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Hidroituango, un análisis del desastre

16 may. CI.- Desde mediados de la década de 1960 el proyecto de la Hidroeléctrica de Pescadero Ituango tuvo sus primeros estudios en cuestión: la creación de un modelo de energía limpia para una región como Antioquia y en aquella época daba pie para la denominada “cultura emprendedora”.

En el año 1997 se crearía por parte de la Asamblea de Antioquia la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica de Pescadero S.A., que sería la base fundamental para la capitalización del proyecto. Sin embargo, no fue hasta el año 2010 en que esta empezaría su construcción en los municipios de Briceño, Ituango y Toledo con una altura de 220 metros, 70 kilómetros de largo y un aproximado de 2.720 millones de metros cúbicos de agua.

En el  2018, tras la construcción casi total de la obra y la oposición de los pobladores de la región organizados en el Movimiento Ríos Vivos de Antioquia, el proyecto está en harás de su finalización. A pesar del asesinato de cuatro lideres sociales representantes de este movimiento y más de 63 amenazas en torno a los miembros y sus familias se han cimentado las bases del proyecto del cual su principal inversor es Empresas Publicas de Medellín (EPM).

Y es que no es una disputa por terrenos del Estado o por no permitir el avance que pueda generar el proyecto según los estudios que se han hecho, sino la indolencia del Gobierno Nacional que a pesar de las exigencias tanto de los pobladores como de organizaciones internacionales (Parlamento Europeo) son discriminados y no tenidos en cuenta, vulnerando sus derechos de manera arbitraria y apropiándose de sus tierras sin cumplir los parámetros establecidos para su compra.

La lideresa del Movimiento Social Ríos Vivos, Isabel Zuleta, ya había advertido a la comunidad y al Gobierno que uno de los momentos críticos sería el llenado del embalse pues si algún error ocurría o si el Río Cauca aumentaba su afluente por las lluvias, los pueblos aledaños al megaproyecto se enfrentarían a una calamidad pública.

Estudios del Instituto Humboldt también advirtieron sobre la perdida de especies de la flora y de la fauna, pues el bosque seco tropical es uno de los biomas que durante los últimos años se han perdido en todo el territorio nacional.

En Colombia estos ecosistemas tienen una diversidad única de casi 2.600 especies de plantas (83 endémicas), 230 especies de aves (33 endémicas) y 60 especies de mamíferos (3 endémicos). Un estudio sobre la biodiversidad en el área de influencia de Hidroituango, publicado el año pasado, se señala la existencia de una gran cantidad de especies de fauna en el Río Cauca que se podrían ver afectadas con la puesta en operación de la Hidroeléctrica. Se identificaron, por ejemplo, ocho especies de peces que cumplen características de importancia para la región y que deberían ser protegidas.

La forma de sustento de los pobladores se ha venido afectando (como el barequeo y la pesca). Desde la segunda semana de mayo se han presentado los desastres de la construcción del megaproyecto que pretende abastecer la demanda energética del 17% del país. Tras el llenado del embalse, los desastres ambientales que ocurrieron en el Cañón del Cauca (punto exacto de la construcción) empezaron por el taponamiento de los túneles, por un derrumbe consecuencia de una falla geológica de la cual EPM ya tenía conocimiento y, sin embargo, procedió. “EPM no pretende respetar la integridad de los pobladores de la región y trata de ocultar la realidad y de minimizar el conocimiento que le han brindado las comunidades”, afirma Isabel Zuleta.

La Gobernación de Antioquia, en su papel de veedora, declaró el Estado de Calamidad Pública pues el destaponamiento de los túneles inundados a causa del derrumbe y tras la creciente del Río Cauca, llevó a evacuar a más de 600 personas (110 familias resultaron afectadas). El acontecimiento destruyó 22 casas, el centro de salud y dos puentes.

El Estado de Calamidad se declara cuando ocurren eventos naturales que causan daños, pérdidas materiales, económicas o ambientales, generando una alteración grave y extendida en un territorio, según la Ley 1523 de 2012. Esta ley permite la ejecución de acciones pertinentes en respuesta a la emergencia y la apropiación de recursos. Todas las entidades de prevención de desastres, alcaldes, fuerza estatal, corporaciones autónomas, Cruz Roja y el Departamento Administrativo para la Prevención y Atención de Desastres de Antioquia -Dapard- en conjunto deben presentar un plan de contingencia para la atención oportuna e integral de las comunidades.

Otras voces que se escuchan más allá de la crisis por la que pasa el proyecto y el desastre ambiental que este ha ocasionado. Son de las comunidades aledañas que han solicitado de manera inmediata que se detenga el llenado del embalse pues se pretender evaluar de manera profunda el terreno para verificar sin en la zona se encuentran restos de cuerpos de personas que fueron víctimas del conflicto armado que ha azotado a esta región.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- pidió al Gobierno Nacional generar un diálogo directo con los pobladores de la zona para llegar a un acuerdo respecto a un tema que ha pasado a un segundo plano por los medios pero que -sin embargo- tiene un nivel de importancia muy alto. Según datos la Fiscalía habría exhumado mas de 159 cadáveres desde el año 2017 hasta el presente en el área del megaproyecto.

Por último el Movimiento Ríos Vivos está exigiendo a las autoridades de Antioquia que se atienda de manera puntual la complejidad del contexto social del Bajo Cauca y las regiones que lo rodean, así que tomaron la iniciativa de enviar solicitudes a otras entidades del Gobierno: al Ministerio del Interior le pidieron que atienda su llamado para poner en marcha el plan de protección del movimiento; a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- le exigieron que se pronuncie sobre la visita técnica de emergencia realizada al proyecto Hidroituango tras la obstrucción de los túneles generados por el proyecto mismo; a la Procuraduría le solicitaron que investigue de inmediato la actuación de funcionarios e instituciones -Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Valdivia, ANLA, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, etc- que han incumplido sistemáticamente acuerdos con Ríos Vivos Antioquia (que si se les hubiera dado tramite respectivo se habrían evitado las catástrofes que azotan la región).

Estas catástrofes medioambientales se han presentado de forma sistemática en distintas regiones del territorio nacional. Lo cual deja entrever el cuestionable manejo que se da tanto a las licencias de construcción como a los estudios que se llevan a cabo antes de empezar los proyectos que deberían ayudar a la comunidad y resultan únicamente en la afectación de las regiones y sus pobladores.

CI SC/CC/16/05/18/12:10

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