31 mar. CI.-“¿Qué tipo de democracia se predica en un país donde no importa la verdad? Es en defensa de la verdad y la justicia el señor fiscal debe renunciar a su cargo”, afirmó el senador por el Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, en una conferencia de prensa donde expuso las irregularidades que su equipo de investigación ha ido hallando en cuanto a las implicaciones de Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal General de la Nación, en el caso de corrupción internacional conocido como El Escándalo de Odebrecht.
El Senador ha planteado desde hace varias semanas que Marínez Neira debería declararse impedido por cuenta de unos contratos de su firma con el Consorcio Ruta del Sol SAS y por su relación con Corficolombiana vía Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien figura como el principal socio de la multinacional brasileña Odebrecht en dichos negocios.
Sostiene el senador Robledo que “el fiscal Martínez mintió cuando, en declaración del 21 de febrero, dijo que solo le había prestado una asesoría al Consorcio Ruta del Sol, y en 2012. Porque fueron tres las asesorías y porque la de 2012 no fue sobre el tema que él reconoció, sino sobre el muy cuestionado contrato de la vía Ocaña-Gamarra.
“El fiscal también mintió cuando afirmó no tener nada que ver con Navelena (Odebrecht) en 2015 –la del caso del Banco Agrario-, porque ese año la firma MNA Martínez Abogados, de su propiedad y representada por su hijo, Néstor Camilo Martínez Beltrán, le entregó a Navelena (Odebrecht) un documento, una asesoría de 52 páginas.
“Martínez Neira, además, el 8 de marzo pasado, mintió al decirles a los medios que ese día el senador Jorge Enrique Robledo se retractó de las acusaciones en contra suya. También ha engañado mediante los varios nombres de las empresas con las que contratan el Fiscal y su hijo. Los colombianos deben saber que ellos han hecho negocios, desde 1997, a través de 10 empresas y 22 razones sociales diferentes”.
Luego de estas declaraciones del senador, el fiscal explicó por qué considera que no debe separarse del caso: “los impedimentos de cualquier funcionario judicial, en aras de la garantía de imparcialidad, se surten respecto de asuntos bajo su directo conocimiento” y destacó que la Corte Suprema de Justicia señaló varias veces que “deben entenderse en relación con el funcionario que está a cargo del asunto” y por esa razón no tendrán éxito las recusaciones del senador Robledo pues “tal condición no se cumple porque el Fiscal General de la Nación no ostenta dicha calidad respecto de la investigación frente a la cual se pretende su dimisión”.
Asimismo contrapuso a la petición de impedimento que su subjetividad no está comprometida pues no se encuentra a cargo ninguna de las quince investigaciones que su entidad lleva a cabo por el caso Odebrecht y que de las mismas son dirigidas por otros cinco fiscales “quienes actúan de manera autónoma e independiente, con arreglo a la ley”.
El exministro de Justicia, Yesid Reyes -quien fuera consultado al respecto en una entrevista con BLU Radio-, dice que el fiscal debería declararse impedido pues el “que cada fiscal es autónomo no es un buen argumento. Si él tuviera argumentos -que podría tenerlos- desde el punto de vista más subjetivo debería plantearlos. Pero creo que el argumento correcto no es decir que el Fiscal General no tiene injerencias sobre los fiscales subalternos porque eso en la práctica no es cierto”.
Como conclusión de su conferencia de prensa, el senador Robledo mencionó la ironía de que mientras en el resto del mundo los fiscales acusan a Odebrecht, aquí quien está acusado es el Fiscal General. “La única oportunidad que esto tiene de aclararse -señaló- es que se convierta en un clamor nacional. El poder de la opinión pública es importantísimo. Si no se moviliza entonces pueden hacer y deshacer lo que sea. Eso es parte de nuestra tragedia nacional: quienes nos han gobernado se han acostumbrado a que pueden hacer lo que se les de la gana en el país y nada les pasa”.
Escándalo Odebrecht
A finales de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció que funcionarios y empresarios de 12 países de América Latina y África habían recibido sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht para que le otorgaran licitaciones de obras públicas. Esto, además de prometerse como un tsunami político-económico para la región, evidenció que importantes proyectos de infraestructura y energía estaban manchados con hechos de corrupción.
Con la caída de los precios internacionales de productos energéticos (principalmente del petróleo) la construcción y la infraestructura fueron las actividades que perfilaron la demanda para dinamizar la economía y mantener los niveles de crecimiento.
La multinacional Odebrecht confesó haber repartido 788 millones de dólares en sobornos en los lugares menscionados. “Si empiezo a hablar van a tener que habilitar celdas para varios Presidentes sudamericanos”, declaraba Marcelo Odebrecht presidente de la compañía de ingeniería y construcción, quien se encuentra detenido desde el año pasado. En Colombia, según esas mismas declaraciones, entregó 11,2 millones de dólares (más de 32 billones de pesos colombianos) para ganarse contratos como el de la Ruta del Sol II y la intervención del Río Magdalena.
Sin embargo, estas cifras pueden aumentar porque el período investigado hasta el momento es solo del 2009 al 2014 (finales del gobierno de Uribe y el primer período de Santos) y Odebrecht llegó al país en la década de los 90 con el mismo esquema de corrupción y sobornos.
La investigación oficial en Colombia de este caso está en las manos de la Fiscalía General de la República, tal como establece la ley. Yesid Reyes explicó recientemente -en la misma entrevista citada de BLU Radio- que esta institución se creó pensando en que “un cuerpo que trabaja de manera unitaria y coordinada es capaz de enfrentar las grandes organizaciones criminales”.
La Fiscalía General señala que, hasta ahora, están implicados en este escándalo políticos, altos funcionarios, congresistas activos, 4 funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, empresarios y miembros de la rama judicial. Han sido capturados el exsenador Otto Bula Bula y el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, ambos implicados por el proyecto Ruta del sol.
El dinero que Odebrecht invertía en los sobornos era recuperado a cargo del erario público y de los costos directos a los ciudadanos, por ejemplo, a través del costo del peaje. En el caso de la Ruta del Sol hubo 800 mil millones de sobrecostos y tuvieron que instalarse dos peajes más de los planeados inicialmente. Además, una de las principales críticas a esta infraestuctura es que no se pensó en beneficio de la economía campesina, por ejemplo, que requiere vías para llevar sus productos al mercado sino de grandes proyectos extractivos.
CI PC/MP/31/03/17/16:51
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