21 sep. CI.- En días pasados, Colombia Informa entrevistó al sacerdote Jesuita Javier Giraldo, conocido como un trabajador incansable por los derechos humanos y la denuncia del paramilitarismo.

Colombia Informa: En diferentes estudios como el realizado en el libro: “Del paramilitarismo al paramilitarismo”, usted plantea que uno de los elementos principales en que el paramilitarismo en Colombia surgió en una relación estrecha con el Estado Colombiano, ya que fue legalizado por diferentes gobiernos. ¿En cómo lo observan ustedes ese funcionamiento del paramilitarismo en esa relación con el Estado?

Javier Giraldo: Hubo 27 años en que funcionó como un brazo clandestino o semiclandestino porque había muchas actividades que se hacían a la luz del día. Fusiones de tropas legales e ilegales, pero durante esos 27 años hubo ese funcionamiento con protección legal. Cuando eso se corta por la declaratoria de inconstitucionalidad de decretos que crearon esa situación. Sin embargo, eso continúa de varias maneras. Yo creo que, por ejemplo, los militares continúan en esa relación.

Existe un testimonio de un militar de alto nivel que decía: “Antes nos reuníamos en el mismo ministerio de defensa y ahora en esta situación de cierta ilegalidad, pues hemos buscado otros sitios de reunión”. Sin embargo, ellos siguen funcionando más o menos igual, con un cierto disimulo de la relación entre militares y paramilitares.

Lo que yo he visto, por ejemplo, en la región de Urabá, es que esta relación que era, tan a la luz del día, se empieza a ocultar progresivamente hasta llegar a una situación como la que hay hoy en día, en la cual ya no caminan juntos militares y paramilitares, ya no cocinan la comida juntos y, aunque los militares de la brigada 17, allá en Urabá tienen plena conciencia de que todas las veredas están dominadas por los grupos paramilitares.

Sin embargo, en el momento en que estos grupos convocan a una asamblea a las juntas comunales o la población de las veredas, ellos inmediatamente sacan las tropas a una cierta distancia de más de cinco kilómetros, para que cuando alguien denuncie que en su territorio se hizo esa asamblea ilegal, ellos –los militares-, van a responder ante organismos internacionales que no tenían tropas en ese lugar.

Se ha llegado a ese modus vivendi en que ellos disimulan de tal manera la presencia, la integración y la convivencia con estos grupos paramilitares, distanciándose físicamente, pero tolerando todo lo que ellos hacen. No hay ninguna represión contra esos grupos. En cada una de las veredas ellos tienen unos controles que ellos los llaman puntos. El punto es una especie de espía que puede ser una familia o puede ser una persona particular con la cual controlan toda la vida de la vereda y está informando con la radio o con celulares todo lo que pasa en la vereda. A pesar de que los militares conocen esos puntos y conocen esa situación, no hay absolutamente ninguna acción de persecución contra esos grupos. Existe una tolerancia total.

CI: ¿Ustedes han logrado identificar qué empresas, qué ganaderos, qué políticos están conectados o están detrás de estos grupos como el Clan del Golfo o las Águilas Negras?

JG: Después de esa “desmovilización de los paramilitares”, eso pasó a unos altos niveles de clandestinidad. Las investigaciones judiciales han logrado identificar. Por ejemplo, en Urabá, la misma empresa bananera Chiquita Brands colaboró mucho con estos grupos, tanto que fue sancionada en Estados Unidos. Le transportó 5000 fusiles a los paramilitares y cinco millones de municiones. Esto se supo y se comprobó y la misma justicia norteamericana sanciono a la empresa. Incluso,

En ese caso se supo que varios empresarios bananeros de Urabá estuvieron muy ligados a esa colaboración. Incluso hubo uno llamado Arnulfo Peñuela Marín, quien fue condenado seis años de cárcel en 2010 y que fue alcalde de Carepa. Él era el puente entre las empresas bananeras y los paramilitares. Era quien recogía los impuestos que los bananeros donaban para el sostenimiento del paramilitarismo. Así existen otros casos similares.

Todo esto llega hasta cierto momento en el cual la relación se vuelve clandestina. Aún no hemos podido identificar quienes directamente están involucrados con estos grupos porque ellos han aumentado el nivel de clandestinidad. Se sabe que esto no funciona sin una base económica sacada de los empresarios, pero la relación es muy clandestina.

CI: ¿Cómo entienden ustedes que en el gobierno uribista de Iván Duque, fueron anunciados varios ataques contra el Clan del Golfo, cabecillas capturados o dados de baja? ¿Ustedes como analizan esto y consideran que ese gobierno persiguió a los paramilitares?

JG: El gobierno de Duque con una mano captura uno que otro paramilitar, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el discurso que pronunció ante las fuerzas armadas –Creo que fue en febrero de 2019, en Tolemaida, Cundinamarca-, retorno digamos a los paramilitares oficiales financiados por el Estado, civiles que entran en la guerra y reconoció que él estaba formando grupos de jóvenes auxiliares de los militares y que tenía la perspectiva ese año de llegar a un millón. Eso fue más o menos igual a lo que hicieron en los gobiernos de Uribe, de Samper, de Gaviria de formar esos grupos de civiles armados.

Incluso, en el gobierno de Uribe, la entonces ministra de defensa, Marta Lucia Ramírez, lo decía por televisión preguntando cuanto costaban las armas que ella le entregaba a los grupos de civiles que estaban formando. Ahora Duque hizo lo mismo. Se sabe que tanto la policía como el ejército tenían muchos grupos de civiles auxiliares, ya fuera como informantes o como participantes en acciones militares. O sea que el paramilitarismo siguió en el gobierno de Duque.

Ahora, frente a la represión que él ejercía, por ejemplo, frente al clan del golfo, la hacienda de la familia Úsuga, fundadora del Clan del Golfo, está en San José de Apartado, en una de las veredas, que es la vereda Playa Larga. Allá está la gran hacienda del papá de los Úsuga que es donde estaba Otoniel, el último que extraditaron.

Para perseguir a Otoniel organizaron un operativo llamado Operación Agamenón, que duro siente años. En la región, yo creo que nadie creía en eso porque veían que había una estrecha relación entre los militares y la familia Úsuga; y que toda esa persecución era una obra de teatro que solamente sirvió para atropellar a las comunidades campesinas, en el cual llegaban a hacer un operativo, a allanar todas las viviendas, a molestar a las comunidades que eran un poco más distanciadas del Estado.

Todo el mundo sabía que los militares conocían que Otoniel no estaba allí y que ellos sabían en donde estaba. Sin embargo, a eso le gastaron muchos millones de pesos porque eso eran batallones enteros dedicados, dizque a buscar a Otoniel durante siete años sabiendo donde estaba. Al final, no lo capturan, sino que él se entrega y lo hace de una manera muy sospechosa porque los militares que lo “detienen” lo que querían era tomarse fotos con él, y hubo un momento muy festivo allí. Entonces, esa persecución al paramilitarismo es poco creíble en el gobierno de Duque.

CI FC/21/09/2022/14:00