Convocadas por la Alianza Nacional por la Salud, ANSA, cerca de 1000 personas marcharon en Bogotá este 19 de julio, en contra de la Ley Estatutaria en Salud aprobada por el Congreso de la República y del proyecto de Ley Ordinaria sobre la Salud respaldado por el gobierno nacional.

La Ley Estatutaria aprobada por el Congreso

La ANSA agrupa a 69 organizaciones entre centrales obreras, sindicatos y usuarios de la salud, estudiantes y sociedad en general, que asistieron a la marcha e invitaron a la sociedad a manifestarse.

Las razones de la protesta pudieron leerse en una hoja plegada distribuida a todos los transeúntes y participantes durante la movilización. Allí se señala que la ley estatutaria aprobada recientemente por el Congreso de la República recorta la acción de tutela que tenía el ciudadano para reclamar el derecho a la salud: la ley aprobada, explica el comunicado, “limita drásticamente el contenido de este derecho a un plan de beneficios con exclusiones que definirá el Ministerio de la Salud” Y añade: “De esta forma, ningún juez podrá aceptar el recurso de la tutela cuando se trate de exclusiones”.

También muestra que los usuarios tendrán ahora que pagar los servicios excluidos, que no serán financiados con recursos del Estado, pues la ley “se ató al principio de sostenibilidad fiscal”.

Desde varias orillas se cataloga la intermediación en la salud como una de las principales causas de la destrucción y el desorden que vive el servicio. El periodista Juan Gossaín, en su nombrado artículo “Así se robaron el sistema de de salud de los colombianos”, publicado el 23 de marzo de 2012: propuso: “en el nuevo sistema hay que eliminar a los intermediarios de la salud, que son la peor plaga.”. Esta afirmación coincide con lo propuesto por la ANSA, en el proyecto de ley estatutaria 105 de 2012 Senado, radicado en el Congreso.

El texto de esta propuesta indica que “El nuevo modelo está centrado en la salud, en las condiciones de vida saludables y no en el negocio de la enfermedad. (…) no tiene intermediarios que se apropien de los recursos públicos para hacer una labor que el Estado debe hacer con participación y control social. Es decir, no tiene “EPS” ni “GSS” ni ningún “agente” que obtenga lucro con los recursos disponibles para la atención en salud”.

Sin embargo, la ley aprobada por el Congreso y el presidente Santos no tiene en cuenta para nada estas opiniones y propuestas de quienes han investigado profundamente el problema y de quienes viven a diario su realidad por ser trabajadores de la salud. Por eso afirma ANSA: “el gobierno garantizó la permanencia de los intermediarios con ánimo de lucro en la administración de los recursos públicos de la salud”.

Igual sucede con el proyecto de ley respaldado por el gobierno, en curso en el congreso. Al respecto, Yesid Camacho, presidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social, Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTHOC, declaró para varios medios durante la marcha, refiriéndose a los cuatro puntos más lesivos de esta ley: “uno: se entrega el derecho fundamental a la salud a la sostenibilidad fiscal; dos: se consolida el negocio neoliberal y se le entrega la plata de la salud a los intemediarios llamados ahora gestores de salud; tres: se liquida completamente la red hospitalaria al no pagar las Empresas Promotoras de Salud, EPS, a los hospitales, los más de 5 billones de pesos que les deben; y cuatro: liquida totalmente los derechos de los trabajadores al convertirlos de libre nombramiento y remoción”.

La agenda que sigue por la defensa de la salud

El Encuentro Nacional Sindical y Popular, realizado el 18 de julio en Bogotá, en el que participaron más de 96 organizaciones sindicales y sociales, decidió iniciar un Paro Nacional Sindical y Popular por la Salud a partir 19 de agosto de este año. En la ANSA se encuentran entre otros la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la Confederación General del Trabajo, CGT, la Central de Trabajadores de Colombia, CTC, la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE; varios sindicatos del sector de la salud y de trabajadores estatales y organizaciones políticas como el Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Progresistas. Previo al paro, el 31 de julio habrá una movilización en Bogotá hacia la sede de la Corte Constitucional.

 Amenazas a los dirigentes del movimiento por la salud

 Yesid Camacho denunció también las amenazas que recibieron las directivas de ANTHOC el día martes de esta semana. Manifestó en la página de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, “que las amenazas recibidas demuestran el claro seguimiento por parte de las Aguilas Negras a los trabajadores de la salud” Indicó que “aparte de enviar los comunicados respectivos” esa organización paramilitar anexó fotografías de los eventos “donde ha participado la organización sindical”.

En esa misma página se recordó que “ANTHOC ha sufrido en los últimos veinte años de su historia el asesinato de 133 asociados. Además, diferentes líderes de la organización han sido objeto de atentados y amenazas, pero ante la crítica situación, el gobierno nacional no toma las medidas necesarias para garantizar la vida de los dirigentes sindicales.”