16 jun. CI.- En los últimos días la problemática carcelaria se ha hecho aún más visible. Las denuncias que traspasan los muros de las prisiones son variadas, van desde las miserables condiciones de reclusión pasando por una alimentación inadecuada, el alto costo de las comunicaciones con sus familias, el pésimo sistema de salud que ha causado centenares de muertes por falta de atención, la corrupción, hasta el cacicazgo, la tortura y malos tratos hacia las y los presos como a sus familiares y visitantes, entre otras prácticas y situaciones aberrantes.

Pese a esto, las altas esferas de poder, encabezadas por el Fiscal General de la nación, protagonizan campañas discriminatorias que promueven la privación de la libertad como regla general e infunden temores por el supuesto riesgo a la seguridad ciudadana que conlleva la liberación de reclusos cuyos juicios se han prolongado ilegalmente.

Producto de ello, el proyecto de ley 148/2016 fue retirado por el gobierno, lo cual pone en riesgo la entrada en rigor de la Ley 1786/2016 que impone límites al tiempo de detención preventiva.

Sobre esta problemática Colombia Informa entrevistó al representante a la cámara Víctor Correa Vélez, quien hace un llamado general a la sociedad colombiana a volcar sus miradas sobre las prisiones del país y a reflexionar sobre una política criminal que cada día lleva a más ciudadanos y ciudadanas pobres a la cárcel.

Colombia Informa: Ha sido evidente su preocupación por la situación carcelaria y la política criminal en el país, problemas que a pocos parece interesar. ¿Por qué la sociedad en general debe preocuparse por lo que ocurre dentro de las prisiones?

Víctor Correa: Empiezo por decir que me parece  que hay una tendencia actual, o no sé que tan vieja sea en la humanidad, de pensar que tiene que  haber una razón útil para hacer algunas cosas y que lo que debe mediar es como un asunto de causalidad efecto que logre justificar las motivaciones para que una persona se mueva, se movilice o busque cambiar alguna realidad. Frente al tema carcelario yo diría que más allá de un porqué debería haber una preocupación real de todo el mundo. Cuando me preguntan por qué lo hace, yo digo porque hay injusticias en lo que está ocurriendo, porque en realidad hay gente que está sufriendo, que está mal y en virtud de solucionar el problema a estas personas en un tema de sensibilidad de vínculo humanista.

Ahora, pues hay quienes han debatido  sobre este tema y plantean que es alrededor de este trato que se ejerce sobre el otro, cuando se denigra y se violenta su dignidad. Muchos argumentan que es una forma de deshumanización de la sociedad, creo que en la medida que permanezcan este tipo de injusticias sin ningún tipo de respuesta se va naturalizando la violación de la dignidad humana como una condición natural, y eso sí es muy peligroso para las sociedades.

C.I: El proyecto de ley 148 fue retirado por el gobierno. ¿Cómo va la construcción de la nueva iniciativa?

V.C: Lastimosamente el proyecto de ley 148 fue retirado por parte del Ministerio de Justicia en un contexto político bastante complejo. Teniendo en cuenta que el señor Fiscal General estaba en contra del proyecto, se emprendió un proceso de construcción en el marco de unas nuevas realidades de debate político con todo el consejo de política criminal, buscando la legitimidad del proyecto con otros actores de la institucionalidad tenga una mayor viabilidad en el trámite legislativo. El proceso apenas comienza, sé se ha tomado como referencia el texto original del proyecto ley 148, y espero que toque y profundice otros elementos de la política criminal y penitenciaria que deben ser transformados.

C.I: Usted además de congresista es médico. Díganos, a partir de las visitas que ha realizado a distintos centros de reclusión ¿cuáles son sus consideraciones sobre el sistema de salud en las prisiones? ¿Cuáles son las alternativas o propuestas deben implementarse para un goce efectivo del derecho a la salud?

V.C: La situación de salud, en su conjunto, es bastante grave. Pero aquí tenemos una particularidad y es la  gente que está enfrentando las crueldades del sistema de salud en condiciones de reclusión. Gente que precisamente por sus  condiciones de reclusión debería estar protegida con mayor fuerza por parte del Estado colombiano.

Yo me uno al informe que realizó la Defensoría  del Pueblo, en el cual se evidencia que hay una vulneración sistemática del  derecho a la salud desde varias perspectivas: desde la perspectiva prestacional asistencial, pues a la gente no le están entregando los medicamentos, ni dando citas o programando cirugías. Desde el enfoque determinante del proceso salud y enfermedad, el hacinamiento en las cárceles facilita la propagación de enfermedades, como la tuberculosis. También el acceso al agua potable y los problemas de alimentación contribuyen a que se vulnere el derecho fundamental a la salud. Esto debe resolverse con urgencia, a través de actuaciones serias por parte del Estado. Por ejemplo, la interventoría que debería estar haciendo la USPEC tendría que determinar por qué la FIDUPREVISORA no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir cuando se le están pasando los recursos.

C.I: ¿Cree que el problema de la política criminal en Colombia y la situación carcelaria debe ser abordada en una mesa de diálogos que busca la salida negociada al conflicto? De ser así ¿qué le propone a la mesa de Quito?

V.C: Yo creo que sí, los procesos de negociación de paz deberían incluir la discusión sobre política penitenciaria y criminal en Colombia, porque la guerra no es un tema que solamente haya permeado o tenga que ver con la lucha de la confrontación entre las guerrillas y el Estado. La guerra ha sido transversal a muchos de los ejes de nuestra sociedad y creó unos imaginarios entre los cuales estaba la cárcel como gran respuesta y solución  a los problemas sociales. Además los problemas sociales que motivaron el origen del conflicto armado también en buena parte fortalecieron esta política criminal y penitenciaria, saturando las cárceles  a través de la criminalización de la pobreza, en efecto, se cree que debe ser un tema que se discuta en las mesas de paz, porque la paz no se hace solo entre las guerrillas sino entre la sociedad y el Estado, principalmente.

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