8 jun. CI.- Las acreditaciones fueron entregadas este miércoles por el Alto Comisionado para la Paz, en las 19 zonas veredales y seis puntos transitorios de las FARC que existen en el país. La firma de los insurgentes los compromete a entregar sus armas y no volver a delinquir.

Según explicó Sergio Jaramillo, Comisionado para la Paz, la responsabilidad del Gobierno es acelerar la libertad para los presos políticos, suspender las órdenes de captura y adelantar las amnistías.

La comisión tripartita del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, integrada además de las FARC por la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno, será responsable de comprobar que las armas que entreguen quienes pertenecen a la insurgencia correspondan con la información que ya suministró esta guerrilla a la Fiscalía General de la Nación.

Juan Manuel Santos manifestó el pasado 29 de mayo que se ampliaría el plazo 20 días para el desarme total de las FARC. Para entonces, el 1 de agosto, el 70% de las armas que faltan estarán en los contenedores de la ONU. Ayer, Timoléon Jiménez, comandante en jefe de la insurgencia, expresó desde su cuenta de Twitter que «El 30% de nuestro armamento ha sido puesto en manos de la Misión de la ONU. ¡Las FARC estamos cumpliendo con nuestra palabra!

Entre los incumplimientos del Gobierno al proceso están: el fallo de la Corte Constitucional para frenar el ‘Fast Track’ en el Congreso de la República, es decir, los Acuerdos no serán aprobados en bloque sino revisados uno a uno; las capturas a miembros de la insurgencia que tienen permiso para salir de las Zonas y Puntos de transición; además de las demoras en la construcción de los albergues. No obstante, la noticia del inicio de la reincorporación de la insurgencia a la sociedad civil para convertirse en un Partido Político es vista con buenos ojos por la comunidad nacional e internacional.

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