen recibiendo amenazas de grupos paramilitares.

La normatividad en Colombia ha incurrido en una serie de modificaciones que violan los derechos colectivos de los pueblos y favorecen los de las multinacionales. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo –PND– dio vía libre para que las multinacionales exploten las zonas de páramos. La consulta popular, que es un mecanismo de participación legítimo del pueblo consagrada en la constitución, también se ha visto vulnerada por el Estado y la Procuraduría General de la Nación, es decir, los entes estatales han negado el derecho a realizar consultas y han pretendido ilegitimar la realizada en el Municipio de Piedras.

En el Tolima la comunidad se ha movilizado en contra de la multinacional Anglogold Ashanti que hace presencia en la zona, no obstante, en los últimos días los ambientalistas del Tolima denunciaron las amenazas que recibieron algunos de sus integrantes por parte del grupo paramilitar “Águilas Negras”.
Las consultas y su legalidad

El 28 de julio de 2013, la comunidad del Municipio de Piedras, en el departamento del Tolima, ganó la consulta contra los proyectos mineros. La consulta logró impedir que la multinacional Anglogold Ashanti extendiera la exploración aurífera que realizaba en Cajamarca hasta su territorio y afectara las fuentes de agua de la comunidad.

Sin embargo, el Procurador Provincial de Ibagué ordenó realizar indagación preliminar por este hecho contra el alcalde del municipio, Arquímedes Ávila Rondón, dos meses después de realizada la consulta. Según el Procurador, el alcalde se extralimitó en sus funciones enfatizando que estas solo le corresponden a la autoridad nacional ambiental y minera.

A partir del triunfo de los habitantes de Piedras, el Estado colombiano se ha dedicado a ponerle palos en la rueda a los mecanismos de participación y al artículo 37 del Código de Minas, indicando que es el único que tiene poder de definir títulos mineros en los territorios. Sin embargo, la Corte Constitucional aclaró a comienzos de 2015 que la norma es acorde con la Constitución, por lo tanto la autorización para realizar actividades mineras debe ser acordada entre las autoridades competentes de orden nacional con las territoriales, con tal de garantizar la protección del ambiente sano y en especial la protección de las cuencas hídricas, además de garantizar el desarrollo social de sus comunidades.

En septiembre del año pasado el Concejo de Estado negó la tutela que había interpuesto la multinacional Anglogold Ashanti contra el Tribunal Administrativo del Tolima, en la cual reclamaba, supuestamente, la vulneración de sus derechos, del debido proceso y de la buena fe, en el procedimiento de la consulta popular en el Municipio de Piedras.

La consulta popular de Piedras fue una acción legal que no violó ningún derecho sino que protege los derechos colectivos de sus habitantes. Este hecho coloca en tela de juicio a la Procuraduría que advirtió que la consulta efectuada en Piedras no era un ejemplo a seguir.

Las consultas negadas en el país

La ciudadanía de los municipios de Casanare (Tauramena, Monterrey, Recetor, Nunchía, Paz de Ariporo, Aguazul, Hato, Corozal y Yopal) solicitó autorización para realizar la consulta popular. La respuesta del Procurador General fue negarla y además advirtió a ocho mandatarios locales del país abstenerse de llevar a cabo estos procesos de consulta.

En septiembre de 2014, los movimientos sociales y el Comité Ambiental del Tolima denunciaron que el Procurador Regional de Ibagué, Ernesto Cardoso, se opuso a la realización de la consulta popular en contra de proyectos de explotación minera en los municipios de Espinal, Rovira, Cajamarca e Ibagué. Además los ambientalistas indicaron en esa oportunidad que la actitud del Procurador fue a favor de las multinacionales.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en cabeza del Magistrado, Gonzalo Zambrano Velandia, negó la realización de la consulta popular que solicitó la comunidad de Pueblo Rico, Antioquia, a través de su Alcalde. El Tribunal basó su respuesta en el artículo 37, advirtiendo que la competencia para definir el rumbo del territorio le compete únicamente al Estado a través de sus autoridades nacionales. Advirtió además que los recursos o yacimientos minerales que se encuentren en el suelo o subsuelo son de exclusiva propiedad del Estado.

Recientemente el Consejo de Estado echó para atrás la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Bogotá de avalar la realización de la consulta popular para definir la consulta antitaurina en Bogotá.

La decisión de la Corte Constitucional no solo permite la participación de los entes territoriales y de las comunidades para definir y validar el derecho al agua y al territorio, sino que deja abierta y legitima la posibilidad de realizar consultas en el país. Esta es, además, una advertencia para la jornada electoral que se aproxima y la capacidad que tienen los ciudadanos para elegir a sus representantes. Es preciso analizar las propuestas amañadas de aquellas candidaturas dependientes de políticas de multinacionales, que compran conciencias bajo una convicción individual que afecta los derechos fundamentales de la sociedad.

https://www.youtube.com/watch?v=SJ929axTpow

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