Entre el 24 y el 26 de noviembre Bogotá fue epicentro de la llegada de más de 2000 indígenas que provenientes del Cauca quienes exigieron el respeto a su autonomía por parte del Gobierno. La gran jornada de la Minga por la defensa de la vida, el derecho a la protesta social y la jurisdicción especial indígena se caracteriza como un espacio para hacer valer los derechos humanos y la dignidad de los pueblos originarios.

La jornada inició el domingo 22 de noviembre con la concentración de las comunidades indígenas en el norte del Cauca, en el que definieron la reactivación de la minga que culminó el jueves 26 de noviembre.

Cabe recordar que, en el año 2008, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN- ejecutó la Minga Social y Comunitaria en la cual la exigieron el cumplimiento de los derechos humanos, rechazaron el Tratado de Libre Comercio y la legislación de despojo, además de exigir el derecho a una vida digna. La pretensión entonces fue concientizar a los colombianos acerca de la necesidad de pasar de ser un «país con dueños y sin pueblos a un país con pueblos y sin dueños». Sin embargo, los intentos de diálogo con el Gobierno no tuvieron resultado.

Según el Consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, Eliseo Ipia: “En 2008 se aplicó un remedio a un integrante del Ejército (detención por infiltración) y a raíz de ello esta persona demandó a los mayores ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el primer fallo salió a favor de la comunidad indígena al desarrollarse por vías de la jurisdicción especial indígena. El segundo, por parte de un tribunal ordinario que manifestó insuficiencia al afirmar que los indígenas no contaban con la capacidad de aplicar justicia. Desde ese momento culpan al líder Feliciano Valencia por el secuestro del soldado Chaparral. Tiempo después salió la sentencia en contra de Feliciano, afirmando que él fue la persona que hizo el secuestro del soldado, siendo inocente de las acusaciones que se le imputaban y condenado a 16 años de cárcel. Actualmente permanece en el centro de armonización Gualanday en el norte del Cauca, en el municipio de Los Tigres».

Por medio de la jurisdicción especial, la comunidad hizo un llamado al Gobierno para que levante los cargos contra  Feliciano. Se espera que el recurso llegue a la Corte Constitucional y se falle a favor de los indígenas, respondiendo a las disposiciones jurídicas de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, la consejera Luz Mila Campo, de la zona norte Cauca, explicó: “El propósito de la movilización es exigir el derecho a la libre expresión en defensa de los territorios, el respeto a las normas y leyes por parte del gobierno frente a las comunidades, incluso la no violencia contra la mujer. Rechazamos toda la represión que la Fuerza Pública ha ejercido contra los diferentes sectores sociales. Considero que la mesa de paz por parte del gobierno no se debe realizar si no hay inclusión social”. Y sentenció enfáticamente: “Nosotros estamos para defendernos y hacer valer lo que es nuestro”. El 25 de Noviembre, alrededor de 2000 indígenas marcharon para visibilizar las apuestas ya mencionadas y expresaron a su indignación por los asesinatos de Daniel Abril y Miller Berneo.  

Indígenas de diferentes sectores del Cauca, medios de comunicación alternativos y transeúntes participaron en la protesta social con la apuesta de exigir al Gobierno nacional el respeto a la autonomía,  la defensa de la jurisdicción indígena, el derecho a la movilización y la libertad inmediata del líder Feliciano Valencia para que así mismo sea exonerado  de cualquier tipo de acusación que atente en contra de su vida y/o integridad física, moral y psicológica.

“Hacemos un llamado a todos los ciudadanos para que nos unamos y hagamos valer nuestros derechos, no es cuestión de uno o dos es un asunto que nos compete a todos. No hay paz si no logramos comprender que la vida se manifiesta a través de la verdad, justicia y libertad”, agregaron.