Conflicto y Paz

Jesús Santrich, entre la amnistía y la implementación de los acuerdos de FARC

23 jul. CI.- El pasado 15 de julio Jesús Santrich, miembro del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, fue dado de alta de la Clínica Cardiovascular y Neurovascular Shaio (Bogotá) tras estar hospitalizado en cuidados intensivos. Este desarrolló una huelga de hambre de 20 días en protesta por el incumplimiento del Gobierno a la amnistía de los prisioneros de la organización. Como consecuencia la salud del líder fariano decayó considerablemente. La acción también iba contra la lenta implementación de los acuerdos y su incumplimiento por parte del Gobierno.

Junto a Santrich, alrededor de 1400 presos de diferentes cárceles del país desarrollaron también una jornada nacional de movilización por el cumplimiento de los acuerdos, en particular de la Ley de Amnistía.

De acuerdo a lo pactado faltan por salir de prisión 1942 de sus integrantes, lo que corresponde al 63% de la lista de 3046 presos políticos entregada por las FARC. Es decir, en este punto no se han cumplido ni el 50 % de los acuerdos. Dado que sus fusiles farianos se encuentran en los contenedores de la Organización de Naciones Unidas -ONU-, diferentes mecanismos de presión y movilización como los de Santrich empiezan a ser parte de sus repertorios de lucha y presión.

La lentitud en el trámite para dar salida a las y los presos devela no sólo la falta de voluntad y el incumplimiento del Gobierno, sino que también refleja una serie de trabas que ha sufrido la implementación de los acuerdos en otras dimensiones. La ruta del posacuerdo es un camino de espinas que transita por varias vías:

1. Ley de Amnistía: El pasado miércoles 19 de julio el gobierno expidió el Decreto 1252 mediante el cual se agilizan los procedimientos para los trámites de libertades condicionales, amnistías e indultos a los integrantes de las FARC. Este decreto pretende solucionar la crisis y los conflictos que ha generado el retraso en su aplicación. La huelga de hambre sostenida durante 25 días se levanta por la expedición de este decreto pero se mantiene la desobediencia carcelaria. Dicho retraso ha generado malestar en las cárceles y en las zonas veredales, promoviendo desconfianza y abriendo la puerta a deserciones por la inseguridad jurídica.

De hecho, la Misión de la ONU en Colombia llamó la atención al Gobierno sobre el tema pidiendo urgentemente la solución de la situación de la población carcelaria de esta organización. Aunque las FARC cumplieron con el proceso de dejación de armas el Gobierno, el Gobierno ni siquiera ha cumplido algo tan básico del acuerdo como las amnistías. La solución de este punto es fundamental de cara a su transformación como partido político legal.

2. Persecución y asesinatos de líderes y lideresas sociales: De acuerdo a cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, desde el 1ero de enero de 2016 al 5 de julio de 2017 se presentaron 186 asesinatos de líderes sociales. Otras fuentes apuntan a cifras mucho más altas. En cualquier caso, se hace evidente una situación de arremetida sistemática contra las organizaciones y procesos populares en los territorios. Esto contrasta con el actual momento en que se plantea la posibilidad de expandir los espacios de participación política y democrática. La respuesta Estatal ha sido insuficiente para frenar esta violencia que ha sido acompasada por la expansión de ciertos grupos paramilitares. El reciente informe Como Va la Paz, de La iniciativa Unión Por la Paz y La Fundación Paz & Reconciliación, señala sobre el tema que “los hechos de violencia contra esta población presentan un comportamiento con grados altos de sistematicidad. Las motivaciones de estas acciones estarían encaminadas en limitar la participación de líderes sociales en política, entorpecer procesos de construcción de verdad, restitución de tierras y defensa del medio ambiente. Si bien en el último trimestre los niveles de victimización disminuyeron, no han desaparecido y los niveles de impunidad llegan al 70%”.

3. Paramilitarismo: En diferentes regiones del país se han expandido algunas expresiones del paramilitarismo -llamadas también como neoparamilitarismo, BACRIM o Grupos Armados Pos Desmovilización- y copado los territorios antes dominados por las FARC. En departamentos como Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle del Cauca se han presentado diferentes hechos violentos como asesinatos, amenazas, tomas de poblaciones y desplazamientos. Dentro de estos grupos destaca el de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también conocidas como Urabeños, Clan Úsuga o del Golfo). Este fenómeno está articulado a poderes locales y economías ilegales como el narcotráfico y la minería, representando una amenaza para las organizaciones sociales, procesos populares y las poblaciones en los territorios.

4. Reformas sociales: Como es sabido, la dejación de armas solo es una parte del acuerdo de paz y ella concierne directamente a los excombatientes de las FARC. Los acuerdos contemplan diferentes reformas sociales que competen a diferentes sectores sociales y promueven cambios en el país en temas como la participación política, los cultivos ilícitos y el sector rural colombiano. Aunque estas reformas contemplan una aplicación en mediana duración, se han visto desde ya dificultades para su aplicación. En los últimos días el Ministro del Interior Guillermo Rivera manifestó que la Ley de Tierras -núcleo de los acuerdos- no se tramitará mediante el procedimiento del Fast Track sino por vía ordinaria. “Se tomó la decisión de tramitar la Ley de Tierras por la vía ordinaria, porque creemos que esta ley hay que socializarla con diferentes sectores como las organizaciones campesinas, como los empresarios, como los pueblos indígenas, como las comunidades afrodescendientes”, afirmó. Esto retrasará el tiempo de su implementación. Por otra parte, se han presentado tensiones en departamentos como Meta, Guaviare y Nariño entre campesinos cultivadores de hoja de coca y la fuerza pública por la erradicación forzada de los cultivos, uno de los puntos gruesos en los acuerdos es la sustitución de cultivos de uso ilícito, lo cual ha despertado rechazos y acusaciones de incumpliento del gobierno por parte de los cultivadores.

Estos puntos evidencian diferentes tensiones y conflictos de lo que es el complejo camino de la implementación de los acuerdos con las FARC. Se hace necesario voluntad política para llevarlos a la práctica. En un escenario complejo donde se avecinan elecciones parlamentarias y presidenciales, la violencia continúa en algunos territorios y se desarrollan en Ecuador los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional.

CI DO/PC/23/07/17/14:51

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

To Top