29 nov. CI.- Durante el Cese al Fuego Bilateral y Temporal entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y el Gobierno, ha incrementado la violencia contra la población civil y los líderes y lideresas sociales. Este dato lo revela un informe elaborado por más de 75 organizaciones sociales sobre los primeros 50 días.

Los hechos que se analizan son los ocurridos entre el 1 de octubre y el 20 de noviembre de 2017, tiempo transcurrido de la tregua pactada. Durante este período se presentaron 299 víctimas individuales (de los cuales 45 son homicidios, 96 son personas heridas, 35 son víctimas de amenazas individuales y 25 colectivos amenazados).

Los departamentos que concentran la mayor parte de las agresiones son Nariño, Cauca, Caldas, Valle del Cauca, Antioquia y Chocó. Siendo las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes las más afectadas.

En el caso de la violencia contra líderes y lideresas sociales se registraron 64 agresiones (de las cuales son 18 homicidios, 28 amenazas, 9 heridos y 6 atentados). Esto ocurrió, principalmente, en los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó y Nariño.

En cuanto a los agresores, se afirma en la investigación que el Estado tiene la presunta responsabilidad en el 73% de las víctimas, autores desconocidos en el 17% de los casos, paramilitares en el 8% y el ELN en el 1%.

Aunque este informe reconoce los esfuerzos de las partes para avanzar hacia la solución política del conflicto, las organizaciones que lo realizaron ven con preocupación que en el período analizado se hayan presentado 299 víctimas individuales así como que se ha profundizado la violencia contra el movimiento social.

La investigación reconoce que se ha disminuido la intensidad del conflicto armado principalmente porque no se han presentado enfrentamientos armados entre las partes; sin embargo, el objetivo principal del Cese es “mejorar la situación humanitaria de la población”. Este no se ha logrado.

En el contexto actual hay cinco temas fundamentales a trabajar para que el movimiento social logre la Participación: a) Las violaciones al derecho a la vida y la integridad personal como violencia sociopolítica; b) La situación de los defensores y defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales; c) el tratamiento a la protesta social; d) Crisis en el sistema carcelario y afectaciones directas a vida e integridad de las personas privadas de la libertad; e) La continuidad del Paramilitarismo.

El informe presentado es un ejercicio de veeduría al Cese por parte de las organizaciones y procesos sociales, y revela las preocupaciones y dinámicas del movimiento social en los territorios.

Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional

Este Cese fue acordado del 1 de octubre de 2017 al 9 de enero de 2018. Actualmente, las partes se encuentra cerrando el Cuarto Ciclo de Diálogos en Quito, Ecuador, en donde se evalúa el desarrollo y cumplimiento de esta tregua y la posibilidad de su continuidad.

Es el primer Cese con carácter bilateral en la historia del enfrentamiento entre el ELN y el Estado. Además de contemplar los enfrentamientos militares entre las fuerzas armadas, abarca temas humanitarios y sociales como la protección de los líderes sociales, acciones humanitarias para la población carcelaria y garantías para el ejercicio de la protesta social.

Recientemente, en el marco de los diálogos, se desarrollaron las Audiencias Preparatorias donde diferentes expresiones de la sociedad dieron aportes para la Metodología de Participación de la Sociedad en la construcción de Paz.

Dicho ejercicio de Participación debe contar con las garantías para que se desarrolle adecuadamente, entre estas el derecho a la vida y la movilización. La continuidad del Cese con el cumplimiento de los Acuerdos Pactados resulta indispensable.

Este informe es insumo tanto para la Organización de Naciones Unidas, la Mesa de Negociación como para la sociedad colombiana y el Gobierno Nacional pues llama la atención sobre dinámicas complejas en el tránsito hacia la solución política al conflicto armado.

“Ante este panorama -afirma el informe- y reconociendo el esfuerzo invaluable en evitar confrontaciones armadas entre sí, sabemos que el cese al fuego y hostilidades pactado entre el ELN y el gobierno -el cual al responder al clamor, exigencia y reivindicaciones del movimiento social y de la sociedad en su conjunto-, puede tener un mayor impacto sí se fortalece su propósito primordial de mejorar la situación humanitaria de la población, ello incluye que las partes desarrollen el acuerdo desde una visión amplia y no restringida de los objetivos del CFBTN [Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional]. Así mismo que se modifique la doctrina represiva del Estado a la protesta social, se generen acciones concretas de lucha contra el paramilitarismo y se fortalezcan las políticas y compromisos del gobierno en materia de protección eficaz y garantías al movimiento social -incluyendo a los presos políticos- para el ejercicio de sus derechos”.

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