1º mar, CI.- Luego de que en noviembre 2020 la Agencia Nacional de Hidrocarburos cerrara contrato con Ecopetrol para ejecutar el primer Proyecto Piloto de Investigación Integral -PPI- de fracking en Colombia; los habitantes de Puerto Wilches (Santander), ambientalistas y organizaciones sociales han denunciado las constantes irregularidades del proyecto, que no tiene en cuenta condiciones necesarias como la licencia social. 

“Este cacerolazo mantiene en pie la posición de los habitantes de Puerto Wilches y deja en claro que el fracking no tiene licencia social. Mientras en esas supuestas mesas de diálogo unos funcionarios de Bogotá negocian nuestros recursos, en los territorios exigimos que no se nos vulneren los derechos a un ambiente sano y a una vida digna en armonía con la naturaleza”, expresó Yuvelis Natalia Morales integrante de Aguawil-Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de Puerto Wilches, una de las organizaciones que llegó con cacerolas a manifestarse a las afueras del lugar donde se realizaba el pasado 12 de febrero el Diálogo Territorial sobre Proyectos Piloto de Investigación.

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Proyecto piloto de fracking Kalé

La pugna del Gobierno Nacional para lograr ejecutar los contratos estipulados para la exploración y evaluación de la futura explotación de yacimientos no convencionales, también conocida como fracking, tuvo un momento decisivo cuando el pasado 24 de diciembre de 2020 la Agencia Nacional de Hidrocarburos celebró el primer contrato con Ecopetrol mediante el cual se pondría en marcha el primer Proyecto Piloto de Investigación Integral.

Nombrado “Kalé-1”, el proecto está programado para realizarse en el predio La Belleza, del corregimiento Kilómetro 8, Puerto Wilches (Santander). Ecopetrol ofreció una inversión de 76,7 millones de dólares para este propósito.

“Por medio del presente negocio jurídico se otorga al contratista autorización para ejecutar, a nombre propio y por su cuenta y riesgo, actividades científicas de investigación en el área del proyecto, prospectiva de yacimientos no convencionales”, relata un apartado del documento que contiene 104 hojas en donde se definen las condiciones, términos y donde también prevé todo el proceso de para lograr la adjudicación de la licencia ambiental. 

Aunque en el documento obligatoriamente especifica las condiciones en que deberá incluir la licencia sociales antes de iniciar la investigación de campo y realizar el respectivo diálogo con las comunidades de este territorio; la organización Alianza Colombia Libre Fracking denunció que no están contemplando la participación de los habitantes y que además dicho piloto carece de rigor científico. Ecopetrol espera iniciar el proceso de perforación para el segundo semestre del presente año. 

“El proyecto Kalé consta de un pozo que se va a fracturar y van a hacer un pozo inyector, es decir, esos fluidos de retorno van a ser inyectados y van a generar una captación el río Magdalena pero lo que más preocupa es que también piensan captar un pozo de aguas subterráneas”, asegura Óscar Sampayo ambientalista e integrante de la Corporación Yariguíes. 

Amenazas a ambientalistas opositores del proyecto Kalé

Recientemente fueron amenazados jóvenes que se oponen al fracking en Puerto Wilches y Magdalena Medio, y que desarrollan labores de liderazgo en defensa del medioambiente. 

Las organizaciones Alianza Colombia Libre de Fracking, Aguawil y No al Fracking en Puerto de Wilches realizaron una denuncia al Presidente Iván Duque para exigir la suspensión inmediata de este proyecto piloto, como medida urgente para garantizar los derechos de las personas amenazadas.

“Desde hace varios años hemos advertido sobre los riesgos que para las defensores y los defensores ambientalistas representa el desarrollo de los proyectos pilotos de fracking en territorios afectados por el conflicto armado, los cuales ocasionarían nuevos conflictos socioambientales como ya viene sucediendo”, resalta el comunicado de las organizaciones denunciantes.

También el Foro Nacional Ambiental y 20 Senadores de la República realizaron otra solicitud a Duque en la que exigen con urgencia inmediata la protección de la vida, seguridad e integridad de los jóvenes integrantes de Aguawil.

Finalmente, las constantes amenazas a ambientalistas que trabajan en territorios complejos, en donde es más evidente el conflicto armado y las instituciones corruptas, conforman un panorama siniestro en Colombia. 

En lo que va del año, más de cinco casos de amenazas se han denunciado en Santander y Caquetá. En enero atentaron contra la vida de la ingeniera y defensora medioambiental Yuli Andrea Velázquez, integrante de la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientales y Turísticas de Santander. Velázquez cree que el atentado se debe a las acusaciones que realizó contra las empresas y las Corporaciones Autónomas Regionales, por no ver reflejada la supuesta inversión que realizan en la recuperación ambiental y limpieza de ciénagas. 

CI AO/PC/01/03/2021/15:00