20 may, CI.- El pasado 13 de mayo se conoció que el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. La decisión responde principalmente a que el país caribeño acoge a la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, siguiendo con los protocolos pactados con el Estado colombiano durante el Gobierno Santos.

Desde el quiebre de las negociaciones a principios del 2019, el Gobierno de Iván Duque ha venido insistiendo para que su par cubano extradite a los miembros del ELN y someter a estos a la “justicia” colombiana. Cuba, junto con los demás países garantes y acompañantes del Proceso de Paz, ha rechazado la solicitud. Declara que existe un protocolo firmado por las partes para garantizar el retorno a Colombia de dicha delegación, en caso de una ruptura de la mesa.

Como colofón, el Gobierno de Colombia celebró la decisión tomada por Trump respecto a Cuba. Esto pone en una difícil situación a la Isla, quien ha acompañado incondicionalmente múltiples esfuerzos de paz del pueblo colombiano, como el acuerdo con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y la implementación del mismo.

Esta situación ahonda la crisis ya existente entre el Gobierno Colombiano y el ELN, y hace que el restablecimiento de los diálogos entre ambas partes sea cada vez más remoto.

¿En que punto se encuentran?

Con el cese unilateral al fuego declarado por el ELN del 1 al 30 de abril, en el marco de la difícil situación que atraviesa Colombia y el mundo ante la pandemia provocada la Covid-19, revivió la esperanza de retomar el camino de las negociaciones.

Este anunció fue recibido con optimismo por diferentes actores sociales y políticos. Además, coincidió con el nombramiento como Gestores de Paz a Carlos Arturo Velandia y Gerardo Bermúdez, ex militantes de esta guerrilla que han adelantado labores por la solución política del conflicto, al lado del Gobierno.

Sin embargo, hace varios años esta organización no reconoce a ambos sujetos como legítimos y declaró su desconfianza de que ellos pudieran generar acercamientos. Según dijo el ELN, Velandia y Bermúdez ya no representan sus aspiraciones e idearios políticos.

Mientras tanto, el Gobierno mantuvo en la cárcel a Juan Carlos Cuéllar, Gestor de Paz designado por esa guerrilla. Cuéllar fue arrestado en diciembre pasado mientras continuaba adelantando labores para el restablecimiento de la mesa de diálogos.

El Gobierno de Duque continúa insistiendo en que la reanudación de la mesa se dará una vez el ELN renuncie a toda actividad delictiva y deje en libertad a todos los secuestrados en su poder. Mientras tanto, el ELN ha llamado a decretar un cese bilateral al fuego y a debatir y construir acuerdos en el marco de las negociaciones, y no como imposiciones previas.

La estrategia del Gobierno para presionar al ELN viene combinando la presión política (como es el caso de la presión a Cuba para extraditar a sus negociadores), el incentivo a desmovilizaciones individuales de los llamados Grupos Armados Organizados (lo cual deberá ser monitoreado por el Alto Comisionado Para la Paz) y los golpes militares a mandos de sus estructuras (como con el bombardeo realizado por las fuerzas militares en Montecristo, Sur del Departamento Bolívar, donde habrían muerto 20 de sus integrantes, entre ellos dos comandantes: “Mocho Tierra” y “El Gallero”).

La guerra se viene intensificando en los territorios, en medio de los azares de la pandemia. El ELN decidió no prorrogar el cese al fuego y parece cada vez más distante la posibilidad de reanudar la mesa de negociaciones.

La Delegación de Paz de esta guerrilla ha declarado que observan “un nulo interés del Gobierno por reabrir conversaciones de paz, por esto nuestra Dirección le exige al Gobierno que cumpla el Protocolo de retorno de esta Delegación, y el día que decida abrirlas, el ELN nombraría sus delegados para atender un reinicio de la Mesa de diálogos”.

CI DO/PC/20/05/2020/07:00